Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

• Durante los últimos diez años, el mayor número de asesinatos en contra de las personas defensoras del ambiente y el territorio ocurrieron en América Latina, región en donde, además, también se utiliza la violencia de la desaparición para silenciar a quienes defienden los bosques, ríos y la vida en un territorio.
• México, Colombia, Honduras, Brasil y Nicaragua son algunos de los países de Latinoamérica en donde la violencia de la desaparición se ha usado en contra de las personas defensoras de ambiente y territorio, señala Laura Furones, asesora de campañas para Global Witness, organización que desde 2012 documenta los ataques letales contra estos defensores.
• En entrevista con Mongabay Latam, Furones resalta que la criminalización de las personas defensoras es otra de las violencias que van en aumento. También, menciona que en Latinoamérica cada vez es más visible que la defensa ambiental se da en territorios controlados por grupos del narcotráfico.

La organización de derechos humanos viajó a Jujuy, entrevistó a más de cien personas y confirmó que, en el marco de la aprobación de la reforma constitucional, la policía de Gerardo Morales vulneró los derechos básicos de los manifestantes. Disparos a la cabeza, detenciones arbitrarias y procesos judiciales injustificados, entre otras acciones.

La Federación Nacional Campesina (FNC) se pronunció contra la represión de fuerzas del Estado en una ocupación en el barrio Che la Reina de Ciudad del Este, que derivó en la muerte de Olga Ayala Fernández por complicaciones en su estado de salud, y condenó la actitud clasista de los aparatos del Estado a la hora de tratar el tema de ocupaciones de tierra.

A seis años del asesinato del joven mapuche, el tribunal de Río Negro escuchó los testimonios de familiares, amigos e integrantes del Lof Lafken Winkul Mapu que estuvieron al momento de los disparos de los prefectos. En la séptima semana del juicio, ratificaron el accionar criminal de los efectivos y denunciaron la vulneración de derechos por parte del Estado.

Asunción, 1 de noviembre 2023 (BASE-IS) Las organizaciones componentes de la campaña ciudadana Pan Sin Veneno, que busca la derogación de la resolución por la cual se libera el Trigo Transgénico HB4, denunciaron hoy una serie de hechos de amedrentamientos contra los integrantes de la campaña. La denuncia fue acompañada por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY), las organizaciones exigieron el respeto a la libertad de expresión y la transparencia en el acceso a la información.

Este viernes se cumplieron cinco días del paro nacional indefinido con manifestaciones pacíficas en todo el territorio nacional y con más 75 puntos tomados.

La convocatoria de 48 Cantones, la Alcaldía Indígena de Sololá y otras autoridades indígenas para defender la democracia tuvo eco en diferentes sectores de la sociedad.

El respeto a los resultados electorales del pasado 20 de agosto en donde se eligió a Bernardo Arévalo y Karin Herrera como el binomio ganador de los comicios es uno de los objetivos de la convocatoria. Sin embargo, las acciones del Ministerio Público de Consuelo Porras contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pasado 30 de septiembre fue el principal motivo para convocar al paro.

Las manifestaciones pacíficas buscan que cesen las acciones de criminalización y exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras; el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche; la fiscal Cinthia Monterroso; el juez Fredy Orellana y otros actores vinculados a la persecución contra magistrados del TSE, Semilla, periodistas, activistas y operadores de justicia.

El Centro de Derecho Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Frayba, con sede en San Cristóbal de las Casas, acompaña desde hace 32 años a familiares y víctimas de actos de tortura. Durante todo este tiempo, gobiernos de todos los colores han tenido el poder, se han desarrollado reformas constitucionales y legales, pero las detenciones ilegales acompañadas con actos de tortura, continúan siendo,  según el Frayba “el método de investigación principal de la Fiscalía General del Estado de Chiapas”, simulando así “la justicia y llenando las cárceles de víctimas de violaciones a los derechos humanos”(1). Este trabajo de denuncia de torturas por parte del Estado mexicano a personas indígenas han representado para el equipo del Frayba incluso  amenazas de muerte.