Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

En abril de 1995, José Ángel Gurría, entonces secretario de Relaciones Exteriores, declaró que el zapatismo era una guerra de tinta e Internet. Ahora, 14 años después, son los gobiernos federal y de Chiapas los que han lanzado una gran ofensiva de de-sinformación en contra de los rebeldes, los grupos defensores de derechos humanos y los movimientos sociales disidentes en ese estado.

Mentras se llevaba a cabo la caravana del triunfo de la resistencia, entre las cinco y seis de la tarde, fue nuevamente asaltada, “de forma violenta” la oficina de la organización social Vía Campesina, que preside el dirigente del Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de estado, Rafael Alegría.

Repudiamos categóricamente el asesinato del compañero Mariano Abarca, luchador popular que durante años encabezó el rechazo al proyecto minero de la empresa canadiense Blackfire y miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA)/Chiapas.

Veinte años después de la construcción de la presa Cerro del Oro, las consecuencias para los 26 mil campesinos afectados han sido devastadoras. Las autoridades criminalizan a quienes siguen reivindicando sus derechos. Juan Zamora y Porfirio Méndez, veteranos luchadores sociales, indígenas chinantecos y representantes de los desalojados de 55 comunidades chinantecas, han sido denunciados injustamente. Firme hoy mismo una carta para se desista de una acción penal contra ellos.

"La Via Campesina está presente en Ginebra para defender la soberanía alimentaria así como los derechos de los campesinos. Es por esta misma razoń que el gobierno federal les denega el derecho de aceso en Suiza. Pedimos a las autoridades federales el imediato levantamiento de esta denegación de entrada para que nuestros colegas puedan reunirse con nosotros."

"Mariano Abarca Roblero, miembro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) mantuvo una lucha constante contra la trasnacional minera canadiense que en el municipio de Chicomuselo tiene asentado sus principales intereses con la explotación de la barita, oro y antimonio por medio de 10 concesiones mineras."

Documento final del Foro Regional en Patagonia, Argentina. En este contexto represivo y criminalizador de las luchas sociales, producto del crecimiento de las resistencias frente a las políticas de saqueo y destrucción que profundizan la exclusión y la precarización de la vida... este foro se convirtió en un espacio de denuncia de los casos de judicialización y criminalización que se vienen dando en la Patagonia.

Las 40 familias del pueblo originario Naso que resisten el embate policial en las comunidades de San San Drui y San San (Bocas del Toro, Panamá) recuperaron ayer domingo posiciones y levantaron tres ranchos en el terreno en disputa con la empresa Ganadera Bocas y del que han sido desalojados violentamente en dos ocasiones este año (el pasado jueves 19 de noviembre y el 30 de marzo).