"La organización de la población es muy importante, ya que ella puede conseguir normativas que eviten una profundización y la definitiva expulsión del territorio de las empresas mineras. La instalación y funcionamiento de una planta minera corresponde exclusivamente al gobierno central, pero la decisión de permitir su actividad en su localidad es competencia del municipio, que tiene autonomía suficiente para decidir su aceptación".
