Estudio analiza contradicciones en política ambiental de Evo Morales

La investigación  Un año crucial para la política de la conservación en Bolivia, publicada en la revista científica Nature Ecology and Evolution, evalúa los tres periodos del gobierno de Morales, precisamente desde una perspectiva ambiental.

En su evaluación, el estudio menciona el liderazgo de Bolivia en tema ambientales, sobre todo, por su reconocimiento legal a los derechos de la naturaleza y su participación decisiva en la formulación de compromisos internacionales como ha sido el caso del Acuerdo de París sobre cambio climático. Sin embargo —precisa el estudio— el gobierno ha aprobado actividades nocivas para el medio ambiente que amenazan la red de áreas protegidas y los territorios indígenas de Bolivia.

Historia de contradicciones en Bolivia

Alfredo Romero, investigador principal del estudio y miembro del Departamento de Geografía de la Universidad de Humboldt, en Berlín, Alemania, asegura que las políticas positivas son declarativas y que realmente no se implementan. “Son 13 años de políticas contradictorias. Parece que las cosas van bien primero, pero luego se aprueban normas que van en contra del medio ambiente”.

La investigación ofrece un panorama de lo que sucede en las áreas naturales protegidas (ANP) amenazadas por la rápida expansión de fronteras extractivas. “Bolivia tiene actualmente la segunda mayor proporción de áreas protegidas bajo intensa presión humana en toda Sudamérica, a pesar de tener una de las menores densidades de población”, señala el documento académico.

Un cuadro comparativo expone, además, las contradicciones que se han presentado desde el 2006 hasta el 2018 entre las medidas que representaban un avance para la conservación de la naturaleza y aquellas que significan un retroceso para las mismas.

En este esquema se observa, por ejemplo, que en el año 2007 Bolivia respalda la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero el mismo año se declara como prioridad nacional la construcción de las represas El Bala y El Chepete, ubicadas dentro de territorios indígenas.

Otro ejemplo, precisa el documento, se da en el 2010 cuando se aprueba la Ley de los Derechos de la Madre Tierra, el mismo año que se autoriza la construcción de la carretera que divide en dos el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), decisión que ha ocasionado, más de una vez, protestas en contra del proyecto e incluso la suspensión del mismo. “El gobierno quiere construir una carretera que pasa por el corazón del territorio indígena y el parque nacional donde existen cuatro pueblos indígenas distintos, cuya forma de vida sería completamente afectada por este proyecto”, comenta Romero.

Los investigadores exponen por lo menos 11 medidas legislativas o discursos a favor de la naturaleza que se contradicen con un número similar de medidas adoptadas desde el primer año del gobierno de Morales. “Si esas son las políticas que se implementan, que son nocivas para el medio ambiente, se está irrespetando la Constitución Política del Estado y violando los derechos de la Madre Tierra”, declara Romero.

Para Marco Gandarillas, responsable de incidencia política del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), quien ha podido revisar la reciente publicación, más que contradicciones en la política ambiental de Bolivia, lo que existen son políticas prácticamente inexistentes.

Gandarillas considera que el estudio hace una evaluación certera de la situación ambiental en Bolivia, pero sugiere profundizar en el análisis de las medidas adoptadas en favor del medio ambiente. Desde su perspectiva, estas políticas no se contradicen con las acciones porque no tienen efecto jurídico sobre la economía. “Un análisis más profundo de las normas adoptadas en estos años nos muestra que no hay oposición, sino que estas son meramente publicitarias”.

La exploración de hidrocarburos, la construcción de represas, la ejecución de carreteras y la expansión agrícola se ponen bajo la lupa en este estudio.

En el caso de la extracción de petróleo y gas, en el 2015, el Gobierno emitió el Decreto Supremo 2366 que aprobó la exploración de hidrocarburos dentro de las áreas protegidas de Bolivia. La investigación precisa que, actualmente, 11 de las 22 áreas protegidas nacionales se superponen con concesiones de gas y petróleo. “Casi la mitad de la expansión de la frontera de hidrocarburos en la Amazonía entre 2008 y 2015 se produjo en Bolivia. Esto incluye la exploración de hidrocarburos dentro del Parque Nacional Madidi”, puntualiza el documento.

Al respecto, Gandarillas sostiene que la flexibilización ambiental es anterior al gobierno de Morales. Recuerda que en 1992 se aprobó la primera ley ambiental en Bolivia, pero también se generó la primera exclusión que favorecía al sector hidrocarburos. “Cuando llegamos al gobierno de Evo Morales ya había un marcado deterioro de la institucionalidad normativa ambiental. Teníamos legislación, pero con un sinnúmero de excepciones”.

Gandarillas agrega, sin embargo, que en el 2010, durante el gobierno de Morales, sí se publicó una medida que priorizaba la inversión pública en los sectores de hidrocarburos, minería, energía y carreteras.

Un año crucial para Bolivia

Otro aspecto analizado en el estudio se refiere a las carreteras. La investigación indica que Bolivia ha priorizado el desarrollo de estas para promover la integración nacional y facilitar el acceso al mercado a los productores rurales. Sin embargo, considera que la expansión de vías, sin precedentes, está abriendo extensas áreas con alto valor biológico a la invasión agrícola, la deforestación y la sobreexplotación. “Al menos nueve áreas protegidas en la Amazonía boliviana ya están fragmentadas por las carreteras”, se lee en la investigación.

También la generación de energía mediante la construcción de represas se analiza en Un año crucial para la política de la conservación en Bolivia. En el informe académico se precisa que actualmente existen 21 hidroeléctricas en Bolivia, otras cuatro están en construcción y hay 11 propuestas encaminadas. De estas últimas, nueve proyectos están ubicados dentro de áreas protegidas o a menos de cinco kilómetros de ellas.

La expansión agrícola es otro de los problemas estudiados. En el 2014 —dice el documento— el gobierno boliviano anunció planes para ampliar la superficie agrícola del país de 3.5 a 13 millones de hectáreas en la siguiente década. “Los principales focos de deforestación en América del Sur están desplazándose desde Brasil hacia Bolivia”, enfatiza la investigación.

La investigadora en temas de extractivismo y recursos naturales, Georgina Jiménez, recuerda que los derechos de la naturaleza reconocidos durante el gobierno de Morales no han sido una iniciativa del gobernante, sino un reclamo de varios sectores de la población que presionaron para que se concrete durante la gestión del actual presidente.

Pero lo que más preocupa a Jiménez es que las políticas extractivistas están en contra de la propia Constitución del país. “Las normas sobre minería han sido negociadas con los empresarios del sector; la consulta previa para los pueblos indígenas ha sido desvirtuada y se ha convertido en un mero trámite administrativo. No tenemos un gobierno pro derechos de la naturaleza, sino que está tratando de aprovechar los recursos que aún quedan en el país”.

La experta en recursos naturales destaca también que los pueblos indígenas de Bolivia se han unido en una coalición para hacer frente a las políticas extractivistas. “Dentro de un ambiente incierto y desalentador hay experiencias que están tomando protagonismo en defensa del medio ambiente”.

Hace una semana, el presidente Evo Morales dijo que si bien es obligación del gobierno cuidar el medio ambiente, también tienen que velar por el bienestar de los bolivianos.

“No podemos perjudicarnos entre nosotros, es nuestra obligación cuidar el medio ambiente pero también tenemos todo el derecho de explotar los recursos naturales en beneficio del país”, declaró Morales durante una ceremonia de entrega de obras en Muyupampa, Chuquisaca.

El mandatario también se refirió a los planes de inversión en ese departamento, donde se tiene previsto un gasto de más de 2000 millones de dólares en proyectos de hidrocarburos “Quiero pedir a ustedes que, si hay otra vez inversiones, ojalá que no haya otros hermanos que perjudiquen las inversiones”.

Claire Wordley, coautora del estudio e investigadora del Departamento de Zoología de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, señala que en este año electoral es importante conseguir un discurso serio sobre las políticas medioambientales. “Con demasiada frecuencia, el medio ambiente no se considera un tema importante. Pero el concepto de la Pachamama reconoce que todos estamos interconectados y que, si la naturaleza no prospera, entonces nosotros tampoco”.

La investigación sugiere formas para equilibrar el bienestar humano y la conservación de la naturaleza en el país. Entre ellas menciona la prohibición de la construcción, perforación y proyectos mineros en áreas naturales protegidas, así como una planificación del uso de la tierra basada en la ciencia y la participación de los pueblos en las decisiones. También se propone dejar de lado el uso de combustibles fósiles, megarrepresas y biocombustibles para producir energía, e invertir en energía solar y eólica.

Wordley menciona que según la Encuesta Mundial de Valores en Bolivia 2017, más del 73 % del pueblo boliviano considera la protección del medio ambiente más importante que el crecimiento económico. “Desde el punto de vista de la gente, es uno de los países más favorables al medio ambiente del mundo”.

Fuente: Mongabay