México: Para los rarámuri de wawachérare el despojo viene del gobierno

Por Adazahira Chávez

El 21 de agosto podría resolverse el conflicto, ya que se ordenó a las autoridades agrarias iniciar el proceso de localización, deslinde y entrega de las tierras vendidas ilegalmente a particulares. Pero, reconoce su asesora, Estela Ángeles Mondragón, no hay confianza en ellas.

Los tarahumaras que desde tiempos ancestrales viven en esta zona –actualmente ubicada entre los municipios de Carichí y Nonoava– fueron dotados de 42 mil hectáreas de territorio en 1955 por resolución presidencial, pero hoy poseen legalmente apenas 9 mil, ya que la Secretaría de la Reforma Agraria (SRA, desaparecida en 2009) vendió parte del total como si fueran territorio nacional. “Aquí las autoridades cometieron al menos dos delitos: despojo contra la comunidad indígena y fraude contra las personas a las que vendieron ilegalmente los terrenos”, apunta la defensora.

Gracias a esta venta de supuesto territorio nacional, los rarámuri fueron convertidos en extraños en su propia tierra. Como comunidad que vive de la siembra a pequeña escala, de la venta de artesanía y de la recolección y venta de plantas medicinales (como laurel y hierba de víbora), la restricción de su territorio les redujo también la posibilidad de utilizar sus recursos: si entran a las porciones vendidas por el gobierno a recolectar plantas o agua, los acusan de daños “cada que les pega la gana”, precisa la defensora.

La abogada Ángeles Mondragón recuerda que en épocas no muy lejanas, las autoridades regionales bajaban a los rarámuri amarrados a los centros poblacionales mestizos para procesarlos penalmente y multarlos por las acusaciones de daños a propiedad ajena. Las imputaciones siguen, y “todavía nos llaman para avisarnos que bajaron a tantos para ponerles una multa. La inseguridad en la tenencia de la tierra ocasiona todos estos problemas”, apunta Estela Ángeles, pues quienes compraron los terrenos vendidos ilegalmente proceden como si fueran verdaderos dueños.

El conflicto por la tierra de Wawachérare se origina fundamentalmente en la discriminación contra los indígenas, considera Estela Ángeles Mondragón, quien asesora a ésta y otras comunidades del estado en sus litigios. “A los funcionarios no les importamos, venden los territorios ancestrales sin considerar a la gente que vive dentro; yo les digo que las venden con todo y mexican curious”, ironiza.

La lucha por el territorio ha sido “terrible”, define la abogada: amenazas, chicaneo, inestabilidad y constante violencia de los mestizos contra los rarámuri.

El 7 de marzo de 1962 se ejecutó la resolución presidencial para dotar las tierras, pero solamente sobre 20 mil 844 hectáreas. Faltaron más de 21 mil por entregar, ya que –argumentaron los funcionarios de la entonces SRA- había solicitudes de particulares para hacerse de esas porciones. La mayor parte del territorio reconocido a los de Wawachérare consta de terrenos áridos, y una pequeña porción de agostadero susceptibles de cultivo; esta parte fue vendida a particulares en su mayoría. “Las tierras que faltan por entregarnos son las que tienen agua; las que sí dieron son pobres”, destaca.

La comunidad comenzó inmediatamente a solicitar la ejecución completa de la resolución al Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, dependiente de la SRA, pero el escaso dominio del castellano y la lejanía de Wawachérare de las oficinas gubernamentales dificultaron enormemente la tarea. Entre los años 1995 y 2000, la comunidad –a través del Frente Democrático Campesino (FDC)- buscó de nueva cuenta la ejecución total de la dotación o, en su defecto, la inclusión de la comunidad en proyectos productivos. La respuesta, recuerda la defensora, fue “No, y háganle como quieran”. En la subdelegación argumentaron que necesitaban que la comunidad fuera un foco rojo de conflicto para actuar, y que no lo era, agrega Ángeles Mondragón.

Para el año 2004 recomenzó la lucha legal para lograr la ejecución completa de la resolución presidencial; la comunidad ganó dos sentencias a su favor, en septiembre de 2009 de forma definitiva –después de que la SRA se amparase. Sin embargo, no fue el fin de la pelea, que “ahora es con la SEDATU (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano). Todo el tiempo nos chicanean y nos subestiman, porque no quieren dar cumplimiento”, lamenta la defensora de Wawachérare, quien resalta que la arrogancia de los funcionarios federales obligó a un magistrado estatal a exigirles que se comportaran con respeto y a recordarles su papel de acusados.

En 2010, complementa la abogada, llegaron las amenazas y la inestabilidad en la región, fomentada por funcionarios y trabajadores federales, además de innumerables burlas hacia los rarámuri e inasistencia a citas. Recuerda un episodio en que un cierto funcionario acordó verlos en la sierra. Llegó el día y la hora y los servidores públicos jamás aparecieron. “A poco sí creyeron que íbamos a ir”, contestó el hombre entre risas a los reclamos de la abogada.

El Tribunal Unitario Agrario del Distrito 5 con sede en Chihuahua fijó el 21 de agosto de 2014 como la fecha para que se ejecute la sentencia. Los rarámuri están desconfiados, y la abogada resalta la poca seriedad del trabajo de la Secretaría. Además, agrega, la construcción de la carretera Chihuahua-Guachochi, que pasará cerca de los terrenos que faltan por entregar, los hará aún más codiciados por los externos a la comunidad.

Las 350 familias rarámuri de Wawachérare no buscan otra cosa que la ejecución total de su resolución.

Si las autoridades nuevamente no se presentan y desacatan la sentencia, reafirmarán el mensaje de falta de respeto a los pueblos indios que han dado las anteriores administraciones, sostiene la abogada Ángeles Mondragón. “Ya van dos administraciones panistas y ésta (priísta) y parece igual. Dicen que quieren hacer las cosas según la ley, pero tenemos desconfianza”, finaliza. “Las tropelías de la Secretaría son el pan nuestro de cada día en el territorio nacional”

Fuente: Suplemento Ojarasca, La Jornada