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La Itaipú Binacional, margen izquierda, logró registrar imágenes inéditas del nacimiento de un tapir en cautiverio en la reserva Bela Vista de la entidad. Es el segundo cachorro nacido en menos de un mes en el refugio.

El problema de la tierra en Paraguay tiene larga data y persiste hasta la actualidad, ubicándose además como uno de los factores determinantes de conflictividad social, de corrupción pública, en los tres poderes del Estado, en complicidad con la élite política y económica y de la persecución y muerte de campesinos e indígenas. Sin soluciones estructurales y multisectoriales que ataquen todos los frentes: desigualdad política y económica, incumplimiento de las normas, impunidad, tráfico de influencia, acaparamiento, será imposible avanzar hacia el desarrollo, la cohesión social, la gobernabilidad y la democracia.

La Federación Nacional Campesina (FNC) se pronunció contra la represión de fuerzas del Estado en una ocupación en el barrio Che la Reina de Ciudad del Este, que derivó en la muerte de Olga Ayala Fernández por complicaciones en su estado de salud, y condenó la actitud clasista de los aparatos del Estado a la hora de tratar el tema de ocupaciones de tierra.

Unas 140 familias campesinas reocuparon las tierras en las que residen desde hace 13 años, tras un operativo de desalojo registrado esta semana en San Vicente, Departamento de San Pedro.

Bernarda Pesoa, lideresa de la comunidad Santa Rosa, del pueblo Toba Qom, encabezó un mitin de protesta frente a la Fiscalía de Villa Hayes en reclamo a diversas agresiones en su territorio.

Desde el año 2000 se registra una disminución de superficies de áreas protegidas de más de 344.869 hectáreas, según la investigación publicada en la Revista de Ciencias Ambientales sobre la evaluación de implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Paraguay (Sinasip).

Nuevos focos de incendio elevan a 100.000 las hectáreas quemadas solo en el Chaco, zona de emergencia. En San Pedro se registra muerte de vacunos y en Paso Yobái ardió una mina de oro.

Según estudio, pérdida de bosques apeligra vida útil de la represa y le costaría a la binacional USD 23 millones al año en dragado del río. Análisis muestra incumplimiento de legislación ambiental.