Colombia: desalojo forzoso de familias campesinas, Bolívar

Llamada para Acción:

En este momento las familias se encuentran desprotegidas y privadas de su acceso a medios de subsistencia. El desalojo forzoso y la falta de acceso seguro a tierras constituyen violaciones al derecho a la alimentación de estas familias. Envíe por favor cartas al Presidente de la República solicitando que garantice el retorno inmediato de las familias al predio que están reclamando, así como indemnización por los daños sufridos y asistencia inmediata. Envíe copia de sus cartas a la Defensoría del Pueblo y a la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB) y al Equipo Jurídico de Tierras del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.

Antecedentes:

En vista de la necesidad de medios de vida, familias campesinas que posteriormente se constituyeron en la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB) entraron a ocupar en 1997 el predio conocido como Las Pavas. Las tierras habían dejado de ser usadas desde 1992 y eran propiedad de Jesús Emilio Escobar Fernández.

Las familias ejercieron actos de posesión pacífica y explotación agrícola de las tierras hasta que en el año 2003 hombres del Bloque Central Bolívar llegaron a la región amenazando a la población, asesinando, desapareciendo forzadamente, quemando viviendas y sacrificando animales. Ante la ausencia de protección del Estado, estos hechos intimidatorios forzaron a las familias a salir de las tierras. Las familias se vieron obligadas a deambular errantes entre 2004 y 2006. Careciendo de otras alternativas laborales de subsistencia y a pesar del temor generalizado en la región, las familias decidieron retomar paulatinamente la ocupación del predio y de esta manera continuar con su explotación agrícola, bajo riesgo propio y sin garantías.

ASOCAB inició en el 2006 trámites ante el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) solicitando de conformidad a lo establecido en el artículo 52 de la Ley 160 de 1994, se declarase la Extinción de Dominio sobre una extensión de tierra de 1.235,5 hectáreas, toda vez que las mismas se encontraban abandonadas e inexplotadas por parte de su propietario. Funcionarios del INCODER realizaron inspecciones en junio de 2006 y verificaron la explotación económica, regular y estable ejercida por parte de ASOCAB.

A finales de ese mismo año y conociendo los trámites iniciados por los campesinos, el propietario de las tierras irrumpió en el predio con hombres armados, amenazando a las familias de muerte sino desocupaban las tierras; a los pocos días de proferir estas amenazas, los paramilitares del Bloque Central Bolivar quemaron viviendas de las familias, mataron animales que tenían en sus fincas y forzaron una vez más a las familias al desplazamiento.

Luego de lograr su cometido, el Sr. Escobar Fernández vendió en marzo de 2007 los predios en cuestión a las empresas C.I. Tequendama S.A y Aportes San Isidro S.A. Ambas empresas están dedicadas al cultivo de palma aceitera en la región y están afiliadas a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite de Colombia (Fedepalma). C.I. Tequendama es parte del Grupo Agroindustrial Daabon Organic que produce y exporta productos agrícolas como café, banano, azúcar y aceite de palma a Japón, Corea, el Reino Unido, Alemania, Bélgica y Estados Unidos, entre otros países.

Con base en estas inspecciones, la Unidad Nacional de Tierras -UNAT, mediante la Resolución 1473 del 11 de noviembre de 2008, decide iniciar las diligencias administrativas tendientes a declarar o no extinguido, en todo o en parte, el derecho de dominio privado sobre los predios rurales denominados Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere. Teniendo en cuenta esta situación y esperanzados en las actuaciones del Estado, las 123 familias decidieron retornar al predio.

En enero de 2009, las empresas C.I. Tequendama S.A y a Aportes San Isidro S.A., iniciaron una querella para solicitar una acción policiva de desalojo en contra de las familias y a favor de la posesión por ellos detentada. La Inspección de Policía de la Alcaldía de El Peñón, en su resolución No. 003 proferida el 25 de febrero de 2009 comunicó a las familias de ASOCAB cesar la ocupación de hecho que, supuestamente, jamás existió y ordenó el desalojo. Las abogadas de ASOCAB interpusieron una acción de tutela en contra de esta resolución y lograron detener en un primer momento el desalojo. Las empresas apelaron la decisión del juez que concedió la tutela de manera que el desalojo forzoso se hizo efectivo el 14 de julio del 2009. La orden de desalojo fue dada de manera irregular ya que la ley colombiana (artículo 5, decreto 747 de 1992) prohíbe que se ordene desalojo de campesinos/as en predios que son objeto de procedimientos administrativos de extinción de dominio. En este momento, las familias se encuentran despojadas de sus fuentes de sustento y recibiendo ayuda humanitaria esporádica. Las abogadas de ASOCAB buscan revocar la decisión de los tribunales que dieron vía libre al desalojo.

Mandato de la Red de Emergencia:

Colombia es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, toda autoridad del Estado tiene que respetar, proteger y garantizar estos derechos a toda su población. El desalojo forzoso sufrido por estas familias es una violación al derecho a la alimentación y a la vivienda adecuadas. El Estado Colombiano también ha infringido su obligación de protección, por cuanto no adoptó las medidas adecuadas para proteger a las víctimas de las acciones adelantadas por terceros para desplazar de la hacienda a las familias. Las víctimas han informado que hay constancia de que el abogado de las empresas querellantes fue quién prácticamente dirigió el desalojo. En la medida en que el Estado no ha adoptado las medidas para asegurar definitivamente el acceso y la tenencia segura de estas familias a tierras que les permitan alimentarse, el Estado está incumpliendo su obligación de facilitar el derecho a la alimentación.

Red de Emergencía Acción Urgente 0913ACOL

Carta en Idioma Original

Excelentísimo Señor Presidente,

he recibido noticias de que el pasado 14 de julio 120 familias asentadas en el predio rural conocido como Las Pavas, ubicado en el corregimiento de Buenos Aires, jurisdicción del municipio de El Peñón, al sur del departamento de Bolívar, fueron desalojadas forzosamente. Miembros de la Policía Nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios, incursionaron en la comunidad, destruyeron 7 viviendas de las familias campesinas, saquearon sus enseres, y procedieron a desalojar a las familias, entre las cuales se encontraban aproximádamente 100 niños/as.

Estas familias campesinas que conforman la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (ASOCAB) entraron a ocupar en 1997 la finca Las Pavas cuyas tierras se encontraban abandonadas desde 1992. Las familias ejercieron actos de posesión pacífica y explotación agrícola de las tierras desde entonces. La posesión pacífica de las tierras por parte de estas familias se vió interrumpida varias veces debido a acciones intimidatorias y desplazamiento forzado causado por grupos paramilitares. ASOCAB inició en el 2006 trámites ante la oficina Regional del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) solicitando que se declarase la Extinción de Dominio sobre una extensión de tierra aproximada de 1.235,5 hectáreas, toda vez que las mismas se encontraban abandonadas e inexplotadas por parte de su propietario. La Unidad Nacional de Tierras -UNAT, mediante la Resolución 1473 del 11 de Noviembre de 2008, decide iniciar las diligencias administrativas tendientes a declarar o no extinguido, en todo o en parte, el derecho de dominio privado sobre los predios rurales denominados Las Pavas, Peñaloza y Si Dios Quiere.

Al mismo tiempo que se hacían estos trámites, el propietario del predio vendió las tierras en cuestión, en 2007 a las empresas C.I. Tequendama S.A y Aportes San Isidro S.A. En enero de 2009, estas empresas iniciaron una querella para solicitar una acción policiva de desalojo en contra de las familias y a favor de la posesión por ellos detentada. El desalojo forzoso se hizo efectivo el 14 de julio del 2009.

Colombia es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El desalojo forzoso sufrido por estas familias es una violación al derecho a la alimentación y a la vivienda adecuadas. El Estado Colombiano también ha infringido su obligación de protección, por cuanto no adoptó las medidas adecuadas para proteger a las víctimas de las acciones adelantadas por terceros para desplazar de la hacienda a las familias. En la medida en que el Estado no ha adoptado las medidas para asegurar definitivamente el acceso y la tenencia segura de estas familias a tierras que les permitan alimentarse, el Estado está incumpliendo su obligación de facilitar el derecho a la alimentación.

Como persona que trabaja a nivel internacional por el derecho humano a alimentarse, quisiera solicitar que tome todas las medidas necesarias para:
Garantizar que las familias puedan retornar a las tierras en disputa, hasta que se defina el proceso judicial pendiente, adoptando las medidas necesarias ante las autoridades correspondientes.

" Agilizar los trámites correspondientes a la extinción de dominio sobre el predio Las Pavas que se encuentran en curso; y garantizar a través de éstas u otras tierras el acceso de las familias a tierras para cultivo.

" Indemnizar a las familias por la destrucción de sus viviendas y por los daños causados por los miembros de la fuerza pública durante el desalojo.
" Brindar asistencia inmediata a las familias desalojadas, especialmente a los/as niños/as, las mujeres embarazadas y los/as adultos/as mayores.

Atentamente,

Destinatarios
Dr. Álvaro Uribe Vélez
President of the Republic of Colombia( oc.vog.aicnediserp@adavirp.airaterces )
Ombudsman of Colombia
( oc.gro.airosnefed@airosnefed )
ASOCAB
( moc.liamtoh@9002bacosA )

Fuente: FIAN