Hidroeléctricas afectan a más comunidades en el país
Los proyectos hidroeléctricos son los que afectan a más comunidades indígenas en Guatemala, revela un estudio de la plataforma digital Derechos Colectivos Vulnerados.
La plataforma señala que 84 de las 100 comunidades impactadas por proyectos son afectadas por la construcción de plantas hidroeléctricas en sus territorios.
El estudio, realizado entre 2017 y 2019, puede revisarse a través de la plataforma impulsada por Rights and Resources Initiative (RRI) con el apoyo de Amazon Conservation Team (ACT).
Proyectos registrados
Guatemala registra en total 10 proyectos que impactan los territorios de comunidades indígenas de este país. De los 10 proyectos, 5 pertenecen al sector Infraestructura y 5 al de minería.
Pese a que ambas industrias registran la misma cantidad de proyectos, la infraestructura es por mucho la que más impacta, pues afecta a 84 de las 100 comunidades registradas por la plataforma.
Todos los proyectos de infraestructura registrados estuvieron relacionados con la producción de energía mediante plantas hidroeléctricas.
Estos proyectos son el Complejo Hidroeléctrico Renace, Energuate, Hidroeléctrica Oxec I y II, Hidroeléctrica Pojom I y II y San Andrés, e Hidroeléctrica Santa Rita.
Los proyectos, que pretenden o se han instalado sobre territorios indígenas, han sido cuestionados por el incumplimiento de las leyes ambientales y por violar el derecho de consulta de los pueblos indígenas afectados.
Sin embargo, siguieron avanzando en sus planes gracias al contubernio gubernamental.
Como resultado, se tienen a miles de indígenas afectados, como en el caso del complejo Hidroeléctrico Renace que afecta por sí solo la vida de casi 30.000 indígenas Q´eqchi´.
En el caso de la industria minera, se registran cuatro proyectos, los cuales afectaron en su conjunto a 16 comunidades y en los que se han reportado ataques a 16 individuos, incluido asesinatos.
Derechos atentados
Los conflictos documentados dan cuenta de que el derecho colectivo que más se vulneró fue el consentimiento libre, previo e informado, siendo registrado en el 80% de los casos.
Le sigue el derecho a la libertad de expresión de las comunidades, el cual fue vulnerado en 7 de los 10 proyectos.
Asimismo, la forma más común de ataque fueron las amenazas, presentes en el 60% de los casos, mientras que los asesinatos y la estigmatización se documentaron en la mitad de ellos.
En tanto, las comunidades afectadas que iniciaron reclamos sufrieron la criminalización de sus defensores, hecho registrado en el 50% de los casos.
De otro lado, se tiene que la deforestación y la contaminación de las aguas fueron los principales impactos ambientales, apareciendo en el 60% y 50 % de los casos, respectivamente.
Mientras que los impactos sociales que repercutieron en la mitad de los casos fueron los problemas de salud y la alteración de la disponibilidad de agua.
Fuente: Servindi