Megaproyectos

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) rechazó de manera contundente el proyecto Hidrovía Amazónica y exige declarar su inviabilidad por amenazar gravemente a los pueblos y a la Amazonía.

La semana pasada se realizaron en la Ciudad de México dos reuniones significativas, si bien no exhaustivas en cuanto a la representatividad del conjunto del movimiento indígena nacional en el país. Importa retomar algunas de sus reflexiones en estos tiempos de continuidad respecto a la invisibilización de los pueblos indígenas, de sus demandas colectivas y autonómicas.

La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) rechazó la Declaración de Interés para la Interconexión de las ciudades de Pucallpa en Perú y Cruceiro do Sul en Brasil que firmaron sus gobernadores en Bogotá, Colombia.

Para este reportaje El Deber ingresó al corazón del Tipnis para conocer de primera mano la situación en la que viven las comunidades que se oponen a la construcción de la carretera. También conversó con líderes del Madidi que rechazan el avance de hidroeléctricas. 

Juan Pablo Soler advirtió que las grandes corporaciones hablan de transición energética, pero no piensan cambiar el modelo.

El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) presentó su sentencia por el caso de los múltiples derechos de los pueblos indígenas vulnerados por la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Según EPM, el hecho que obligó a la evacuación de 105 empleados no reviste riesgo ni para el proyecto, ni para las comunidades aguas abajo.

Las organizaciones abajo firmantes se solidarizan con las comunidades guatemaltecas que se resisten pacíficamente al proyecto de la mina de oro, Progreso VII Derivada de Kappes, Cassiday & Associates (KCA), al tiempo que la empresa presenta una demanda arbitral por $300 millones de dólares contra Guatemala ante el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas relativas a Inversiones (CIADI) por supuestas violaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).