Los profundos ríos jamás mueren

Por Andrés Felipe Escovar

En Puerto Valdivia, el río Cauca se convirtió en un sendero de charcos, peces muertos y barro cuando EPM (Empresas públicas de Medellín) decidió cerrar la última compuerta de su proyecto Hidroituango, el cinco de febrero de 2019. Ese día, el mundo dio un paso más hacia la perfección de la ignominia. Luego aparecieron los debates entre especialistas, tecnócratas y políticos sobre lo que se levantaba como una hecatombe.

Para fortuna del gobierno y la propia empresa, la llamada ayuda humanitaria a Venezuela aminoró el espanto del desecamiento de un río a manos de una empresa privada. Días después, en el mismo departamento de Antioquia, se celebró una carrera profesional de ciclismo de ruta que convocó a los deportistas más encopetados de esta disciplina: en los años cincuenta la vuelta a Colombia fungió como una narración que proveería material necesario para la constitución de una unidad nacional y ahora Antioquia y Colombia generarían la ilusión de que en el país se podían celebrar certámenes “de talla mundial”, así como el proyecto Hidroituango era el punto culminante de la modernidad del hombre colombiano. En la competencia, participó un equipo patrocinado por EPM – de hecho, los periodistas y aficionados denominan a la escuadra EPM- y el olor a peces muertos se tapó con los vítores y la sensación de que el agua había retornado a su cauce.

Con el río Cauca cada vez más ensombrecido por las noticias del último momento, se hicieron marchas en distintos lugares de Colombia, con ocasión del día mundial del agua, en marzo. A esos eventos asistió Juan Pablo Soler, uno de los líderes del movimiento nacional Ríos Vivos. Esta agrupación lucha por la protección de las diferentes cuencas hidrográficas y los territorios, a partir de trabajos que se basan en lo local y entrañan una discusión con el programa hegemónico de explotación de la naturaleza.

Me encontré con él un viernes en la tarde, justo cuando la ciudad cae en ese leve letargo que precede a las orgías de la noche. Lo que esperaba que fuera una entrevista, devino una conferencia sobre la historia de los movimientos sociales. Mis preguntas fueron paradas en donde el conocimiento que impregnaba el habla de Soler, se distanciaba de los discursos educativos oficiales: con cada una de sus aseveraciones y conceptos, brillaban experiencias y relatos donde los sujetos eludían esa posición de meras anécdotas para llenar de color tesis doctorales.

En lo dicho por Juan Pablo, los adjetivos basculan entre la sintaxis de un activista y las expresiones de rechazo que carecen de sinónimos, con lo que la vehemencia de aquellos que defienden la vida en medio de un sistema de muerte no elude los putazos: las groserías son el clímax de una resistencia que jamás naufraga en la autoflagelación.

El primer río

Nací en norte de Santander en un pueblo que se llama Pamplona, en 1979. La primera conexión que tuve con los problemas ambientales fue en la clase de biología; nos mandaron a hacer un ensayo sobre cómo estaban los ríos y yo me fui para uno que era sitio de juego mío y de mis hermanos. Me senté y me puse a mirar que bajaban llantas, bolsas y percibí el olor: fue mi primera tarea de diez, creo la profesora quedó más impactada que yo.

La educación hoy te pone un poco de cosas para ser útil en el formato del sistema y no para desarrollar tus aptitudes. El curso de la vida me llevó a estudiar en Bucaramanga y allá encontré el ambientalismo hasta terminar involucrado en la Red Juvenil Ambiental Nacional (Red JUAN). Empecé a estudiar el tema de política petrolera y energética; me encontré con los afectados por represas y empecé a escuchar demandas, quejas y denuncias y, sobretodo, con la pregunta de fondo: ¿qué hacer?

Al final, nos encontramos varios procesos de afectados por represas del país y creamos la Red Nacional de Pueblos afectados y Amenazados por Represas y, luego de unos años, vimos que estaba quieta porque nos limitábamos a distribuir información y hacer denuncias. En 2011 nos movilizamos; en comparación a otros años, el acto fue masivo, con lo que concluimos que había que revisar el tema e ir hacia otro lado y decidimos crear el movimiento Ríos vivos en torno a tres objetivos:

Defensa de los derechos de los afectados, es decir comunidades afectadas.

Permanencia en el territorio en condiciones dignas.

Trabajar por la transición energética, al tiempo que decimos no a las represas es decir qué estamos pensando.

Cuando vas a un escenario con políticos, académicos o algunas comunidades, te encuentras con que dicen que las represas se necesitan, eso nos llevó a pensar cuál era nuestra propuesta. Hoy estamos en el curso de un planteamiento que aboga por una transición energética justa, una transición que ya se da en el mundo y no es propuesta ni siquiera en los movimientos sociales, sino que es cuestión de las dinámicas de la economía y del capitalismo que incluso se lucra con las falsas etiquetas de lo verde. Más que transición energética, veníamos construyendo planes de soberanía energética e hídrica, esta perspectiva es la que aportamos a la transición energética para que sea justa.

En torno a estos tres objetivos hemos ido construyendo el conocimiento, de esa manera llego yo al movimiento y termino radicado en Antioquia hace más o menos nueve años. He andado por el continente como voluntario en Brasil, en México, en el proceso de afectados por represas. Me iba a hacer unos estudios, pero decidí quedarme a dinamizar al movimiento. La reflexión política me llevó a eso y me radiqué en Antioquia. Actualmente estoy viviendo en el oriente antioqueño, pero me la he pasado en diferentes lugares, el trabajo fuerte en norte, occidente y bajo cauca.

Ríos vivos

ASPROCIG (Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú), que es uno de los procesos más viejos, pero más territorializados para crear condiciones de vida digna después de un proyecto hidroeléctrico, nos orientó mucho y nos dejó en claro que, aunque se construyan represas, aún hay mucho por hacer si queremos permanecer. Nos íbamos a crear como movimiento antrirepresas, pero luego pensamos que también éramos defensores del territorio; partimos de una pesadilla común pero le dimos dinamismo a nuestra organización y por eso la llamamos ríos vivos; estamos barequeros, arrieros, pequeños agricultores: es un mensaje convocante al resto de la sociedad y que responde a la idiosincrasia nuestra que no existe si no está el rio vivo.

¿Desde qué momento histórico podemos ubicar la conciencia de existencia de un daño en la construcción de represas?

- La construcción de hidroeléctricas en Colombia tiene un auge que se da cincuenta años después que en el resto del mundo. En India, por ejemplo, las comunidades empezaron a organizarse, no por lo que podía pasar sino por lo que pasó con los ríos. También se creó la comisión mundial de represas, que incluso la financia el banco mundial, porque el banco mundial era uno de los que más impulsaban la construcción de hidroeléctricas. Cuando emergió el movimiento mundial de rechazo a esos proyectos en África, India, China y algunos lugares de nuestro continente, el banco pidió un estudio e imaginó un resultado favorable pero las movilizaciones hicieron presión y se constituyó una comisión que tuvo académicos, afectados y representantes de los gobiernos.

El resultado fue el informe “Represas y desarrollo: un nuevo marco para la toma de decisiones” que se publicó en el 2000 y en donde se constató que todos los proyectos gastaron más plata que la proyectada, endeudaron al estado respectivo y las comunidades locales manifestaron que no mejoraron sus condiciones. En términos de una voluntad política, podría uno recoger esas recomendaciones y trazar una política en torno al desarrollo energético de los países pero muy poco se ha materializado, excepto porque el banco decidió no seguir financiando represas. Aunque hoy se percibe que esta institución quiere volver a invertir.

En el paralelo que tenemos en Colombia, señalo tres momentos:

Desde los años cincuenta ya hubo una conciencia de la afectación. De ahí saltamos a los ochenta: la Salvajina, en el río Cauca también, que afecta Suárez, Buenos Aires…comunidades afrodescendientes la mayoría y un poco indígenas -Hay un libro que se llama Salvajina oro y pobreza que, creo, es de obligatoria lectura para quien quiera conocer: te cuenta el drama de los barequeros cuando construyen los proyectos y tienen que buscar un frente de mina para trabajar, narra todo eso con mucho dolor, quien lo escribe era un habitante de ahí y quiso dejar eso escrito-. Ellos firmaron un documento que es actual, el acta de 1986, con CVC, que era la propietaria del proyecto, en donde se establecieron centro de salud, carretera, trabajo. De esa acta, hasta hoy, se ha cumplido el 15 a 20 % y esa salvajina se vendió a la EPSA, luego a Unión Fenosa y, esta, al gremio antioqueño: las empresas dicen que esa acta del 86 la firmaron fue con el gobierno entonces no tienen por qué responder.

De ahí nos saltamos, en términos de lo que me preguntas, al proyecto Urrá, en el 98, que fue conflictivo, además, por el auge del paramilitarismo en Córdoba, en montes de María, en el nudo de paramillo; esos grupos cobraron fortaleza ahí. Mancuso dice que mató a Kimy Pernía, que se opuso al proyecto hidroeléctrico, pero no ha dicho quién lo mandó matar, necesitamos conocer la verdad para la no repetición y la verdad no es quien jaló el gatillo sino quien lo mando matar porque puede estar en otro proyecto.

En Urrá, en la década de los noventa, el inconformismo era mayor porque ya había conocimiento e intercambio de experiencias con gente de la comisión mundial de represas en Brasil; se contaron experiencias de pescador a pescador, que es la metodología que más nos ha impactado: cuando pones a un pescador con otro, hay escucha. Entonces ASPROCIG se hizo consciente de esos intercambios, de lo que iba a perder, y se construyó un proceso de oposición sobre los efectos que el proyecto iba a tener en los manglares del Sinú.

En 2008 se licenciaron tres proyectos: Hidrosogamoso, El Quimbo e Hidroituango. Lo más aberrante del último caso es que se declaró la utilidad pública de un terreno sin que se hubiera emitido la licencia ambiental.

La utilidad pública consiste en que, a partir de estudios, se hace un polígono con coordenadas de lo que hay dentro y esto tiene que venderse al propietario del proyecto hidroeléctrico al precio que determine una comisión tripartita constituida por un representante de la comunidad, uno de la empresa y otro del gobierno. En el caso de Hidroituango, el precio del metro cuadrado fue de 172 pesos, aún no sabemos cómo putas el representante aceptó eso; nos encontramos con que el señor estuvo manipulado por la empresa, era habitante del pueblo, pero es un comerciante no sabía cuánto vale el terreno en una zona de producción de café: el criterio que hay para avaluar es de los gringos, que es con tractor y como eso es zona de cañón, según ese criterio, es un lugar que no sirve para nada y por eso ese bajo precio: desde esa lógica entendemos cuál es el malestar del proyecto y cómo afecta lo social y cultural.

Retomando: salió la utilidad pública sin licencia ambiental y era en ella donde debía haber un estudio que precede a cualquier decisión sobre la utilidad y, por lo tanto, el terreno declarado fue más allá de donde debía. Para ponerte un caso: tienes tu finca y la utilidad pública toma un pedazo de ella; cuando llega EPM te dice que tu propiedad debe venderse pero, luego, resulta que sólo la mitad de tu finca está inserta en el terreno declarado como de utilidad pública pero ya la has vendido, entonces surge la pregunta respecto a lo que ocurrió con mucho propietario: ¿por qué los sacaron comprando todo el terreno, en muchos casos, constreñidos?

Hoy vemos que, en el embalse de Sogamoso, hay franjas de fincas que están frente a este y son las que luego harán el negocio del turismo y por eso es que compraron la finca completa. Entonces, viene otra pregunta: ¿EPM a quién les venderá la finca? Se desconoce por qué los ministerios de salud, ambiente y los demás permitieron cosas como esas.

Es a partir de estos hechos que se dio un nuevo auge del movimiento. Al inicio, las movilizaciones fueron el pan de cada día. En Hidroituango dieron licencia en 2009 y todavía hoy no terminan de construir el proyecto, los efectos siguen y siguen. Digamos que uno podría decir cuándo uno empieza a sentir los cambios por un proyecto como esos pero no cuándo se acaban los efectos porque estos pueden extenderse por décadas.

Estrategias como movimiento nacional

Hablar de transición energética tiene muchas aristas, desde lo posible técnicamente hasta lo imposible idealmente. Parte de la transición energética es pensar en qué punto nos paramos: ¿en el ahora o en el futuro? Nosotros nos paramos dentro de cincuenta años porque, en medio siglo, hay que desmantelarlas y por ello proponemos una solución diferente: no se necesitan las represas sino la energía.

Otro aspecto que cuestionamos es el de los costos. En Hidroituango, ellos identificaron veintisiete impactos – nosotros más de sesenta- y solamente tres eran positivos. ¿Se justifica la inversión que estamos dando para generar esos kilowatts de energía? Económicamente podemos decir que nos sale más caro el caldo que los huevos. Esto se evidencia en casos concretos como el de la Asociación de tabacaleros de Garzón (Asotagar):demostró al gobierno, mediante estudios, que el proyecto hidroeléctrico de esa zona, el cual iba a inundar un área siete veces menor que la de El Quimbo, generaría cincuenta empleos mientras que, con cultivos, unos mil doscientos, con lo que se pagarían seis mil millones de pesos en parafiscales y Emgesa (la empresa propietaria del proyecto) no haría el mismo pago ni con tres represas; ahí es mejor promocionar el trabajo campesino: la energía se necesita pero hay que mirar cómo producirla.

La transición energética parte de una reflexión: perdemos más por esa forma de generación y hay alternativas que van desde lo tecnológico (paneles solares, biogás, energía eólica) hasta la eficiencia energética. Esto último es muy importante en la industria pues ésta despilfarra mucha energía; hay procesos de reconversión energética pero muchas corporaciones no lo hacen porque no les interesa y porque la energía hidroeléctrica es barata.

Otro punto, relacionado con lo anterior, es el siguiente: démosle un costo real al kilovatio. Si internalizamos esos costos de tarifa eléctrica, las empresas empiezan a consumir menos; mientras nosotros pagamos el kilovatio a 400 pesos ellos lo pagan a 240 porque la energía es al mayoreo.

Ni en lo popular o en los espacios académicos se sabe ese nivel de detalle. Debatamos si las hidroeléctricas se necesitan y, sobretodo, a nivel de derechos. Colombia es un estado social de derecho y se están tomando decisiones en las que jamás se consulta al pueblo.

Si Petro hubiera ganado las elecciones presidenciales, también hubiera seguido una directriz de los planificadores energéticos, con matices seguramente, pero la lógica hubiese sido la predominante porque los que están pensando no son los gobernantes sino los señores de la dirección nacional de planeación. Con ellos hay que plantear las discusiones de fondo y no quieren hablar con nosotros.

Casos de reducción ya se han visto. Cuando salió de operación Hidroguatapé, el gobierno dijo que volveríamos al apagón del 92 pero lanzaron un programa de reducción de consumo donde “ahorrar paga”: ahí ves a un presidente que sale todas las noches con metas de reducción. Con esas medidas, el país ni se apagó ni paró. Sin embargo, en las cifras que presentaron, jamás reportaron cuánto las empresas mineras reducían sus consumos, yo digo que si no aparecieron es porque no redujeron, ni siquiera lo usaron publicitariamente.

Analicemos el tema de reducción de consumo y empecemos a disminuir las escalas; el problema de la generación hidroeléctrica es porque hay perdidas y no se produce en el lugar que se necesita sino que hay que transportarla y en grandes cantidades, entonces el proyecto no es rentable. Si reducimos las escalas de proyectos de pequeñas centrales hidroeléctricas como otrora.

Hay que pensar en diversificar las tecnologías y lo más importante: hay que propiciar cambios culturales. La transición energética es un camino que no está terminado, hay producciones de textos donde damos las primeras pinceladas. El cambio cultural lo hemos hecho a partir de estufas, paneles; no estamos quietos.

Una cronología de Hidroituango

Ese proyecto fue propuesto a fines de los sesenta y los gobiernos de turno siempre estuvieron interesados en llevarlo adelante. Hubo una puja por construir Hidroituango; se puso como el proyecto más grande de Colombia y eso ha conllevado a que se tomen decisiones apresuradas y regionalistas. En los dos mil, cuando el proyecto realmente se ve que iba a construirse, tuvo una puja de quién lo iba a ejecutar: si los chinos o los colombianos. Finalmente, se decidió que EPM, para mí es estúpida esa competencia porque una cosa es el propietario y otra quién lo construye.

A partir de ese momento, la gobernación decidió invertirle fuertemente al proyecto y se convirtió el mayor accionista del proyecto, a finales de la década de los dos mil. En 2008, se dio la declaración de utilidad pública. En 2009, se profiere la licencia ambiental, que ha sido modificada más de veinticuatro veces.

Hidroituango socializó a mil trescientos habitantes pero…. ¡Ituango tiene 25 mil personas y son varios municipios! Acá el problema es que, si a la socialización llegaron veinte y se demuestra la convocatoria, se cumplió con su requisito. Eso es ridículo y así ha pasado con todos los proyectos hidroeléctricos; se hizo una audiencia pública y muchos no se acuerdan lo que dijeron; se hicieron socializaciones en medio del conflicto armado- ya se habla de más de cien masacres en esa zona-. La gente fue a los espacios de la audiencia pública pero no sabía nada; EPM cumplía con sus protocolos y el proyecto iba para adelante: todo esto ocurrió en 2009.

Además, la audiencia se hizo en una zona donde predomina el control paramilitar y mucha gente no fue sin saber la dimensión de ese evento. En un contexto de guerra hay que valorar estas cosas con respecto a la participación de la sociedad civil. También llegaron algunas personas, movilizadas en los propios buses de la EPM pero muchos no fueron porque dejaban de ganar su ingreso diario. También hubo quienes creyeron que el proyecto iba a traer desarrollo y bienestar; se decía que se iban a emplear miles de personas pero no especificaban que esos contratos eran de dos años y lo peor es que mucha gente que trabajó en esos proyectos hidroeléctricos ya no quiere volver a trabajar la tierra. Este es un fenómeno que impulsa el desplazamiento forzado con desalojos y aumento de costo de vida.

Ahí arrancó un proceso acelerado pues, a partir de la identificación del proyecto (que siempre pasa por tres fases: prefactibilidad, factibilidad y diseño), en Hidroituango fue casi lo mismo la factibilidad y el diseño a pesar de que había técnicos y geólogos que advirtieron fenómenos de deslizamiento que pueden repetirse en cualquier momento. En segundo lugar, estos profesionales enfatizaron en que la construcción se realizó en un macizo rocoso y poroso y plantearon que escogieran otro lugar.

Cuando inició el proceso de construcción, los canales de participación ciudadana fueron mínimos o llegaban a destiempo o eran manipulados. El proyecto se desarrolló bajo la estigmatización del movimiento y, pese a ello, iniciamos unos talleres de licencia ambiental para que los concejales se dieran cuenta que lo que creían del proyecto no era verdad.

En este punto se da algo muy interesante: haces un ejercicio de incidencia local y llegan las elecciones y ocupan los cargos otros colores, otros personajes, entonces es como volver a arrancar de cero. Esta situación nos ha partido porque en algunos casos avanzamos y en otros retrocedemos.

Con en el curso del proyecto, vimos que la empresa hacía cosas muy mal pero, por estar en zona de conflicto, la ANLA no llegaba hasta donde trabajaban en la construcción del mismo; cuando nosotros los invitábamos, nos decían que había zonas vetadas para funcionarios públicos por el tema de seguridad -esto también ocurrió con la unidad nacional de protección pues van a hacer estudios de riesgo pero no van al sitio; nosotros los llamamos y luego dicen que el riesgo es ordinario sin siquiera ir al lugar-.

Nosotros, en el período que fue del 2008 al 2018, tocamos puertas. A todas las instituciones las pusimos al corriente del asunto y ninguna hizo algo, incluida la gobernación de Antioquia, con quien habíamos definido un recorrido por todo el cañón para identificar lo que creíamos que estaba mal, incluyendo la tala del bosque seco tropical que es lo que nosotros decimos causó el taponamiento inicial de los túneles, y no nos pararon bolas y todo el proyecto se puteó.

Se creó una mesa de diálogo con la ANLA y nos enfrascamos en debates muy tontos. El tiempo transcurrió con violación de derechos. A lo último, se puso el tema de víctimas enterradas en el cañón del río Cauca porque ellos hicieron el estudio con robots para ver si había huesos donde iba a estar el muro, entonces les dijimos por qué no hicieron esa misma prospección en todo donde iban a inundar y ellos nunca respondieron.

Después llegó la inundación que anegó algunos sitios de tumbas. Este asunto ha sido difícil porque mucha gente dijo que vio bajar cuerpos por el río y los enterró, haciéndoles cristiana sepultura, pero no dijeron nada a las autoridades porque la fiscalía los perjudicaba: todo eso está bajo las aguas de Hidroituango.

Para mí, hay un elemento fundamental: el cronograma de terminación de obras. En diciembre de 2018, Hidroituango tenía que estar generando energía y, si no generaba, debía pagar una multa a la CREC. Nos enteramos en una audiencia pública del 27 de agosto de 2018, que ofrecieron Setenta mil millones de pesos al consorcio constructor para que acelerara las obras y operara en diciembre del año pasado. Entonces los contratistas trabajaron a toda mierda y, por ejemplo, violaron, en nuestro caso, derechos sociales y ambientales. Hay una perversidad en ese ofrecimiento terrible; un contratista le echó el carro a un compañero nuestro y lo tumbó, lo atropelló pero no lo asesinó… uno empieza a preguntarse qué relación tiene un funcionario de esos y ahora lo entendemos… yo les decía a los empleados de EPM que iban a ganar lo mismo trabajaran o no trabajaran y ahora entiendo, eso sí les importaba porque los retrasaba en obras y no ganaban ese dinero que les ofrecieron.

También se hizo una movilización fuerte porque se evidenció que la empresa tiraba los materiales de construcción al río. Gracias a esto se profirió la resolución 0027 de la ANLA y ya reconocieron el impacto aguas abajo pero no hicieron lo mismo con lo que ocurre aguas arriba. Jamás se hizo una resolución sobre esa zona y en ese documento era donde se debía abordar el asunto de los censos porque, cuando los hicieron por primera vez, ya no había población en la zona…se hicieron los huevones.

El río seco

Ellos utilizan unos términos que engañan a la población, incluso cuando comenzó esta contingencia, hablaron de lleno prioritario y de subirle dos metros al muro pero, cuando no pudieron, decidieron abrir la boca de casa de máquinas para que no llegara el agua a la cresta. Se empezó a ver movimiento de obreros, que fueron los que buscaron los peces y dijeron que iba a haber un secado. La misma ANLA dijo que le avisaron por el cierre de compuertas el mismo día, entonces la autoridad no opera para EPM. Necesitaban cerrar para entrar en casa de máquinas. El secado fue casi de la noche a la mañana; después de que se corta el pulso de agua, desde la represa a Puerto Valdivia son cuarenta minutos y ahí empieza la hecatombe de peces, ¿se puede llamar hecatombe?

El estado del río

Aguas arriba, la gente nunca creyó verlo así. El río es amarillo pero, cuando llega la represa, su curso se vuelve lento, todos los sedimentos se asientan y se ve un paisaje verde; cuando uno lo ve en una foto parece lindo, como pensaría un turista desprovisto, pero quienes vivieron eso saben qué significa. Aguas abajo, el río ha vuelto, aunque nosotros decimos que el agua volvió pero no la vida; el impacto de los peces que se fueron va a tomar no sabemos cuánto tiempo. Por ejemplo, con la ruptura del curso de las aguas de Urrá, al bocachico le ha tomado veinte años en volver; en Sogamoso, el secamiento fue de dos horas y los impactos no terminan. Hoy hay pobreza porque no hay pesca, hay desatención, digamos que el tema Ituango empieza a naturalizarse, y la vida normal no está porque no hay trabajo.

Lo que se espera

Nosotros creemos que es una bomba de tiempo, todas las decisiones son para salvar el proyecto y no a las comunidades. Nosotros le decimos a EPM: si quieren salvar las comunidades, hay que desmantelar el proyecto. Creo que, si esa decisión se toma, no va a llegar porque nosotros la pedimos sino porque ellos van a ver que es más barato desmantelar que seguir jodiendo o porque el macizo rocoso cederá y habrá una catástrofe que va a cobrar vidas porque hay gente que insiste que no va a pasar nada; ya hemos hecho lo suficiente para alertar pero no todos obedecen.

Nuestra expectativa, en cuanto a reconocimiento de derechos, las veo muy inundadas, más aún si el proyecto colapsa porque se declararán en bancarrota y no habrá dinero sino para reparar daños que no tengan que ver con impactos culturales o ambientales, todo eso va a entrar a la lista de pasivos.

En cuanto a organización local, habrá mucho trabajo, vamos a seguir trabajando en lo que sabemos: crear alternativas energéticas con el buen vivir en comunidades, con quienes trabajamos en occidente y norte de Antioquia. Esto estaba dentro de nuestros pronósticos: los peores impactos llegan con la inundación.

Las perspectivas son seguir para crear condiciones de vida dignas en el territorio porque, con represa o sin represa, hay impactos en la productividad; por ejemplo, cuando la gente tenga menos ingresos tendremos que hacer algo. Hay que trabajar en clave de futuro.

Soberanía energética e hídrica

La soberanía hídrica se fundamenta en el poder de decidir sobre nuestras aguas, es decir, que sea una decisión local sobre el manejo de las aguas. Respecto a la soberanía energética, entendemos que la producción de energía puede realizarse por empresas públicas y comunitarias; nosotros discutimos que no defendemos lo público por lo público sino que defendemos la lógica de lo público para ofrecer un servicio sin ánimo de lucro con calidad y suficiencia, tanto en energía como acueducto.

La soberanía energética no es defender a Ecopetrol, incluso nosotros decimos: Ecopetrol, sí, pero con una lógica de transición. Por ejemplo, hay que cambiar el Instituto colombiano de petróleo por Instituto colombiano de la energía, que las inversiones vayan al desarrollo y promoción de energías alternativas porque, hoy día, compramos paneles y baterías a China y molinos eólicos y turbinas a Europa; si hacemos eso a nivel local podemos aumentar la rentabilidad de los proyectos.

También pensamos que debe haber una mayor transferencia de conocimientos, es decir, que lo ideal es que la comunidad gestione su energía, que monte sus paneles solares, que sepa su capacidad instalada, medir las baterías, detectar los daños en los casos que sea posible y reparar en los casos que sea posible.

Finalmente, no podemos hablar de soberanía energética sin una soberanía alimentaria, la cual implica plantearse todo el sistema de producción de alimentos porque si algo produce, después del transporte, la mayor cantidad de demanda de energía, es la producción de alimentos.

Conclusión

Yo creo que este es un proyecto que se salió de las manos, es decir, que no ha podido ocultar lo que sí han ocultado en otros proyectos hidroeléctricos. El mundo debe generar sus propias reflexiones locales porque yo no creo que este sea el drama de los afectados de Hidroituango sino el drama de la humanidad. Hay un problema pero no entendemos cómo nos afecta la vida, y hay una responsabilidad en la gente de poder garantizar ese futuro; todo esto depende de la capacidad de análisis de la actualidad y cómo actuamos para transformar esa realidad porque gente de izquierda o derecha nos ha dicho que las represas son necesarias y les decimos: ¿dónde queda su casa? Si la inundamos, ¿estaría de acuerdo? Y ellos contestan que no.

Hidroituango valoraban las casas de los barequeros a siete millones. Decían que era mucho porque eran simples ranchos de plástico; los barequeros no aceptaron esa tasación porque ese es su lugar de habitación. Además, la empresa les dice que se vayan del lugar, a la ciudad, y allá ese dinero no va a servir para comprar una casa. Debemos aportar hacia allá, despertar una sensibilidad que es responsabilidad de todos y aportar desde lo local.

Yo te diría dos cosas: al Movimiento Ríos Vivos nos ha afectado todo esto porque, incluso, nos cambiaron el nombre; dijeron que éramos un “río de vivos” porque perseguíamos solo la plata, nos lo puso la misma gente a favor del proyecto, las empresas, los medios, pero si se miran nuestras demandas, lo último que queremos es la plata: un movimiento que solo pide dinero, no hubiera durado tanto.

Lo otro es el pago. Hay una ponencia de Iván Cepeda en el senado, en 2016, donde demuestra que EPM pagó cincuenta y cinco mil millones de pesos al ejército y la policía, eso es privatización de la fuerza pública. Ahí entendimos por qué nos hicieron una captura masiva en 2013, sin razón aparente, porque entendían que tenían que defender el proyecto. Esto también ha ocurrido con empresas minero energéticas que han suscrito contratos con fuerza pública, los cuales han sido negados sistemáticamente por la policía. Cepeda logró entrar a archivos privados, pero no le permitieron fotografiar y consignó lo que pudo.

El tema del conflicto armado en las regiones es alarmante. Nosotros hemos sufrido más de cien masacres, algo parecido ocurrió en Hidrosogamoso, en donde han asesinado a más de ocho líderes. Todo esto ha beneficiado a los proyectos… ¿quién hizo eso? no lo sabemos. En Guatemala, más de cuatrocientas personas fueron asesinadas por el proyecto Chixoy y se estigmatizó a los líderes de los grupos que se resistían.