Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Fim de ano triste. Desemprego crescente, quase 200 mil mortos pela covid. Ausência de leitos, vacinas, seringas, agulhas e empregos. Fim do auxílio emergencial para milhões que afundam no mapa da fome. Articulações golpistas que garantem um presidente da Câmara Federal bolsonarista, enquanto o vampiro sai do esquife e o marreco enrica nos USA.

Información fue revelada por la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, herramienta de libre acceso que recogió y analizó datos sobre el impacto de proyectos en seis países de Latinoamérica.

"Desde la CLOC- Vía Campesina brindamos toda nuestra solidaridad al CNA-Colombia y manifestamos nuestro más profundo rechazo a las acciones de criminalización del movimiento social y popular colombiano, así mismo exigimos a autoridades encargadas de proteger los derechos que estén atentas a estos hechos, e instamos a los organismos de derechos humanos y organizaciones populares a mantenerse atentos y alertas ante la crítica situación de derechos humanos que están afrontando nuestros movimientos campesinos a nivel internacional".

El 24 de noviembre se cumplieron 4 años desde el día en que el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) firmaron un Acuerdo para dar al fin al conflicto armado más antiguo de América Latina. La esperanza que ese evento suscitó en el pueblo colombiano y en el mundo entero se ha desvanecido con el trascurrir de estos años. El escenario del posacuerdo se ha caracterizado no sólo por el descarado incumplimiento del Estado frente a los compromisos asumidos en La Habana sino también, y principalmente, por un amargo recrudecimiento de la violencia a nivel nacional, la cual sufren principalmente las comunidades rurales que habitan en los rincones olvidados del país.

La madrugada del 23 de noviembre, 300 elementos de la Guardia Nacional se presentaron en el plantón zapatista de Apatlaco, ubicado a ambos lados del río Cuautla en el estado de Morelos, para desalojar al campamento que se encontraba resguardando el territorio. Los elementos colocaron vallas metálicas para impedir que las personas defensoras de derechos humanos que se encontraban ahí para proteger su territorio pudieran volver a instalar el campamento. Posteriormente la Guardia Nacional permitió la entrada de maquinaria para reiniciar las obras de construcción que vulnera los derechos al agua, a la libre determinación, a la tierra y al territorio y a la vida de diversas comunidades particularmente, las de los ejidos de Ayala, Morelos.

La comunidad menonita en el estado enfrenta sus propios lastres mientras las autoridades se muestran renuentes en la mayoría de los casos en atender los robos, despojo de bienes y cosechas y acaparamiento de tierras que cometen menonitas en contra de otros menonitas cada vez con mayor frecuencia, incluso con ayuda del crimen organizado.

Cerca de cumplirse un aniversario más de la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC y el Estado Colombiano, las cifras de asesinatos, persecución a lideresas y líderes sociales en Colombia son alarmantes, incluso en medio de la pandemia del COVID 19 que enfrenta el mundo, estas acciones de guerra no paran.

La Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO denuncia ante la comunidad Nacional e Internacional, la grave situación de derechos humanos contra nuestra organización.