Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

El último 4 de junio se realizó en Santa Fe (Rosario) — también en Mendoza y Catamarca— una audiencia del Juicio Ético Popular a los Ecocidas. La actividad forma parte de un proceso que se viene construyendo desde marzo de 2022 y busca escuchar a las y los actores afectados, directa e indirectamente, por el modelo de producción, distribución y consumo del sistema vigente. La denuncia es no solo hacia la violación de los derechos humanos, sino también a los derechos de la naturaleza y su asimétrico impacto en los territorios y poblaciones del sistema-mundo.

Los indígenas Ka'apor necesitan atención global a su problema: su territorio, el Alto Turiaçu, es una selva tropical que está siendo saqueada por madereros, especuladores de tierras y buscadores de oro. La resistencia Ka'apor tiene por respuesta amenazas, ataques e incluso algunos de sus miembros han sido asesinados. Firma la petición.

En 2019 fueron asesinados 212 defensores del territorio, la mayoría, miembros de poblaciones indígenas. La Casa de las Defensoras de Basoa, en Euskadi, es un espacio que ofrece asilo a aquellas personas a las que no les queda otra opción que exiliarse de su tierra.

Con un profundo dolor, el 14 de marzo nos tocó despedir a Carlos A. Vicente. Queridísimo compañero y fundador de Acción por la Biodiversidad, integrante indispensable de la Alianza Biodiversidad, la organización internacional GRAIN, la Plataforma Socioambiental y la Red Nacional de Acción Ecologista, Carlos militó y luchó por más de veinte años por un mundo más justo, donde las semillas y la alimentación digna para las comunidades sean un derecho garantizado, donde la convivencia y el respeto por la diversidad cultural y la autodeterminación de los pueblos sean moneda corriente.

El objetivo fundamental de esta declaración política es amplificar el contenido de lo que estas voces plantean desde sus experiencias de resistencia y defensa ecoterritorial, estrategias, necesidades, alternativas que han construido; así como sus sueños y aspiraciones de vida, hoy usurpadas por el discurso desarrollista y de pretensiones de un maldesarrollo encubierto de bienestar.

Organizaciones sociales, políticas y territoriales realizaron la Audiencia del Juicio Ético y Popular a los Ecocidas, un proceso para enjuiciar a los diversos actores que tienen responsabilidad en la expansión del modelo extractivista, de despojo y muerte.

En Guatemala, es continua y sistemática la violación de los derechos humanos y el hostigamiento a defensoras y defensores de derechos, del medio ambiente o la simple defensa de la vida y los territorios de los pueblos. Tal es el caso de la compañera María Magdalena Cuc Choc, mujer q’eqhi del municipio de El Estor, detenida arbitrariamente el 19 de enero de 2018 en Puerto Barrios por la Policía Nacional Civil, acusada injustamente con otros líderes por la “presunta comisión de los delitos de Usurpación Agravada, Amenazas y Detención Ilegal”. Todo esto basado en la acusación que hizo Lisbal Sociedad Anónima contra la comunidad Chabil’ Ch’och. Lisbal aseguró que algunos integrantes de la comunidad habían invadido la propiedad de la compañía. Y toda la persecución se activó sin respiro.

El modelo productivo, que desde 1996 se basa en la siembra de semillas transgénicas y el uso de agrotóxicos, genera consecuencias sobre los cuerpos de las personas y los territorios. “No son recursos naturales, son bienes comunes”, enfatizaron desde la movilización que llevó a unas 3 mil personas hasta el Monumento a la Bandera de Rosario.