Minería

En el año 2004 se inició la convocatoria para el proyecto Las Bambas, la cual se encuentra ubicada entre los distritos de Challhuahuacho, Tambobamba y Coyllurqui (provincia de Cotabambas), y el distrito de Progreso (provincia de Grau), en la región Apurímac. Actualmente, el proyecto está siendo administrado por el consorcio chino Minerals and Metal Group (MMG), el cual compró la concesión por 5 mil millones de dólares a la empresa Glencore Xstrata en el 2014.

“Seguimos siendo atacados”. Es el mensaje de la Alianza de Organizaciones del Movimiento Munduruku Ipereg ayu, después que el pasado 9 de junio un grupo de mineros bloqueó el transporte que llevaría a una comitiva indígena, desde la ciudad de Jacareacanga en la amazonía brasileña, hasta la capital Brasilia.

Después de más de siete años de proceso, el tribunal del arbitraje internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), notificó su decisión final, declarando que el Estado costarricense no deberá pagar ninguna indemnización a la empresa canadiense Infinito Gold Ltd., que reclamaba cerca de $400 millones porque se le canceló la concesión del proyecto minero Crucitas, en Cutris de San Carlos.

Esta serie es una adaptación libre del cuento "El fracking", una historia esdrújula contada por el Conde Drácula de Martín Crespi y Diana Chereau.

En medio de la entrega del país a la minería por el gobierno del presidente Laurentino “Nito” Cortizo, la sociedad panameña acumula indignación ante todas las irregularidades legales y ambientales que han tenido históricamente las trasnacionales mineras en el territorio panameño.

Mientras los gobiernos solapen la megaminería, incumplirán con el Régimen Ecológico artículos 118, 119, 120 y 121 de la Constitución Política de la República de Panamá (1). Porque permitieron el inicio y el avance de la destructiva y tóxica megaminería, produciendo ecocidio y amputación ecológica en la Cordillera Central de Panamá.

Entre fines del 2019 y este número de Biodiversidad, sustento y culturas, varias provincias argentinas se vieron amenazadas por el avance de la megaminería con dos ejes en común: la connivencia de los gobiernos provinciales con las empresas tratando de modificar (o modificando) leyes a conveniencia de las mismas y la resistencia popular en las calles como protagonista absoluto del rechazo a los intereses corporativos. Esto logró en varios casos (y hasta el presente) frenar los proyectos que se intentaron imponer. Compartimos un recuento de estas luchas ejemplares y de cómo se vivieron estas resistencias en cada territorio.

"La organización de la población es muy importante, ya que ella puede conseguir normativas que eviten una profundización y la definitiva expulsión del territorio de las empresas mineras. La instalación y funcionamiento de una planta minera corresponde exclusivamente al gobierno central, pero la decisión de permitir su actividad en su localidad es competencia del municipio, que tiene autonomía suficiente para decidir su aceptación".