Perú es el país con más comunidades afectadas por proyectos

El Perú es el país con mayor número de comunidades indígenas o campesinas afectadas por proyectos extractivos y de infraestructura.

Así lo revelan los datos de la plataforma  Derechos Colectivos Vulnerados, una herramienta didáctica de libre acceso que muestra el impacto multidimensional de 19 proyectos en 585 comunidades en Perú.

A través de un mapa interactivo, la plataforma ofrece un resumen de cada proyecto e información sobre la industria, las comunidades afectadas, las violaciones a derechos colectivos y los impactos ambientales y sociales.

Así, la plataforma que recogió y analizó información en los últimos tres años sobre seis países de Latinoamérica, presenta una serie de hallazgos importantes a fin de que las comunidades puedan contrarrestar la criminalización y revertir sus derechos.

Valiosos hallazgos

Al ingresar a la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, el lector encontrará datos claros y resumidos sobre el impacto de los proyectos en las comunidades de Perú.

Así, por ejemplo, conocerá el tipo de industria que afecta a las 585 comunidades: infraestructura (425), minería (94), gas o petróleo (62), agroindustria (3) y extracción de madera (1).

También verá que, de acuerdo al número de proyectos, los derechos violados comúnmente en conflictos en Perú son el derecho al dominio colectivo sobre el territorio y el derecho a un medio ambiente sano, ambos registrados en 9 proyectos.

Otros derechos vulnerados son el derecho al consentimiento libre, previo e informado (8); el derecho a la defensa de la tierra ancestral (6); y el derecho a la vida (6).

Así como los derechos a la libertad de expresión (5); al acceso al agua (4); a la libertad de reunión y asociación (4); y a la integridad física y moral (2).

La plataforma también advierte que en 5 casos los defensores fueron criminalizados, lo cual representa el 26.3% de los 19 casos registrados en Perú

En ese sentido, señala que los ataques más frecuentemente sufridos por los defensores fueron el acoso judicial y la agresión física, cada uno de los cuales se produjo en el 21,1% de los casos documentados.

Más adelante, revela que los impactos ambientales más frecuentes fueron la contaminación del agua y aire, en el 84.2% y 57.9% de los casos.

Mientras que, en el caso de los impactos sociales, los más frecuentes fueron la alteración de la disponibilidad de agua (52% de los casos) y la alteración de los medios de vida tradicionales (47% de los casos).

Por otro lado, identifica que más de la mitad de las empresas involucradas en estos conflictos, tuvieron origen extranjero (Australia, Canadá, China, México, Suiza y Estados Unidos), afectando al 90% de comunidades registradas.

Proyectos sistematizados

La plataforma presenta con mayor detalle tres casos emblemáticos en la vulneración de derechos a comunidades en Perú: Las Bambas (Apurímac), el Oleoducto Norperuano (Loreto) y la Hidrovía Amazónica (Amazonía).

En el caso de Las Bambas, el proyecto de cobre y molibdeno más grande del Perú, cuentan como la habilitación de una carretera para el traslado del mineral desató una ola de protestas vigentes hasta hoy.

Las modificaciones ejecutadas en 2016 no fueron socializadas con la población, que exige desde entonces que se atiendan sus reclamos por la utilización sin permiso de terrenos comunales para establecer la vía, la falta de consulta y los impactos generados.

En Loreto, señalan que el Oleoducto Norperuano —que transporta petróleo— ha generado un impacto económico, social, ambiental y de salud en las comunidades indígenas de la región, a partir de los constantes derrames.

Según los organismos supervisores ambientales, desde la creación del ducto hasta fines de 2019, se han registrado 94 derrames. Los dirigentes de los pueblos afectados piden la remediación a su territorio y a sus recursos.

El tercer caso es la Hidrovía Amazónica, un proyecto promovido por el gobierno que busca permitir la navegación de embarcaciones de mayor calado para facilitar el transporte de mercancías.

El problema con este proyecto a cargo de Cohidro, consorcio de intereses peruanos y chinos, es la falta de condiciones mínimas de consulta previa, según indican las organizaciones civiles y pueblos indígenas.

La preocupación mayor es por el dragado de los ríos donde se removería arsénico y níquel, así como también algunos residuos en zonas que fueron pasivos de petróleo.

No hay estudios suficientes que permitan saber cómo el dragado afectará la dinámica de los ríos, a los peces y otros ecosistemas relacionados.

Y, por ende, tampoco puede medirse cómo se afectaría la vida de las comunidades aledañas, en específico a su medio de subsistencia como la pesca y agricultura.

Así como los impactos que esto podría implicar para su salud, alimentación, cultura y toda la cosmovisión que los ríos representan.

Tras presentar estos casos emblemáticos, la plataforma ofrece un mapa interactivo de Perú donde cada lector puede explorar el resto de casos, seleccionando el proyecto según su interés.

Fuente: Servindi