Breve historia de despojo y expolio
En América Latina y en Guatemala, cuando los pobres gritan, reclaman, demandan, toman calles, utilizan el proceso trazado por la democracia, cuando lo hacen pacíficamente, cuando asumen sus derechos, cuando se movilizan para defender sus tierras y territorios, cuando recuperan su dignidad, los grupos de poder se envalentonan y reclaman a sus peones que tienen en el gobierno para que actúen con todo el peso de la ley y actúen drásticamente en contra de quienes ellos siempre vieron como su mano de obra barata, para hacer producir sus fincas, sus fábricas, sus tiendas, sus empresas y entonces así siguen con su empresa de opresión, represión, explotación, colonización, evangelización.
El despojo y el expolio en contra de los pueblos originarios no lo podemos separar de la colonización, la barbarie, el genocidio que inició con la llegada de los españoles, para desarrollar la política de conquista e invasión impulsada por la Corona Española y la Iglesia Católica. Así como no se debe separar de quienes estuvieron al frente de la empresa de invasión, a título personal o colectiva, representando a las dos grandes instituciones (Corona e Iglesia) o tratando de desligarse de las mismas, como lo fue en su momento con Pedro de Alvarado, éste como el gran estratega del monopolio, la corrupción y el nepotismo, y posteriormente el papel que jugó el obispo Francisco Marroquín, este último como uno de los mayores encomenderos de la Nueva España. Este entramado conformó redes familiares, redes comerciales, redes de corrupción que tienen su origen con los que llegaron en primer momento de España, que en los años subsiguientes se fueron emparentando con otras familias que llegan del mismo continente europeo y posteriormente de Estados Unidos y Canadá, principalmente. Estas redes familiares forman una mezcla cultural, conformada por españoles, italianos, belgas, alemanes, norteamericanos, coreanos, chinos, rusos, que los une la ambición de poder y el control de los recursos que hay en los territorios indígenas. Familias que hoy forman la clase burguesa y oligárquica del país.
Con este dato, se confirma que la clase burguesa y oligárquica del país son los primeros usurpadores de las tierras y de los territorios indígenas. Estas familias son los verdaderos criminales o salvajes. Estas familias controlan la sociedad y el Estado, este último como la institución que les permite evadir toda su responsabilidad en el conflicto que se vive en los territorios indígenas.
Al controlar, despojar y expoliar vastos territorios indígenas, con la venia del Estado, tienen la capacidad de construir hidroeléctricas, explotar minas, producir monocultivos como café, banano, palma africana, caña de azúcar, ganado, así como construir en las fincas pistas de aterrizaje y bodegas para el resguardo de drogas y armas. Controlan áreas de reserva con sus fundaciones y ONG, así se enriquecen ilícitamente con los programas de incentivos forestales y abono. “Tengo 10 años de laborar para el Ministerio de Ambiente, Ganadería y Alimentación”, afirma Byron Thomae en su declaración ante el Juez de Salamá, Baja Verapaz.1
Controlan la institucionalidad del Estado para desalojar a los campesinos, como la fiscalía contra la usurpación, así como controlan desde el inicio de la historia liberal guatemalteca al Ejército, la Policía Nacional y varios sectores de iglesias para someter indios. Tienen la capacidad de crear programas como el Observatorio para la Propiedad Privada y ONG criminales como la Asociación en Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO), Fundación contra el Terrorismo, Guatemala Inmortal, entre otras, así como una red de medios de comunicación y programas para arengar violencia en contra de campesinos e indígenas y promover la criminalización contra los líderes comunitarios.
Una de las apuestas de estas redes familiares y empresariales del país es anteponer el derecho a la propiedad privada al derecho a la vida. Una propiedad privada desarrollada en base al despojo, expolio, genocidio y epistemicidio, y no lo dicen en sus comunicados y entrevistas, porque es fácil engañar a una sociedad diciendo que sus “supuestas” propiedades la obtuvieron con sacrificio y esmero. No reconocen que el deterioro de la vida de los pueblos originarios y los campesinos obedece a formas de vida esclavizantes, que en algún momento se le llamó colonato y que constituyó, junto al despojo de tierras, la base para desarrollar el modelo económico, político, militar y religioso desde la invasión y colonización española, recrudeciéndolo en el caso de Guatemala con la reforma liberal y la llegada de familias alemanas y fortalecido ahora con el modelo neoliberal.
En todos los territorios indígenas del país —Kaqchikel, Ixil, Chorti, Poqomchi, Q’eqchi’, Poqomam, Xinka, Chuj, Qanjob’al, etcétera— se tienen evidencias tanto escritas como orales de cómo estos linajes de familias y empresas ahora llamadas “agrícolas” despojaron de tierras y territorios a los pueblos originarios, aprovechando las leyes que en muchos momentos aprobaron gobiernos que estuvieron a su servicio, como García Granados, Justo Rufino Barrios y otros en la reforma liberal. La ley contra la vagancia, la ley de vialidad, el decreto de redención de censos, etcétera. Con este entramado jurídico se facilitó la expropiación de tierras a los indígenas en favor de oficiales y de familias alemanas. Se subastaron las tierras comunales. La propiedad comunal se convierte en propiedad privada y se inicia la acumulación de tierras en pocas manos.
Éste es el punto que nadie quiere discutir. Es muy fácil presentar ante una sociedad racista, discriminadora, misógina, patriarcal, alienada, enajenada, la idea de que “los indígenas y campesinos son usurpadores”. Son muy pocas las investigaciones que recogen lo que realmente pasó con las tierras y los territorios de los pueblos. Es más fácil escuchar al “finquero víctima” y no al indio victima de tanta injusticia. Cuesta creer, por la falta de información, que este grupo de usurpadores que llegaron de otros países han querido desaparecer la concepción comunal de la tierra y el territorio que durante años sostuvo la vida los pueblos indígenas.
En la resolución del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Baja Verapaz, de fecha 26 de septiembre del 2018, causa 15002-2016-00825, demanda presentada por Byron Thomae en contra de campesinos e indígenas, a quienes acusó de usurpadores. “Después de presentarse las pruebas que reconocen la propiedad de las tierras de los indígenas y la ilegalidad y legitimidad de la acusación por 'usurpación agravada' en contra de líderes comunitarios, después de escuchar a testigos de todas las partes y peritos, informes del Registro de Información Catastral, se concluye que sólo de las tierras que el señor Thomae demanda como derecho de propiedad, como representante de la Agropecuaria Pananix, tiene un exceso no registrado de más de tres caballerías de tierra”.2
En base a un estudio pericial que se presentó en ese juicio, se demostró que “las diversas fincas analizadas surgieron a la vida jurídico-registral dentro del proceso de despojo a que fue sometido el Pueblo Indígena de su propiedad comunal” y que “muchas de estas tierras les fueron despojadas a los indígenas en tiempos de gobiernos liberales”.
Se confirma que, en el año de “mil ochocientos treinta y seis, una de las primeras normas que emitió Rafael Carrera es la imposición del censo enfitéutico, [que era] un alquiler forzado a las comunidades indígenas para que le alquilaran al pueblo mestizo que carecía de tierras durante la colonia, eso se daba a cambio de una cantidad [de dinero] risible y el arrendante pagaba ‘un poco’ a las municipalidades que surgieron en mil ochocientos treinta y cinco y una porción al propietario, quien aún le pagaba a la iglesia, entonces, ahí fue donde se obligó a las comunidades y pueblos indígenas para entregar su tierra a uso de particulares, lo que pasó en toda la época conservadora”. Posteriormente, “en mil ochocientos setenta y siete, Justo Rufino Barrios, creó una ley para la redención de censo enfitéutico, el que consistía en que ‘tú mestizo estás alquilando una tierra, y como necesitamos creación de propietarios sobre la tierra y yo Estado, me pagas lo que alquilas y te otorgo un título de propiedad’”.
En ese sentido, las tierras que reclama la familia Thomae como propiedad son un ejemplo de que “la desmesurada apropiación de estas vastas extensiones de tierra tuvo como consecuencia la incertidumbre que hasta ahora se experimenta sobre la certeza de extensión física de las distintas fincas que se fueron formando con el correr del tiempo, lo cual puede verificarse al analizar las primeras inscripciones registrales de los inmuebles relacionados en este caso en donde apenas si se hace relación de las colindancias y extensión métrica de cada uno de ellos, pero no se cuenta con planos planimétricos que generen certeza sobre la correcta y real extensión y delimitación de cada una de ellas, al punto que, como lo señaló el perito, en algunos sitios geográficos existe sobreposición de hasta cinco inscripciones”.
El juez en ese momento concluyó que “el informe y declaración del perito es ampliamente ilustrativo sobre los orígenes y situación actual del problema de la adjudicación histórica de las tierras en área de las Verapaces en particular, sobre las irregularidades registrales que presentan, a su criterio, las fincas que integran la Agropecuaria Pananish, Sociedad Anónima y las que aparecen inscritas a nombre de los condueños Thomae Estrada, por lo que se hace necesario que se integre una mesa técnica con las entidades públicas vinculadas al tema agrario para que se realicen los análisis, estudios y levantamientos planimétricos que otorguen certeza sobre la extensión y límite de esos cuerpos territoriales y eventualmente se reconozcan los derechos que pudieran corresponder a las poblaciones circunvecinas”.
El juez en ese momento solicita a la “Secretaria de Asuntos Agrarios de la Presidencia de la República, al Fondo Nacional de Tierras, al Registro de Información Catastral, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, al Fondo de Inversión social y demás entidades que por su naturaleza tengan como competencia la resolución de conflictos agrarios para que se instale una mesa de diálogo que resuelva en forma definitiva lo relativo a la propiedad y delimitación de las áreas mencionadas en la presente sentencia, que incluya los legítimos derechos ancestrales y comunitarios que pudieren corresponder”.
Entonces qué “propiedad privada” reclaman los finqueros y terratenientes del país, cuando se ha demostrado, como en este caso, que “no hay claridad en la certeza jurídica de la tierra” y, como concluye la resolución antes citada, “que es urgente que el Estado reconozca que hay derechos ancestrales y comunitarios” sobre la tierra y los territorios que se les han despojado a los pueblos y que deben ser restituidos.
Los despojadores y expoliadores de la tierra y territorio de los pueblos originarios saben que presentarse como víctimas y no como victimarios sigue siendo la mejor arma para acaparar la atención de una sociedad carente de información. Una sociedad que ignora la forma como estas redes familiares y empresariales se enriquecieron y siguen enriqueciéndose a costa de nuestros recursos y los convierten en el mejor botín para seguir con su empresa criminal de acumulación para ellos, aun a costa de la pobreza y la extrema pobreza de la gente.
Referencias:
Kajkoj Máximo Ba Tiul, maya poqomchi, antropólogo, filósofo, teólogo, investigador, profesor universitario. Pertenece al Centro de Reflexiones Nin Poqom, en San Cristóbal Verapaz, Guatemala.
1. Resolución del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Baja Verapaz, de fecha 26 de septiembre del dos mil dieciocho, causa 15002-2016-00825 (PDF).
2. Las cursivas son nuestras.
Fuente: Suplemento Ojarasca, La Jornada