México

Concientes de las acechanzas por la codicia de los ricos, denuncian que cuando el pueblo se organiza para defender sus derechos “el gobierno reprime, compra líderes, amenaza, asesina y desaparece a la gente”. En consecuencia, “desde este momento hacemos responsable a los gobiernos municipal, estatal y federal de lo que nos pueda pasar por defender nuestra vida, por cuidarla y por conservar la fuente de nuestros alimentos y de nuestra vida”

"Son los pueblos indios quienes manifiestan un mayor conocimiento de los efectos negativos de los proyectos y tienen un nivel organizativo más efectivo, gracias a que su organización política y social viene de procesos históricos complejos y de largo alcance. La mayor resistencia está en sus territorios."

Los legisladores europeos claman que “ya es hora de acabar con la impunidad en México”, y señalan que “no deben ocurrir nuevos casos como el de los 43 estudiantes secuestrados de Guerrero y de las tumbas encontradas cerca del lugar.

Productores de miel y activistas acusaron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) de violar dos amparos que prohíben expresamente sembrar semillas genéticamente modificadas en esta entidad, y advirtieron que podría tratarse de una estrategia del gobierno federal "para legalizar por la fuerza la entrada de transgénicos", como ha ocurrido en otros países.

No basta con que sean naturales y que tengan una etiqueta de colores tierra. Los productos orgánicos tienen que contemplar el bienestar del productor, vincular al campesino con el ciudadano y crear distintos canales de comercialización, y no perpetuarlos vendiéndolos en las mismas cadenas de supermercados que son parte fundamental del problema.

Rechazo total a las semillas transgénicas expresaron poblanos miembros de las organizaciones El Maíz y La Unión de Barrios radicados en Los Ángeles, California, durante la Kermese Política “El derecho a saber. Sin maíz no hay país”, realizada el fin de semana en la Unión Americana.

Comisariados ejidales del Istmo de Tehuantepec, respaldados por 20 organizaciones civiles, advirtieron que impedirán que las mineras canadienses Geonorte, Zalamera y Maya exploten 30 mil hectáreas que el gobierno federal les autorizó en una zona que va del municipio de San Miguel Chimalapas hasta Zanatepec, informó Daniel García Toledo, presidente de la Unión de Manejo Ambiental y Forestal.

Como si no bastara con garantizar la impunidad del duopolio televisivo –que también controla la mayoría de otros medios de comunicación– y el lavado cerebral constante que aplican a la población, en México se legalizó, a través de las reformas en telecomunicaciones, que “la autoridad ejerza vigilancia masiva de la Internet, los celulares, la fibra óptica, la telefonía fija, los servicios satelitales para geolocalizar a los usuarios en tiempo real, dónde están, adónde hablan, con quién se comunican y eventualmente bloquear por razones de ‘seguridad nacional’ la transmisión de señales en actos de carácter masivo o de protesta social.