Hidroituango: “Si quieren salvar las comunidades, hay que desmantelar el proyecto”

En Puerto Valdivia –norte de Antioquia–, el río Cauca se convirtió en un sendero de charcos, peces muertos y barro luego de que la empresa EPM (Empresas públicas de Medellín) decidiera cerrar la última compuerta de su proyecto Hidroituango el cinco de febrero de 2019, generando así una hecatombe ambiental.

Para fortuna del gobierno y la empresa, el espectáculo de la llamada “ayuda humanitaria” a Venezuela amainó el espanto del desecamiento de un río a manos de una empresa privada. Con el río Cauca cada vez más ensombrecido por las noticias del último momento, en marzo, en conmemoración del día mundial del agua, tomaron cuerpo marchas en distintos lugares de Colombia, eventos a los que asistió Juan Pablo Soler, uno de los líderes del Movimiento Nacional Ríos Vivos –agrupación que lucha por la protección de las diferentes cuencas hidrográficas y sus territorios en Colombia–, quien nos brindó una entrevista que devino en una conferencia completa sobre la historia de las represas y los movimientos que luchan en su contra en el país. A continuación, apartes de la misma.

Andrés Felipe Escovar (AFE). ¿Cuál fue el origen del Movimiento Ríos Vivos en Colombia?

Juan Pablo Soler (JPS). Varios procesos de afectados por las represas del país vimos la necesidad de crear un espacio donde juntarnos todos los afectados, de allí nació la Red Nacional de Pueblos Afectados y Amenazados por Represas y Trasvase, en 2006. Pasado un tiempo, vimos que esta red se estancó porque únicamente nos limitábamos a distribuir información y hacer denuncias sobre las represas. Para el año 2011 decidimos realizar una movilización que, comparándola con ejercicios de otros años, fue masiva, lo que nos llevó a concluir que había que revisar el tema de la Red e ir hacia otro lado. Esta discusión nos llevó a la decisión de recrear el Movimiento Ríos Vivos en torno a tres objetivos:

1. Defensa de los derechos de los afectados, es decir comunidades afectadas.
2. Permanencia en el territorio en condiciones dignas.
3. Trabajar por la transición energética, al tiempo que decimos no a las represas.

AFE. ¿Desde qué momento surgió conciencia sobre el daño ocasionado por la construcción de represas en el país?

JPS. Desde que se implementaron estos proyectos ha habido conciencia del impacto que tienen. En los cincuenta del siglo pasado se dio un auge en la construcción de embalses como los de Anchicaya, Neusa y Sisga. En los sesenta se construyeron proyectos como los de Chivor, Tominé y Chingaza. Ya en los años ochenta, a raíz de la construcción del embalse Salvajina, ubicado en el municipio de Suárez (Cauca), se firmó un documento que es actual: el acta de 1986, suscrita con la Corporación autónoma regional del Valle del Cauca –CVC–, que era la propietaria del proyecto, en donde se estableció centro de salud, carretera, trabajo. De esa acta, hasta hoy, se ha cumplido el 15 a 20 por ciento. Este negocio se vendió a la Empresa de Energía del Pacífico –Epsa–, luego a Unión Fenosa y, esta, al gremio antioqueño: las empresas dicen que esa acta del 86 la firmó la comunidad afectada con el gobierno y entonces no tienen por qué responder.

En 1998 el proyecto Urrá, generó múltiples conflictos tanto ambientales como sociales, pues en este tiempo fue el auge del paramilitarismo en Córdoba, en Montes de María y en el Nudo de Paramillo. Ejemplo de esto fueron las declaraciones de Salvatore Mancuso –comandante paramilitar– quien sostendría que a Kimy Pernía –líder indígena Embera Katío– lo asesinaron por oponerse al proyecto hidroeléctrico. Esto trae consigo algo más complejo: saber la verdad sobre los autores que le dieron la orden a Mancuso. Necesitamos conocer la verdad para la no repetición, y la verdad no es quién jaló el gatillo sino quién ordenó el asesinato.

En Urrá, en la década de los noventa, el inconformismo fue creciendo gracias al conocimiento e intercambio de experiencias con gente de la Comisión Mundial de Represas en Brasil, con quienes se realizaron experiencias de diálogo de pescador a pescador. Una metodología que nos impactó, pues cuando pones a un pescador con otro, se escuchan y entienden mutuamente. Entonces fue mediante estos intercambios que los integrantes de la Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande del Bajo Sinú –Asprocig– tomaron conciencia de lo que iban a perder con la represa y así se construyó un proceso de oposición a los efectos que el proyecto iba a tener en los manglares del Sinú.

En 2008 se licenciaron tres proyectos: Hidrosogamoso, El Quimbo e Hidroituango. Lo más aberrante del último caso es que se declaró la utilidad pública de un terreno sin que se hubiera emitido la licencia ambiental.

AFE. ¿En qué consiste la utilidad pública?

JPS. En que, a partir de estudios, se hace un polígono con coordenadas de lo que hay dentro y esto tiene que venderse al propietario del proyecto hidroeléctrico al precio que determine una comisión tripartita constituida por un representante de la comunidad, uno de la empresa y otro del gobierno. En el caso de Hidroituango, el precio del metro cuadrado fue de 172 pesos, aún no sabemos cómo el representante aceptó eso.

Retomando: salió la utilidad pública sin licencia ambiental y era en ella donde debía haber un estudio que precede a cualquier decisión sobre la utilidad y, por lo tanto, el terreno declarado fue más allá de donde debía. Hoy vemos que, en el embalse de Sogamoso, hay franjas de fincas que están frente a este y son las que luego harán el negocio del turismo y por eso es que compraron la finca completa. Entonces, viene otra pregunta: ¿EPM a quién les venderá la finca? Se desconoce por qué los ministerios de salud, ambiente y los demás permitieron cosas como esas.

En Hidroituango dieron licencia en 2009 y todavía hoy no terminan de construir el proyecto, los efectos siguen y siguen. Digamos que uno podría decir cuándo uno empieza a sentir los cambios por un proyecto como esos, pero no cuándo se acaban los efectos porque estos pueden extenderse por décadas.

AFE. ¿Podría hacernos una cronología del proyecto Hidroituango en su ejecución y consecuencias sociales y culturales?

JPS. Fue propuesto a fines de los sesenta y los gobiernos de turno siempre estuvieron interesados en llevarlo adelante. Hubo una puja por construirlo. Se puso como el proyecto más grande de Colombia y eso ha conllevado a que se tomen decisiones apresuradas y regionalistas. Es hasta iniciado el nuevo siglo, cuando el proyecto realmente da pistas de ser construido, hubo una puja por quién lo iba a ejecutar: si los chinos o los colombianos. Finalmente, se decidió que EPM, para mí es estúpida esa competencia porque una cosa es el propietario y otra quién lo construye.

A partir de ese momento, la gobernación de Antioquia decidió invertir y se convirtió en el mayor accionista del proyecto a finales de la década de los dos mil. En 2008, se dio la declaración de utilidad pública. En 2009, se profirió la licencia ambiental, que ha sido modificada más de veinticuatro veces.

El proyecto de Hidroituango se socializó a mil trescientos habitantes, pero ¡Ituango tiene 25 mil personas y son varios municipios! Acá el problema es que, si a la socialización llegaron veinte y se demuestra la convocatoria, se cumplió con su requisito. Eso es ridículo y así ha pasado con todos los proyectos hidroeléctricos; se hizo una audiencia pública y muchos no se acuerdan lo que dijeron; se hicieron socializaciones en medio del conflicto armado –ya se habla de más de cien masacres en esa zona–. La gente fue a los espacios de la audiencia pública pero no sabía nada; EPM cumplía con sus protocolos y el proyecto iba para adelante: todo esto ocurrió en 2009.

Además, la audiencia se hizo en una zona donde predomina el control paramilitar y mucha gente no fue porque no entendían la dimensión de ese proyecto. En un contexto de guerra hay que valorar estas cosas con respecto a la participación de la sociedad civil. A la audiencia llegaron algunas personas, movilizadas en los propios buses de EPM pero muchos no fueron porque dejaban de ganar su ingreso diario. También hubo quienes creyeron que el proyecto iba a traer desarrollo y bienestar; se decía que se iban a emplear miles de personas, pero no especificaban que esos contratos eran de dos años y lo peor es que mucha gente que trabajó en esos proyectos hidroeléctricos ya no quiere volver a trabajar la tierra. Este es un fenómeno que impulsa el desplazamiento forzado con desalojos y aumento de costo de vida.

Cuando inició el proceso de construcción, los canales de participación ciudadana fueron mínimos, llegaban a destiempo o eran manipulados. El proyecto se desarrolló bajo la estigmatización del movimiento y, pese a ello, iniciamos unos talleres de licencia ambiental para que los concejales se dieran cuenta que lo que creían del proyecto no era verdad.

En este punto se da algo muy interesante: haces un ejercicio de incidencia local y llegan las elecciones y ocupan los cargos otros colores, otros personajes, entonces es como volver a arrancar de cero. Esta situación nos ha partido porque en algunos casos avanzamos y en otros retrocedemos.

Con en el curso del proyecto, vimos que la empresa hacía cosas muy mal pero, por estar en zona de conflicto la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales –Anla– no llegaba hasta donde trabajaban en la construcción del mismo; cuando nosotros los invitábamos, nos decían que había zonas vetadas para funcionarios públicos por el tema de seguridad –esto también ocurrió con la Unidad Nacional de Protección, pues van a hacer estudios de riesgo pero no van al sitio, nosotros los llamamos pero luego decían que el riesgo era ordinario sin siquiera haber ido al lugar.

Nosotros, en el período que fue del 2008 al 2018, tocamos puertas. A todas las instituciones las pusimos al corriente del asunto y ninguna hizo algo, incluida la gobernación de Antioquia, con quien habíamos definido un recorrido por todo el cañón para identificar lo que creíamos que estaba mal, incluyendo la tala del bosque seco tropical que es lo que nosotros decimos causó el taponamiento inicial de los túneles. No nos pararon bolas y todo el proyecto se puteó.

Se creó una mesa de diálogo con la Anla y nos enfrascamos en debates muy tontos. El tiempo transcurrió con violación de derechos. A lo último, se puso el tema de víctimas enterradas en el cañón del río Cauca porque ellos hicieron el estudio con robots para ver si había huesos donde iba a estar el muro, entonces les dijimos por qué no hicieron esa misma prospección en toda la zona que iban a inundar y ellos nunca respondieron.

Después llegó la inundación que anegó algunos sitios de tumbas. Este asunto ha sido difícil porque mucha gente dijo que vio bajar cuerpos por el río y los enterró, haciéndoles cristiana sepultura, pero no dijeron nada a las autoridades porque la fiscalía los perjudicaba: todo eso está bajo las aguas de Hidroituango.

Para mí, hay un elemento fundamental: el cronograma de terminación de obras. En diciembre de 2018, Hidroituango tenía que estar generando energía y, si no generaba, debía pagar una multa a la Comisión de Regulación de Energía y Gas –Creg–. Nos enteramos en una audiencia pública del 27 de agosto de 2018, que ofrecieron setenta mil millones de pesos al consorcio constructor para que acelerara las obras y operara en diciembre del año pasado. Entonces los contratistas trabajaron a toda mierda y, por ejemplo, violaron, en nuestro caso, derechos sociales y ambientales. Hay una perversidad en ese ofrecimiento terrible; un contratista le echó el carro a un compañero nuestro y lo tumbó, lo atropelló, pero no lo asesinó… uno empieza a preguntarse qué relación tiene un funcionario de esos y ahora lo entendemos… yo les decía a los empleados de EPM que iban a ganar lo mismo trabajaran o no trabajaran y ahora entiendo, eso sí les importaba porque los retrasaba en obras y no ganaban ese dinero que les ofrecieron.

También se hizo una movilización fuerte porque se evidenció que la empresa tiraba los materiales de construcción al río. Gracias a esto se profirió la resolución 0027 de la Anla y ya reconocieron el impacto aguas abajo pero no hicieron lo mismo con lo que ocurre aguas arriba. Jamás se hizo una resolución sobre esa zona y en ese documento era donde se debía abordar el asunto de los censos porque, cuando los hicieron por primera vez, ya no había población en la zona… se hicieron los huevones.

AFE. Luego del secamiento del río por parte de EPM, ¿Cuál es el estado actual del río y la región?

JPS. Aguas arriba, la gente nunca creyó verlo así. El río es amarillo, pero, cuando llega a la represa, su curso se vuelve lento, todos los sedimentos se asientan y se ve un paisaje verde; cuando uno lo ve en una foto parece lindo, como pensaría un turista desprevenido, pero quienes vivieron eso saben qué significa. Aguas abajo, el río volvió, pero no la vida; el impacto de los peces que se fueron va a tomar no sabemos cuánto tiempo. Hoy hay pobreza porque no hay pesca, hay desatención, digamos que el tema Ituango empieza a naturalizarse, y la vida normal no está porque no hay trabajo.

AFE. ¿Qué situación avizoran para ustedes en el futuro cercano?

JPS. Nosotros le decimos a EPM: si quieren salvar las comunidades, hay que desmantelar el proyecto. Creo que, si esa decisión se toma, no va a llegar porque nosotros la pedimos sino porque ellos van a ver que es más barato desmantelar que seguir en eso o porque el macizo rocoso cederá y habrá una catástrofe que va a cobrar vidas, pero hay gente que insiste que no va a pasar nada; ya hemos hecho lo suficiente para alertar, pero no todos escuchan.

Nuestra expectativa en cuanto a reconocimiento de derechos, las veo muy inundadas, más aún si el proyecto colapsa porque se declararán en bancarrota y no habrá dinero sino para reparar daños que no tengan que ver con impactos culturales o ambientales, todo eso va a entrar a la lista de pasivos.

Respecto a organización local, habrá mucho trabajo, vamos a seguir trabajando en lo que sabemos: crear alternativas energéticas con el buen vivir en comunida3des, con quienes trabajamos en occidente y norte de Antioquia. Esto estaba dentro de nuestros pronósticos: los peores impactos llegan con la inundación.

Las perspectivas son seguir para crear condiciones de vida dignas en el territorio porque con represa o sin represa, hay impactos en la productividad, por ejemplo, cuando la gente tenga menos ingresos tendremos que hacer algo. Hay que trabajar en clave de futuro.

Fuente: Desde Abajo