Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

Arde Chiapas. Los dueños de los paramilitares les soltaron la rienda y, envalentonados, hacen de las suyas. Atacan con armas de fuego a las comunidades rebeldes, se dan el lujo, como en Santa Martha, de exhibirse con armas y uniformes y desarmar agentes de la policía estatal preventiva.

Nos dirigimos a la honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos teniendo en cuenta que el Estado colombiano es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos y en su condición de Estado Parte acepta la competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en su jurisdicción interna.

Este martes continuaron los ataques con armas de fuego contra los indígenas desplazados por la violencia y contra comunidades del municipio de Aldama, en los Altos de Chiapas. Los disparos proceden de la comunidad de Santa Martha y otras localidades del municipio de Chenalhó.

David Castillo, era gerente general de la empresa DESA, empleado de la familia Atala Zablah, al momento del crimen de la defensora lenca Berta Cáceres. Castillo es el único acusado formalmente como autor intelectual del femicidio político de la coordinadora del COPINH, aunque la familia Cáceres ha presentado pruebas que señalan también a integrantes de la familia Atala Zablah en la autoría intelectual.

El 12 de agosto a las 9 de la mañana empezó el operativo de desalojo del proceso de Liberación de la Madre Tierra del pueblo Nasa de Corinto, Cauca. Aproximadamente 80 agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios -ESMAD- acompañados del Ejército y de trabajadores de los ingenios azucareros propietarios legales –que ya no dueños de estas aproximadamente 3.000 hectáreas de tierra en disputa- entraron a destrozar viviendas y cultivos que las comunidades habitan desde diciembre de 2014.

“Eles passaram por cima do meu café com trator. Passaram por cima do meu pomar. Queimaram minhas bananeiras. Elas estavam todas produzindo, com vários cachos de banana que eram pra nós, mas também pra vender. Passar lá e ver tudo destruído é muito difícil”. 

El pueblo Kukama Kukamiria que se puede traducir al castellano como “Chacra pequeña amamantada” son un pueblo pacífico, reconocidos en la Amazonia como grandes pescadores, aproximadamente suman 37 mil miembros reunidos en comunidades entre las cuencas del río Marañón, Tigre, Urituyacu y río Huallaga, donde un grupo de ellos convive desde hace décadas con lotes de explotación petrolera (Lote 95, Lote 8) superpuestos en sus territorios.  

"Desde hace varios meses los pueblos indígenas de diversas zonas del país, reclaman acciones concretas mínimas de protección frente al duro embate de la pandemia. Los esfuerzos realizados desde gobiernos regionales que han mostrado su debilidad e inoperancia, o desde un gobierno central que sigue viendo a los territorios indígenas como zonas de conquista económica, han resultado completamente insuficientes".