Guatemala

De las 258 comunidades indígenas en Guatemala impactadas por la presencia de proyectos en sus territorios, 223 son afectadas por la construcción de plantas hidroeléctricas.

 El 22 de marzo fue declarado por las Naciones Unidas como el Día Internacional del Agua. Con esta declaración se confirma al agua como un derecho humano. A pesar de que este día debería servir para concientizar, se torna como una de las causas para la criminalización, más que un derecho para los pueblos originarios. El agua y otros bienes que hay en los territorios de los pueblos originarios no se pueden entender de forma aislada a los otros bienes, como el aire, tierra, fuego, animales. Son interdependientes con las personas, los pueblos y la comunidad, como muy bien lo sostiene el texto constitucional que están discutiendo en Chile, sobre la naturaleza.

Aura Lolita Chávez Ixcaquic, conocida como Lolita, es lideresa del pueblo maya K´iché.  La trayectoria construida a través de los varios diálogos e intercambios que sostuvimos con ella evidencia la existencia de un mecanismo de persecución y criminalización de quienes cuidan la vida de los pueblos. Hoy, #8M, la elegimos como nuestra Defensora de los territorios, la sanación y las redes de la vida para repensar, desde los feminismos comunitarios, la descolonización de nuestras prácticas.

Timoteo Váldez es Maya Ch’orti’, originario de la comunidad Tuticopote del municipio de Olopa, en el departamento de Chiquimula a 220 kilómetros de la ciudad capital de Guatemala. Timoteo Valdez es autoridad indígena espiritual, forma parte del Consejo de Autoridades Ancestrales Maya Ch’orti’, quien fue detenido este 30 de enero en el centro del municipio de Olopa. Denuncian que detrás están los intereses de una de las empresas mineras que operan de manera ilegal en este territorio, afirman en un comunicado. 

La Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG) fue fundada hace más de 17 años por varias organizaciones de la sociedad civil que consideraron que la única forma de construir y defender la soberanía alimentaria era a través del trabajo colectivo y popular.

"Reconocemos que el migrar no es un delito, es un derecho pero a la vez tenemos claro que la migración forzada no es una decisión individual ni inmadura. Es impuesta, repetimos, como medida de sobrevivencia, por ello las políticas migratorias son expresiones terroristas de los gobiernos y son también políticas racistas, neoliberales, xenófobas, sistemáticas, crueles, de exterminio, despojo, saqueo, destrucción y tortura que criminalizan la movilidad humana".

En el caribe guatemalteco se intensifica la lucha entre el pueblo maya q’eqchi’ y la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) por detener el proyecto de extracción Fénix, corazón de la minería de este metal en Guatemala. Mientras tanto, el gobierno de Alejandro Giammattei dio un impulso a los intereses mineros rusos en el país al conceder una nueva licencia de exploración a Mayaniquel S.A, una de las tres subsidiarias rusas que pretenden expandirse en el norte del país, a través de 29 permisos mineros pendientes de ser resueltos.

Tras el estado de sitio declarado en el municipio de El Estor, en Izabal, y la represión destatada contra la comunidad Maya-Q’eqchi’, la Red TICCA de Guatemala rechazó las vulneraciones a los derechos humanos hacia este pueblo.