México: La reforma para el campo, la resistencia y la alternativa

1. Se agota una fase del neoliberalismo en el campo…

El campo mexicano lleva más de treinta años de despojo no sólo intenso sino también consagrado por las leyes y las instituciones. La reforma institucional impuesta a sangre y fuego durante los gobiernos de Salinas y de Zedillo cumplió un papel importante: hacer funcionales nuestras leyes y nuestras instituciones al nuevo ciclo de expansión del capitalismo en el campo, ese que Blanca Rubio llama “la nueva fase agroalimentaria global”. Con ellas se integró el país al manejo global de los alimentos como “commodities”, como importador de cereales, oleaginosas, cárnicos y lácteos a la vez dejaba de ordenar el mercado de alimentos.

Los instrumentos salinistas para lograrlo fueron: la contrarreforma agraria, la apertura comercial, principalmente a través del TLCAN, la política bancaria-financiera que llevó a la quiebra a miles de productores –de ahí nació El Barzón, formidable movimiento de deudores de la banca- la separación de los programas oficiales en programas para los productores de “potencial” y los de “bajo potencial”, para hacer más productivos y rentables a los primeros (Procampo) y a los segundos, condenarlos a las políticas de compensación social (Oportunidades).

Para contener la disidencia y acotar o cooptar a las organizaciones de productores, el salinismo-neoliberalismo creó dos espacios de concertación diferentes: el Consejo Agrario Permanente, para las organizaciones campesinas y el Consejo Nacional Agropecuario, instancia de los empresarios agrícolas de diversos niveles. Al interior de estos espacios ha tratado el régimen, no de debatir lo esencial de sus políticas hacia la agricultura, sino poner una válvula de escape y de procesamiento de los conflictos que surgen con la implementación de sus políticas excluyentes.

2. La acumulación por despojo en el campo mexicano

Con el avance de la globalización y de los intentos de los Estados Unidos y sus aliados, OTAN y empresas trasnacionales, por mantener un mundo unipolar a toda costa y salvar su hegemonía amenazada, se inicia un nuevo ciclo ya no sólo para mantener y conservar la dominación a través del control de los alimentos, sino ahora también a través de la utilización de las riquezas naturales, como son los recursos energéticos, los minerales, el agua, como “commodities” en los mercados financieros globales.

Por eso se hace necesario para el neoliberalismo extractivista un nuevo marco institucional para la explotación económica de los espacios rurales y de dominación de los actores que en ellos operan, cuya lógica de base es la “acumulación por despojo”, que conceptualiza David Harvey e ilustra notablemente la declaratoria final de las Jornadas Nacionales en Defensa de la tierra, el agua y la vida, celebradas en Atenco el 16 y 17 de agosto: “ El despojo es una realidad cotidiana que padecemos todas y todos: despojo de la tierra, del agua, del aire, de la biodiversidad, de nuestros saberes, del patrimonio familiar y comunitario, de los bienes comunes, de nuestros derechos individuales y colectivos, de nuestros sueños y nuestras esperanzas… Nos despojan los proyectos mineros, las represas, las carreteras y ductos. Nos imponen urbanización desordenada, desarrollos turísticos, privatización de los servicios básicos, se adueñan de la biodiversidad y le ponen precio, comercializan y empobrecen nuestra riqueza cultural. Son los agro negocios, los talamontes, los empresarios turísticos que se adueñan del paisaje, el crimen organizado y el crimen de cuello blanco los responsables de este saqueo”.

3. La reforma al campo que sí está en marcha

Este despojo, característico de la “fase demencial del totalitarismo neoliberal” como la llama el periodista argentino-canadiense Alberto Rabilotta, se hace posible legalmente por las 21 reformas constitucionales y de leyes secundarias en materia energética y las que habrá a la Ley de Aguas y a la de Bioseguridad, entre otras. Este nuevo marco institucional consagra una nueva forma de explotación económica en el campo mexicano, cuyas principales implicaciones son:

Legalización del extractivismo como la actividad económica prioritaria en el campo: extracción de petróleo, gas natural, gas shale, aguas termales, de agua, simplemente, minerales, por sobre todo uso agrícola, ganadero o forestal del suelo. Despojo de los territorios a las comunidades, ejidos o propietarios, bajo la forma de “ocupación temporal” o de “servidumbre energética”; autorización del método de fragmentación hidráulica para la extracción de gas de lutita, con los consiguientes daños ambientales y agotamiento de acuífero.

Ahí no termina la furia extractivista-entreguista del presidente Peña Nieto, sus mandamases y sus aliados. Según la información de que dispone la coalición “agua para tod@s”, el próximo período ordinario de sesiones del Congreso, el Ejecutivo presentará un “paquete verde”, con otra serie de reformas para dar la última vuelta de tuerca a la reforma energética: a la Ley General de Aguas que permitan una total desregulación para darle prioridad a los usos energéticos del agua: megapresas, geotermia, enfriamiento de centrales nucleares, fracking, etc. Reformas a otras leyes como la del Equilibrio Ambiental, la de Vida Silvestre, la de Desarrollo Forestal, a de Bioseguridad, para autorizar, entre otras cosas, la construcción de gasoductos en áreas naturales protegidas, quitar funciones a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, facilitar la explotación de energéticos en selvas, humedales y suelos forestales y autorizar la siembra de semillas transgénicas para la producción de bioenergéticas.

A estas nuevas formas de despojo corresponderá una nueva forma de dominación política, la que trata de construir el régimen de Peña Nieto mediante un complejo proceso de presión-negociación-cooptación o incluso represión a los actores del campo, con las consultas sobre “la Reforma para el Campo”, las mesas de negociación iniciadas el 23 de julio, la apertura de nuevas instituciones como la Financiera Nacional para el crédito a los pequeños productores, y todas las “acciones para reformar al campo” que implicarán no sólo cambios económico-productivos, sino el establecimiento de nuevas formas de control, de clientelismo, de relación del Estado con los actores rurales. De aquí surgirá lo que de facto suplirá al CAP, al Consejo Nacional Agropecuario, etc.

4. La respuesta campesina, indígena y de las comunidades

Desde el inicio de esta fase ha habido importantes procesos de resistencia por parte de comunidades campesinas, indígenas, coordinadoras y organizaciones regionales y nacionales. En Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Michoacán, Chihuahua, Sonora, Nayarit, Jalisco y otras entidades han emergido movimientos en defensa de los proyectos mineros, de las grandes presas, de la extracción o apropiación del agua superficial y de los acuíferos.

Cuando llega el gobierno de Peña Nieto y establece el “Pacto por México”, algunas organizaciones piden se lleve a cabo un diálogo para acordar un “Pacto por el Campo”. Luego demandan que se les escuche antes de formular cualquier proyecto de Reforma para el Campo. Así, durante los meses de mayo, junio y julio de 2014 se llevan a cabo ocho foros nacionales temáticos y siete foros regionales, además de foros estatales donde participan muy diversas organizaciones campesinas y los gobiernos federal y de los estados.

Sin embargo, la atropellada y atropellante aprobación de las 21 reformas legales que constituyen la reforma energética en el Congreso durante los meses de junio y julio indigna a los campesinos que promueven una Gran Marcha Nacional Campesina en la ciudad de México el 23 de julio. Esta constituye la manifestación más articulada y más masiva de cualquier sector de la sociedad mexicana en contra de la Reforma Energética aprobada por el PRI, el PAN y sus aliados.

La manifestación logra arrancarle al gobierno una serie de mesas de diálogo para que los representantes campesinos planteen sus propuestas para la Reforma. Sin embargo, no todas las organizaciones aceptan acudir a dichas mesas y paralelamente se convoca al Encuentro y Jornadas por la Defensa de la tierra, el agua y la vida para el 17 de agosto en el emblemático pueblo de San Salvador Atenco. El evento es todo un éxito tanto por el número de asistentes como por el ambiente y la inspiración que en él predominan. De ahí surge una estratégica y emotiva declaratoria que denuncia la nueva fase del neoliberalismo en el campo mexicano con toda la estela de despojo que trae consigo. Sin embargo, no se queda en el recuento de agravios, sino lanza un importante llamamiento en estos términos:

“La tarea que tenemos no es poca y precisa de reconocernos, escucharnos y respetarnos; partir de la solidaridad, como compromiso, como principio permanente y sobre todo como oportunidad generada por la lucha misma. Una tarea inaplazable es la liberación de todas y todos los presos políticos, el regreso de las y los desaparecidos y la defensa de las y los perseguidos por luchar.

Si bien es necesaria la defensa permanente de nuestros territorios, no es suficiente con resistir, tenemos que ser capaces de pasar a la construcción de alternativas que nos permitan por un lado, mantener nuestra tierra, el agua, la vida y nuestros derechos. Y por otro, la posibilidad de desatar todos los saberes, la imaginación y la creatividad del pueblo al servicio del pueblo”.

Es en estas líneas estratégicas que esperamos se sigan dando la resistencia, la lucha y la construcción de alternativas de las comunidades campesinas e indígenas de todo México en alianza con todos los que demandamos alimentos sanos, aire puro, agua limpia suficiente para todas y para todos, cultura de paz.

Porque no se trata de la lucha de las y los actores rurales en defensa de sus derechos y de sus territorios; es la resistencia a un modo civilizatorio de muerte, injusticia y exclusión y es el cultivo de una nueva civilización del cuidado, del compartir, de la paz.

Por Víctor M. Quintana S. / asesor del Frente Democrático Campesino de Chihuahua e investigador/profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

ALAI AMLATINA, 17/09/2014

Fuente: ALAI