Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

La reciente matanza de indígenas amazónicos llevada a cabo el día 5 de junio pasado por el Estado peruano confirma que en América Latina los estados nacionales mantienen una guerra contra los pueblos indígenas que habitan sus territorios. ¿Cuándo comenzó esta guerra?

Solidaridad con las luchas de Andahuaylas y Sicuani, camino al Paro Nacional del 7, 8 y 9 de julio. Alto a la criminalización de las protestas sociales: amnistía para todos los líderes procesados. Declaración sobre derechos de los pueblos indígenas de la ONU debe ser adoptada como Ley Nacional. CAOI presenta hoy demandas y propuestas de las organizaciones indígenas peruanas a relator especial de la ONU.

Los 34 fallecidos, 158 heridos de bala, decenas de presos y desaparecidos que faltan identificar de la masacre de Bagua, expresan el ingreso a una fase dictatorial en el Perú.

Los antecedentes son conocidos. Aprovechando facultades legislativas otorgadas por el Congreso, el Ejecutivo se despachó con una centena de decretos de diverso corte y que por cierto van mucho más allá del objetivo de la delegación recibida, que era adecuar ciertas normas nacionales para poder implementar mejor el Tratado de Libre Comercio, suscrito por el Perú con los Estados Unidos.

Solidaridad internacional con los pueblos indígenas amazónicos del Perú se multiplica minuto a minuto… la movilización global debe continuar.

Los 34 fallecidos, 158 heridos de bala, decenas de presos y desaparecidos que faltan identificar de la masacre de Bagua, entre policías, baguinos y Awajun Wampis, expresan no solo el ingreso a una fase dictatorial en el Perú, sino también la agravación de un antiguo proceso de etnocidio permitido y promovido desde el Estado.

"Claro caso de persecusción política contra el movimiento indígena del Gobierno Colombiano que sirve, para vengarse de un pueblo que se levantó pacíficamente para que podamos tejer nuestra propia agenda en libertad. Mientras en Perú están asesinando a quienes se movilizaron contra el TLC. Es la misma lucha, son los mismos regímenes y solamente la unidad en resistencia hará libres a nuestros pueblos".

Luego de aprobarse en el Congreso de la República la “suspensión” de los decretos legislativos 1064 y 1090, el Congresista aprista Jorge del Castillo Gálvez, acusó ayer a las organizaciones indígenas, específicamente a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, y la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, de “antimodernos, cobardes y violentistas”, de llamar a la rebelión e incluso a la masacre de policías. Y dijo que derogar los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos sería “entregarle un triunfo a la violencia, el asesinato y la subversión”.