Pueblos y territorios frente al Tren Maya. Escenarios sociales, económicos y culturales

INTRODUCCIÓN

Esta obra reúne investigaciones, análisis y opiniones de un grupo de científicos sociales, cuyo objetivo es alertar sobre las posibles consecuencias del megaproyecto denominado Tren Maya para quienes habitan los territorios afectados y para la sociedad nacional en su conjunto. Consideramos de fundamental importancia la difusión de los escenarios de riesgo previo a la implementación del megaproyecto, lo cual podría evitar múltiples afectaciones y conflictos sociales, en lugar de documentar ‒como frecuentemente sucede‒ las afectaciones irreversibles provocadas tras la puesta en marcha de una obra.

Frente a la generalizada desinformación relativa al denominado Tren Maya, desde los primeros meses de 2019 nos abocamos a investigar alrededor de los principales puntos críticos del proyecto, buscando sistematizar los datos escasos y dispersos para producir información fundamentada y veraz que contribuyera tanto a las organizaciones de base para la defensa del territorio, como al debate público y político nacional. En tal proceso articulamos un espacio de convergencia y discusión entre investigadores y miembros de organizaciones de base y de la sociedad civil en los estados interesados por el megaproyecto.

El mal llamado Tren Maya prevé la construcción de una línea férrea de más de 1500 km a través de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y la operación de un tren alimentado a biodiésel y, parcialmente, eléctrico, para transporte de carga y pasajeros. Según documentos y declaraciones oficiales, dicha línea potenciará el transporte, principalmente de gasolina y productos que se consumen en la región hiperturística de Quintana Roo; detonaría el desarrollo turístico al facilitar el acceso a zonas poco conectadas (como Calakmul) y conectando distintos polos de atracción turística de masa (Cancún, Chichén Itzá) con otros en vía de desarrollo (Palenque, Bacalar, Valladolid).

Este megaproyecto, además de ser un servicio de transporte férreo y corredor turístico, contempla reordenar la península e integrar otras regiones a partir del impulso de la industria energética, la agroindustria y el desarrollo tecnológico. Al integrar los destinos turísticos con aeropuertos, estaciones férreas y puertos, proyecta el acceso al patrimonio cultural de la región. Incluye la intervención en el medio ambiente, impactando en extensos territorios en los cuales está planeada la construcción de 12 paraderos y 19 estaciones, que “formarán parte de polos de desarrollo” creados como “ciudades nuevas o complementarias” de hasta 1.000 ha.

Uno de los problemas que han caracterizado el megaproyecto Tren Maya desde su anuncio por parte del presidente de la república, en 2018, es el halo de misterio que lo rodea: en un principio, la información relativa al proyecto fue muy escasa y luego comenzó a fluir desde las instituciones de manera contradictoria y errática; a falta de documentos oficiales, abundan en los medios las opiniones y declaraciones de los funcionarios, muchas veces desmentidas poco tiempo después; los repentinos cambios en el proyecto se acompañan con las transformaciones en el “discurso público” que, según la coyuntura y la conveniencia, enfatiza algunos aspectos del proyecto y oculta otros, alimentando la ingente confusión al respecto.

Esto pone a relucir una situación de gran importancia. Se prometió la incorporación de los ejidatarios como “socios” de los emprendimientos inmobiliarios vinculados a las estaciones del Tren en los aún misteriosos “polos de desarrollo” o “comunidades sustentables”, por lo que hemos insistido en la necesidad de que se haga pública la lista de estos ejidos. La insistencia en conocer los ejidos afectados se centra en el futuro que podría tener la propiedad social de la tierra en el México rural, y la necesidad de desentrañar los nuevos mecanismos de despojo que se están fraguando bajo el discurso de inclusión en la supuesta bonanza económica derivada del proyecto.

La desinformación ha sido históricamente una constante en los megaproyectos de desarrollo impulsados desde el gobierno. Esto representa el primer elemento que genera la oposición tajante a dichos proyectos, pues son percibidos como una imposición externa que no abona a la construcción de una ciudadanía participativa, sino que más bien vulnera los derechos individuales y colectivos de la población indígena, rural y urbana.

Otra constante es la acusación de ignorancia y desinformación hacia los pueblos indígenas y quienes apoyan sus luchas (organizaciones de la sociedad civil, académicos y demás “abajo firmantes”), razón única de la cual dependería, en la narrativa del poder, su oposición a los megaproyectos. La falta de información, responsabilidad institucional, es utilizada entonces con frecuencia por los mismos funcionarios como un elemento para descalificar y culpabilizar a los mismos que la solicitan y que carecen de ella no por voluntad propia, sino por la opacidad de los actores gubernamentales.

Aunado a esto, también resalta que sobre la marcha se han ido haciendo modificaciones a lo poco que se ha presentado del proyecto: pareciera entonces que la improvisación haya sido el método de planeación utilizado por las instituciones involucradas, encabezadas por el Fondo Nacional para el Fomento al Turismo (Fonatur). En este aspecto hay que señalar el importante viraje en la imagen y el discurso oficial relativo a los objetivos del megaproyecto, hecho que abona a la falta de claridad sobre lo que pretende ser y hacer el Tren Maya. Desde un principio, se plantearon cuatro ejes del megaproyecto: “ordenamiento territorial, infraestructura, crecimiento económico y turismo sostenible”, y se enfatizó la conexión entre los ejes económico y turístico, pues se trataría de un “proyecto con enfoque turístico que busca incrementar la derrama económica” en los estados interesados. Sin embargo, a raíz de las críticas relativas al carácter neocolonial del proyecto, desde agosto 2020 los documentos oficiales han cambiado el énfasis propagandístico hacia la mejora en la calidad de vida de las comunidades interesadas como el principal objetivo del proyecto, y poniendo en segundo plano el hecho de que tal mejoramiento derivaría, según el plan, de su inclusión en la industria turística y subordinación a la economía de servicios.

Pueblos y territorios frente al Tren Maya. Escenarios sociales, económicos y culturales pretende aportar algunos elementos y contribuir a reflexionar sobre un momento crucial de la historia, el cambio y transformación del complejo territorio del sureste de México, que es habitado desde hace más de 3 mil años por diversos pueblos indígenas, entre ellos los mayas y, que hoy, frente a la idea de llevarles “un verdadero capitalismo”, como lo ha propuesto el responsable del proyecto Tren Maya estamos al borde de asistir una “gran transformación” (Polanyi, 2003), que mercantilice e incorpore aún más a la lógica de mercado (convirtiéndolos en mercancía), a los diferentes elementos que caracterizan a este territorio del sur: pueblos originarios, ejidos, tierras, milpa, bosques, selvas, aguas, animales, zonas arqueológicas, entre otros. En el nombre de “primero los pobres” la actual administración plantea “cambiarle el rostro a la Península de Yucatán”, lo cual implicaría la agudización del despojo, la violencia y la mercantilización de lo que pervive del mundo maya.

Frente a riesgos de tal magnitud, nuestra voz se suma a las múltiples manifestaciones de inconformidad y reclamos de autonomía en las decisiones políticas y territoriales que exigen los pueblos indígenas, las comunidades campesinas y las organizaciones urbanas. Aún estamos a tiempo para que la “locomotora del desarrollo” se detenga y respete las exigencias históricas de respeto a la autonomía y autodeterminación de quienes habitan los territorios, así como la decisión de sus propios planes de vida y de futuro.

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Fuente: Desinformémonos