Megaproyectos

El gobierno de México pretende construir una supercarretera que dice comunicará las ciudades de Tuxtepec y Oaxaca. Las autoridades de las comunidades zapotecas xidza de la Sierra Juárez que pueden resultar afectadas se oponen rotundamente a esta obra y están dispuestas a realizar todas las acciones necesarias para impedirlo.

Sin permisos ambientales, estudios ni programas de reubicación de flora y fauna silvestre, iniciaron los trabajos de desmonte y deforestación en la selva virgen de Playa del Carmen, Quintana Roo, para construir el Tramo 5 del megaproyecto federal del Tren Maya, denunció la organización Moce Yax Cuxtal.

El gobernador Rodolfo Suárez entregó por decreto 12.351 hectáreas a un grupo empresario. Se trata de tierras fiscales que incluyen glaciares, humedales altoandinos, nacientes de ríos y arroyos y vertientes termales. La empresa beneficiada, El Azufre Sociedad Anónima, fue creada hace cuatro años y tiene un capital accionario de solo 100.000 pesos.

El acuerdo presidencial que blinda los proyectos y obras del gobierno federal fomenta la «utilidad privada y despojo público», así como representa «una sentencia de muerte a las comunidades y territorios afectados» por los megaproyectos, aseguraron organizaciones indígenas y campesinas, colectivos y activistas.

El pasado 10 de enero, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) dieron a conocer que un juez federal del estado de Puebla otorgó una suspensión provisional al acuerdo presidencial emitido el 22 de noviembre 2021, que declara los proyectos del gobierno federal de interés público y seguridad nacional.

Los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec reafirmaron su rechazo al Corredor Interoceánico, que conectaría los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, y Coatzacoalcos, Veracruz, y denunciaron las presiones por parte de las autoridades federales, estatales y locales para que las comunidades entreguen sus territorios a la construcción del megaproyecto.

En las últimas semanas se han sucedido una serie de importantes asambleas y foros en el estado de Oaxaca, convocadas por comunidades y organizaciones indígenas y campesinas. El 20 de noviembre, reunidas en la Asamblea Oaxaqueña en Defensa de la Tierra y el Territorio, acordaron fortalecer las luchas que las comunidades llevan a cabo desde hace años e incluso décadas, articulándose en la campaña ¡No es desarrollo, es despojo!

El Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno se declaró en alerta ante el acuerdo presidencial para blindar las obras y proyectos del gobierno federal y considerarlos como asunto de seguridad nacional, publicado el pasado 22 de noviembre.