México

El encarcelamiento del vocero yaqui, Mario Luna Romero, infundió a los integrantes de la tribu mayores ganas de luchar. “Nadie puede decir que nuestra lucha es injusta”, señalan desde el bloqueo carretero.

Desvío de poder: uso sistemático del aparato y recursos del Estado para beneficiar a poderosos grupos económicos, incluso trasnacionales, en perjuicio de la población por la que debería velar, contra los derechos de los pueblos, la independencia y la soberanía. Para poder aplicar en todas sus dimensiones ese desvío, a los que protestan y resisten el consecuente despojo, a los que defienden la tierra, el territorio, sus derechos y recursos, se les criminaliza, persigue y encarcela, a menudo inventando acusaciones “legales” por delitos inexistentes.

La demanda de acción colectiva contra el cultivo de maíz transgénico en México y la suspensión que determinó un juez en la autorización de los permisos de siembra a las empresas, significó enfrentar a un monstruo del tamaño de Monsanto, y se convirtió en una herramienta para hacer visibles las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los mexicanos, sostuvo Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria.

En las lodosas calles de este pueblo yaqui, epicentro de la lucha contra el Acueducto Independencia, los habitantes manifiestan admiración por su detenido secretario, Mario Luna Romero, y califican de “injusticia” su reclusión. Sin embargo, advierte su propio hermano, “nosotros vamos a seguir esta lucha con Mario afuera o adentro, porque es todo un pueblo que será afectado por el acueducto”. Su madre, padre y hermanos hacen presencia en los bloqueos para oponerse al Acueducto Independencia, que terminará de secar el río Yaqui, que desde hace casi veinte años palidece por las tres presas construidas, una río arriba y dos abajo.

"En agosto del 2012, por ejemplo, 833 nuevos proyectos mineros fueron registrados por 301 empresas, de las que a penas 12 eran mexicanas, contra 202 canadienses. Examinaremos aquí brevemente el impacto de esta ofensiva minera canadiense en México, y la toma de consciencia que a suscitado, a partir de cuatro casos en distintas regiones del país."

Los rarámuri del ejido Wawachérare viven desde hace casi 50 años un despojo de su territorio operado por el gobierno federal, a diferencia de otras comunidades –como el ejido Baqueachi, también en la sierra de Chihuahua- donde son particulares quienes invaden las tierras.

Lo que está en juego estos días, estos meses en México con referencia al campo no es sólo un proyecto sexenal más de reforma al medio rural; es la imposición de un modo civilizatorio que está calentando al planeta y a la sociedad global y el paciente surgimiento de una alternativa humanista, incluyente al mismo.

“Ellos están confiando en que ya ganaron, pero también sabemos que le temen a los pueblos que se organizan y de esa manera vamos a ganar esta lucha. Jamás les daremos el gusto de poner su cochino aeropuerto en nuestras tierras”, sentencia por su parte María de Lourdes, campesina de San Miguel de Tocuila.