“La desaparición en contra de personas defensoras del ambiente y territorio busca instaurar el terror en una lucha” | ENTREVISTA

A Chut Wutty lo mataron a balazos el 26 de abril de 2012 en el sureste de Camboya. Tenía 45 años, era padre de tres niños y director del Grupo de Protección de Recursos Naturales. Cuando recibió los disparos, documentaba la tala ilegal de los bosques camboyanos y el acaparamiento de tierras. Años antes había señalado a funcionarios del país asiático vinculados con el negocio de la madera. El asesinato del ambientalista camboyano fue lo que llevó a la organización internacional Global Witness a empezar a documentar los ataques letales en contra de quienes defienden el ambiente y el territorio.

Desde abril de 2012 hasta diciembre de 2022, al menos 1910 personas defensoras de ambiente y territorio han sido asesinadas en el mundo, de acuerdo con lo documentado por Global Witness, organización con la que Chut Wutty colaboraba.

Fundada en 1993, Global Witness es pionera en investigar los vínculos entre la explotación de los recursos naturales, los conflictos, la corrupción y la violación a los derechos humanos. A partir de 2012, una de sus principales tareas es llevar un registro de las personas defensoras de ambiente y territorio asesinadas, además de mostrar cuáles son los países más violentos para estos defensores.

Las comunidades indígenas que habitan en la Amazonía son objeto de múltiples amenazas, entre ellas la invasión de su territorio y los asesinatos: Foto: Cícero Pedrosa Neto / Global Witness

Desde que Global Witness comenzó a realizar su documentación, Latinoamérica se colocó como una de las zonas con el mayor número de casos de personas defensoras asesinadas. De los 1910 homicidios registrados desde 2012, 1335 (el 70%) han ocurrido en esta región, sobre todo en Colombia (382), Brasil (376), México (185), Honduras (131), Guatemala (82), Nicaragua (60) y Perú (54).

Si bien en sus informes anuales, Global Witness sólo registra los asesinatos en contra de las personas defensoras de ambiente y territorio, en los últimos años la organización también ha llamado la atención sobre el aumento de otras violencias.

En entrevista con Mongabay Latam, Laura Furones, asesora de campañas para Global Witness y autora principal del reciente informe habla sobre la situación de las personas defensoras del ambiente y el territorio, de cómo en Latinoamérica también se observan violencias como la criminalización y la desaparición de estas personas, la responsabilidad de las empresas y cómo el narcotráfico es un actor cada vez más presente en la región.

El periodista británico Dom Phillips (izquierda) y el defensor indígena Bruno Pereira (derecha) desaparecieron en junio de 2022 en la Amazonía brasileña. Sus cuerpos fueron encontrados días después. Imagen compuesta: João Laet/AFP/Getty Images (izquierda); Daniel Marenco/Agência O Globo (derecha).

—A partir de la documentación realizada por Global Witness desde 2012, ¿cómo ha evolucionado la violencia en contra de quienes defienden el ambiente y el territorio? 

—Cada año los datos fluctúan, pero lo que sí es que no estamos viendo una mejora lo suficientemente clara como para que podamos estar optimistas. De hecho, como sabemos, nos enfrentamos cada vez más a un contexto de una crisis climática que se está acelerando, que se está agravando y que tiene en la primera línea a las personas defensoras. Lo que podemos prever es que esta presión en contra de ellas no va a decrecer, sino que va a aumentar.

Nuestras cifras son conservadoras, porque la realidad es mucho más cruenta. Nosotros solamente publicamos los casos de los que tenemos conocimiento. Sabemos que están sucediendo muchos otros casos que nunca son publicados.

—¿Cómo realizan su documentación?

— Nuestra metodología empieza por un barrido de información en fuentes abiertas, en noticias, en informes que realizan organizaciones locales, pasando por todo tipo de fuentes que nos van mandando información. Nuestra labor sólo es posible gracias a la colaboración que tenemos con organizaciones locales.

Hacemos un primer peinado de identificación de casos y una primera selección. Después tenemos una discusión interna con el equipo, porque en muchos de los casos no es fácil definir en dónde empieza o acaba la labor de defensa y si la agresión fue por esa labor. Tenemos debates internos para intentar tomar decisiones sobre si cada caso que identificamos debe o no ser incluido. Una vez que ya están todas estas decisiones tomadas, los casos que sí son elegidos para estar dentro de nuestro análisis se introducen en una base de datos, a partir de la cual sacamos las estadísticas que figuran en nuestro informe.

Indígenas lencas protestan durante el juicio por la muerte de la lideresa hondureña Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo en 2016. Fotografía de Daniel Cima/CIDH.

—¿Cómo definen a una persona defensora del ambiente y el territorio?

—Nosotros tenemos una definición bastante amplia. Entendemos, por un lado, que una persona defensora del ambiente y territorio es una subcategoría de una persona defensora de derechos humanos.

Para nuestra metodología, las personas defensoras del ambiente y territorio son aquellas que tienen una postura contra la explotación injusta, o corrupta, o ilegal o violenta de sus recursos naturales y de sus territorios; se oponen en forma pacífica a estas actividades que destruyen sus medios de vida, sus territorios y los recursos naturales.

Cuando se habla de personas defensoras, muchas veces se piensa sólo en activistas y, por supuesto, están incluidos, pero también están los abogados, periodistas, pequeños campesinos y guardaparques. Es muy amplia la gama de personas que entran en esta categoría de defensores del ambiente y el territorio.

Marcha para exigir acciones frente a los ataques de defensores ambientales realizada en Lima, Perú. Foto: Cooperacción.

—Sus informes se centran en documentar los asesinatos, pero ¿han observado que han ido en aumento otro tipo de violencias en contra de las personas defensoras del ambiente y el territorio? 

—Lo que Global Witness documenta es la versión más extrema de los ataques que son, obviamente, los asesinatos. Y sí, el tipo de ataques a las personas defensoras es amplísimo, porque lo que buscan quienes ejercen estas violencias es silenciarlos, que estas personas dejen de realizar su labor de defensa y para ello usan desde las amenazas, los hostigamientos, la criminalización, ataques a la familia, la violencia sexual —sobre todo contra las mujeres— o la desaparición. El abanico de violencias es muy alto.

En el informe correspondiente al año 2022 pusimos énfasis sobre un tipo particular de ataque, que es la criminalización, porque miramos que esta violencia está en alza.

La criminalización, aunque no quita la vida, sí le impide a la persona defensora continuar con su labor. Tiene impactos muy fuertes a nivel económico, porque la persona tiene que pagar un abogado, tiene que viajar al lugar donde se celebran los juicios. Además, tiene impactos sociales con su familia, con sus allegados. Tiene consecuencias emocionales muy profundas. Al final es un cambio dramático de vida para la persona defensora.

—¿Global Witness cómo registra violencias como la desaparición?  

—En nuestra metodología, cuando alguna persona defensora ha sido desaparecida y han pasado más de seis meses sin tener noticias sobre su paradero, las consideramos como una persona que ha sido asesinada, porque la probabilidad de que aparezca, por desgracia, es muy baja. Ojalá y nos equivoquemos y las personas aparezcan vivas pero, por desgracia, es muy poco probable que eso suceda.

El 15 de enero de 2023 fueron desaparecidos el abogado Ricardo Lagunes y el profesor Antonio Díaz, defensores del ambiente y el territorio en San Miguel Aquila, Michoacán, en México. Días después, familiares y amigos realizaron una protesta frente a Palacio Nacional. Foto: cortesía familiares de los defensores.

—¿En qué países han observado que se está utilizando la desaparición de personas como una forma de ataque en contra de quienes defienden el ambiente y el territorio?

—Hemos observado que este tipo de violencia está muy presente en contra de las personas defensoras en México. Llama mucho la atención el número de casos que se dan en el país. (Una investigación realizada por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos documentó que desde el 1 diciembre de 2006 y hasta el 1 agosto de 2023, al menos 93 personas defensoras del ambiente y el territorio han sido víctimas de desaparición; 39 aún no son localizadas).

Pero puedo decir que las desapariciones contra personas defensoras de ambiente y territorio también están presentes en Colombia, Honduras, Brasil, Nicaragua. En casi todos los países de América Latina hemos documentado casos en los que, en la mayoría, la persona defensora se localiza muerta días después.

Esta violencia de la desaparición busca instaurar el terror en una lucha. En cierto modo es una violencia más perversa que un asesinato, porque la desaparición coloca a la persona en una especie de limbo y mantiene a las familias en vilo un día tras otro, en una incertidumbre sostenida en el tiempo. Esa es una forma de terror, con consecuencias muy fuertes para la familia de los defensores, pero también para una comunidad.

Aún no hemos hecho un análisis riguroso sobre esta violencia en específico, pero lo que sí hemos visto es que si en los asesinatos los niveles de impunidad son muy altos, en el caso de las desapariciones es, incluso, más compleja la investigación. En todos los tipos de violencia contra defensores, desde las amenazas hasta asesinatos y desapariciones, existe una prevalencia absoluta de la impunidad.

Algunas de las 39 personas defensoras del ambiente y el territorio que en México han sido víctimas de desaparición y que siguen sin ser localizadas.

—Si la violencia de la desaparición no es exclusiva de un país y están observando que se utiliza en contra de personas defensoras del ambiente y el territorio, ¿no consideran necesario tener un registro sólo de la violencia de la desaparición? 

—Siempre estamos pensando en mejores formas de documentar los casos. Nosotros, de hecho, nos enfocamos sólo en documentar asesinatos, pero siempre estamos buscando maneras de cómo sacar a la luz otro tipo de ataques. Nos hemos enfocado a los asesinatos, porque con eso estamos presentando una fotografía de lo que está sucediendo en el universo de las personas defensoras.

En el caso de las personas defensoras que han sido desaparecidas, como he comentado, si después de seis meses no han aparecido, las incluimos en la lista de personas que han sido asesinadas para no invisibilizarlas.

Somos conscientes de nuestras limitaciones, pero en nuestra voluntad está siempre ir un paso más adelante cada año para hacer justicia a las historias de las personas defensoras.

—La situación de los defensores de América Latina es muy similar en casi todos los países, pero en el caso de México, ¿han notado alguna particularidad, además de la fuerte presencia de la violencia de la desaparición?

—Desde que nosotros tenemos datos, México es un país muy violento para las personas defensoras del ambiente y el territorio. De los 1910 casos de defensores que han sido asesinados en todo el mundo desde 2012, 185 de esos homicidios han ocurrido en México. Eso es una barbaridad.

México comparte con América Latina el que muchos de esos asesinatos son de personas que se encuentran en la primera línea de defensa: campesinos, personas que viven en ejidos, indígenas.En México llama la atención el nivel de agresividad en contra de los defensores.

Habitantes de la comunidad de Alcozacán, en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, exigen que se detengan las desapariciones y los asesinatos. Foto: Cortesía CIPOG-EZ

—Global Witness y otras organizaciones han documentado que muchos ataques letales en contra de quienes defienden al ambiente ocurren en regiones en donde hay actividad minera. ¿Hay evidencia suficiente para afirmar que la minería es un detonador de asesinatos y desapariciones de personas defensoras?

—Muchas veces es difícil establecer qué sector industrial está ligado a un asesinato, pero en aquellos casos en los que sí podemos ligarlos a un sector en concreto, la minería es uno de los principales, junto con los agronegocios, la tala y empresas hidroeléctricas. La minería, sin duda, está arriba. Nosotros tenemos 337 casos de asesinatos de personas defensoras, a nivel global, relacionados con la minería. Es un sector literalmente letal.

El gran problema que hemos visto es que todo surge a partir de cómo se implementan los proyectos mineros. Llega la maquinaria a las regiones sin que nadie pregunte ni consulte a los pobladores. No hay información previa a las comunidades. Por desgracia, esto es una constante.

—Diversas organizaciones han señalado que las empresas están contribuyendo a que se violen derechos humanos en las regiones en donde operan. Si ya hay evidencia de esto, ¿qué falta para evitar que esto continúe?

—Hay muchos vacíos legales. En la Unión Europea hay una nueva directiva sobre responsabilidad corporativa y diligencia debida a las empresas. Eso significa que, si esta directiva se aprueba, las empresas ya no van a poder hacer lo que quieran, como quieran y donde quieran; van a tener que pasar por todo un proceso de identificación de riesgos, mitigación y compensación a las comunidades si es que hiciera falta.

En la actualidad hay una gran laguna legal. Las empresas más o menos pueden hacer lo que quieren y donde quieren. Y esto hay que detenerlo con legislación robusta y que sea implementada de una forma seria.

En América Latina hay mucha esperanza en el Acuerdo de Escazú, el tratado que pone en el centro a las personas defensoras y sus derechos de acceso a la Información, a la justicia y a todas estas cosas que están fallando y que hacen que puedan seguir estas actividades con consecuencias nefastas.

También hay un vacío enorme en el tema de la implementación efectiva de los marcos legales que ya existen.

Mina Peña Colorada, ubicada en la Sierra de Manantlán. En esa región desaparecieron a Celedonio Monroy Pruedencio y a J. Santos Isaac Chávez se lo llevaron y días después encontraron su cuerpo. Foto: Cortesía.

—Muchas de las violencias en contra de los defensores ambientales y del territorio están ocurriendo en regiones en donde, además de actividades extractivas también hay presencia de grupos ligados al narcotráfico.

—Esa situación se está dando, entre otros lugares, en México, Colombia, Honduras y cada vez más en la Amazonía peruana. Esas estructuras criminales suponen un gran problema para las personas defensoras, porque muchas veces estos grupos, estas organizaciones son las que suplantan al Estado. El control del territorio, en muchos lugares, no está en manos del Estado, está en manos de estos grupos criminales. Así que la pelea por la defensa de la tierra se vuelve una lucha en contra del narcotráfico.

Por desgracia, esto está creciendo. En la región de Latinoamérica, en varios países ya hablamos de casi narcoestados, por el nivel de presencia que tienen las estructuras de narcotráfico que muchas veces tienen más poder que el Estado.

—En esas regiones en donde la presencia del narcotráfico es más que evidente, las empresas extractivas siguen funcionando como si nada sucediera…

—Es un poco lo que hablamos sobre el tema de la irresponsabilidad corporativa. El caso de las mineras es uno de los casos más claros, pero no es el único. También estamos hablando de la agroindustria, con las plantaciones de soya o de palma de aceite, o donde hay producción de carne industrial.

Muchas veces hemos observado que los narcotraficantes están actuando como una especie de empresa privada de seguridad. Cuando los intereses coinciden, no tienen duda en protegerse mutuamente. Hay regiones en donde la presencia del Estado es tan débil que ha sido sustituida. Al final quienes toman las decisiones sobre el territorio son estos grupos y entre estas decisiones están el si una minera puede o no puede operar en esa zona.

Los ambientalistas de Guapinol presos en Olanchito, Yoro, Honduras. Paradójicamente la empresa que los denunció, acusó a un hombre que falleció en 2015, antes de que se desatara el conflicto. Foto: Radio Progreso.

—En este contexto, ¿qué papel juegan las personas defensoras de ambiente y territorio?

—Las personas defensoras siempre han sido fundamentales. Ellas están haciendo un trabajo que nos corresponde hacer a todos: proteger la casa común, proteger el planeta.

Muchas veces se habla de estas personas como si estuvieran defendiendo “su territorio”, pero cada vez sabemos que no es así. Por ejemplo, en este último informe hablamos de las personas defensoras en la Amazonía; gracias a esa selva todos, incluso los que no vivimos ahí y estamos muy lejos, tenemos aire para respirar.

A las personas defensoras del ambiente y territorio las tenemos que proteger, sobre todo porque hay un discurso muy feroz para desacreditarlas, se les señala como contrarias al desarrollo y se les pone una serie de adjetivos para desacreditar su labor. Lo que realmente estas personas defensoras están haciendo es poner un espejo delante de todos para que nos demos cuenta lo que está pasando con el planeta.

Las personas defensoras están dejando su vida para proteger y frenar esta crisis climática que, al final, nos está afectando ya a todos. La crisis climática ha dejado hace tiempo de ser una nebulosa del futuro, para ser algo del presente, algo que está sucediendo ya. Las personas defensoras llevan más pasos adelante que el resto de nosotros y por eso merecen todo nuestro apoyo y protección.

Mientras sigamos hablando de dos a tres personas defensoras de ambiente y territorio asesinadas cada semana durante todo el año, estamos hablando de un fracaso común enorme.

Fuente: Mongabay