Megaproyectos

Juan Pablo Soler advirtió que las grandes corporaciones hablan de transición energética, pero no piensan cambiar el modelo.

El Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN) presentó su sentencia por el caso de los múltiples derechos de los pueblos indígenas vulnerados por la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos a través del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Según EPM, el hecho que obligó a la evacuación de 105 empleados no reviste riesgo ni para el proyecto, ni para las comunidades aguas abajo.

Las organizaciones abajo firmantes se solidarizan con las comunidades guatemaltecas que se resisten pacíficamente al proyecto de la mina de oro, Progreso VII Derivada de Kappes, Cassiday & Associates (KCA), al tiempo que la empresa presenta una demanda arbitral por $300 millones de dólares contra Guatemala ante el Centro Internacional para el Arreglo de Disputas relativas a Inversiones (CIADI) por supuestas violaciones del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (CAFTA-DR).

El 24 de abril pasado, el Presidente Lenín Moreno hizo público el Decreto Ejecutivo No. 722, en el que ordena al Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables la "actualización, definición y emisión de la nueva política minera" así como los lineamientos para su "ejecución y aplicación".

El representante mapuche recibió el prestigioso Premio Ambiental Goldman por organizar a comunidades de la Araucanía e impedir la construcción de dos proyectos hidroeléctricos. Pero Curamil no viajó a Estados Unidos a recibir su galardón ya que permanece en la cárcel desde agosto de 2018. Te contamos por qué.

Desde la supuesta consulta del llamado Tren Maya, ha habido poco debate respecto a los impactos so­ciales y ambientales del proyecto. El ahora titular de FONATUR, Rogelio Jiménez Pons, se ha limitado a reproducir un discurso que silencia las necesidades de las comunida­des campesinas e indígenas y prioriza los deseos de inver­sión de las empresas como si éstas fueran a solucionar las condiciones de crisis social y ambiental que produce vez tras vez el patrón de acumulación de capital.

Policías, militares y guardias privados de empresa PROGELSA dispararon con gases y balines a pobladores que controlan territorio.