México: Criminalizados por levantar la voz contra la presa Cerro de Oro

Hasta el momento en el que se emitió el decreto presidencial que formalizó la construcción de la obra, los afectados no habían sido informados ni consultados. La construcción de la presa Cerro de Oro comenzó en 1974 y concluyó a causa de varias interrupciones en 1989. La obra formaba parte de un plan más amplio y su fin era represar los ríos Santo Domingo, San Juan Evangelista y Tesechoacan en el Estado de Oaxaca.

Las selvas de Uxpanapa (Veracruz), Chimalapas (Oaxaca) y el Ocote (Chiapas) forman en conjunto la gran selva Zoque (Olmeca). Los afectados han sufrido un proceso de empobrecimiento, agravado por la falta de la debida indemnización. Pese a su oposición, fueron desalojados perdiendo viviendas y tierras altamente fértiles donde producían maíz, frijol, chile, ajonjolí, tabaco, arroz, camote. Las tierras que les fueron entregadas en sustitución de las expropiadas para la construcción de la presa son de menor extensión y peor calidad agrícola que las que poseían. Las viviendas en las que fueron reubicados en varios municipios de Oaxaca y Veracruz son de menor tamaño y calidad, y en asentamientos carentes de servicios básicos. La cultura chinanteca resultó prácticamente destruida la reubicación que favoreció la desintegración comunitaria, la transformación de los medios de subsistencia, la pérdida de las prácticas agrícolas milenarias, de sistemas de parentesco, de la lengua.

Uno de los grupos más numerosos se ubicó en 25 núcleos agrarios en el Valle de Uxpanapa. El gobierno se comprometió ( Decreto Presidencial, 4 de abril 1978) a dotarles de tierras, construir caminos e infraestructura urbana en los poblados, pagar indemnizaciones territoriales, bienes comunales y parcela escolar. Ninguno de estos compromisos fue cumplido. Algunas personas recibieron un mísero pago para algunos objetos personales, árboles frutales y animales pero nada de lo prometido. De las 260 mil hectáreas concedidas a los reubicados en Uxpanapa, el 90% no son aptas para la producción agrícola que los pobladores desarrollaban en el lugar de origen, pudiendo solo emplearse para la cría de ganado. En el 10% restante cultivan hule, palma, cítricos y maíz, con rendimientos muy inferiores a los que obtenían en el lugar de origen.

Las obras de infraestructura urbana han quedado hasta hoy a medias. Todavía no existe una red de drenaje; la red de agua potable es muy reducida, llegando sólo a pocas viviendas; el suministro eléctrico es irregular; los poblados carecen de banquetas, oficina de correos, zonas de esparcimiento. Las viviendas no fueron construidas siguiendo el modelo de vivienda tradicional ni se adecuan a las necesidades de sus pobladores. Ubicadas en lotes de 40×40 m, tienen tamaños de 10×10 m o menores, donde viven entre 6 y 8 personas.

Juan Zamora González y Porfirio Méndez Martínez fueron afectadas personalmente por la presa Cerro de Oro y reubicados en el Valle de Uxpanapa (Estado de Veracruz). Son respectivamente Presidente del Consejo de Administración y Secretario de la Unión de Ejidos de Producción y Comercialización Agropecuaria “José López Portillo”. Los 25 núcleos agrarios en los que viven los afectados por la presa pertenecen a esta Unión.

Desde el inicio de las obras hasta el día de hoy, continúan demandando la debida indemnización y defienden los derechos de los reubicados. Junto a otros afectados, han llevado a cabo múltiples acciones para solicitar justicia sin obtener ningún resultado. Entre otras medidas, en septiembre de 2005 presentaron una demanda (causa 566/05) ante el Tribunal Unitario Agrario (TUA) de San Andrés Tuxtla, Veracruz, para obtener la indemnización (3,500 millones de pesos, alrededor de 190 mil euros) y obras comprometidas en la resolución presidencial del 4 de abril de 1978. La sentencia fue leída en junio 2009 ante aproximadamente 400 personas afectadas. Sorpresivamente, el Tribunal resolvió que los actores carecen de legitimación procesal para promover el juicio.

En la carta que encuentran en el recuadro blanco pueden conocer los acontecimientos que se desencadenaron a continuación. Para apoyar a ambos líderes campesinos, por favor, firmen la carta completando el formulario que encuentran más abajo con sus datos, que se envía automáticamente a las autoridades al cliquear “enviar”.

Salva la Selva se une al Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC), Coalición de Organizaciones Mexicanas para el Derecho al Agua (COMDA), Otros Mundos AC, Centro Legal de Defensores del Ambiente (EDLC) e International Rivers para denunciar la criminalización de la cual están siendo víctimas dos representantes de los afectados por la presa.

Para firmar la carta, complete con sus datos el formulario que se encuentra aquí (al pie)