Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

"Mi nombre es Samir Flores Soberanes, esta es la comunidad de Amilcingo, municipio de Temoac, Morelos. Soy campesino orgullosamente. ¿Qué es lo que me gusta de mi pueblo? De mi pueblo me gusta todo, sus barrancas, el ejido, el campo donde cultivamos, la gente con la que me topo a diario, mis vecinos, la comida de la región, me gusta todo".

Derechos colectivos de al menos 585 comunidades en Perú son amenazados y afectados por proyectos extractivos y de infraestructura. La mayor parte de estas comunidades están ubicadas en los departamentos de Loreto, Ucayali y Amazonas.

Los proyectos hidroeléctricos son los que afectan a más comunidades indígenas en Guatemala, revela un estudio de la plataforma digital Derechos Colectivos Vulnerados. 

"La llegada de la emergencia sanitaria producida por la pandemia del COVID-19, ha venido a crear condiciones más desfavorables para nuestras defensoras y defensores de la tierra y el territorio, debido a que la creación de decretos de emergencia y aislamiento de la sociedad, aunado al control policial y militar de la sociedad ha venido a aumentar la criminalización de la lucha por el acceso a la tierra y a violentar los DDHH de nuestros compañeros y compañeras campesinas".

La especialista en garantías fundamentales indica que el Gobierno del país centroamericano ha de “garantizar un entorno seguro y favorable” para las personas que defienden el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas.

Urge investigación y alto a la interferencia empresarial a nivel local ante el ataque armado y amenazas en contra de miembros de la resistencia pacífica contra el proyecto minero Escobal en Guatemala.

Organizaciones, comunidades y colectivos abajo firmantes, hemos recibido con indignación la noticia del asesinato del defensor comunitario Fidel Heras Cruz, quien se desempeñaba como Comisariado de Bienes Ejidales del Ejido de Paso de la Reyna. Dicho crimen aconteció el sábado 23 de enero del presente año.

"La economía capitalista se basa en la opresión estructuralmente racista y violenta de los trabajadores, las mujeres, los campesinos y las poblaciones que dependen de los bosques en el Sur global. Sin embargo, la mayoría de los tribunales y discursos dominantes perciben esta opresión (y los opresores) como legítima o no criminal o no delictiva. Un artículo de este boletín expone cómo la violencia y el abuso contra las mujeres es parte integral del modelo de plantaciones industriales y está en la base de cómo las empresas generan sus ganancias. Este abuso permanece en gran parte invisible para los consumidores e inversores, dejando a los perpetradores cometer sus crímenes sin consecuencias y manteniendo intacto el violento modelo de plantación colonial".