Nuevo Plan de Desarrollo y el lavado verde de la contaminación

Nuevo Plan de Desarrollo y el lavado verde de la contaminación, respuestas de México para la crisis climática

Tras el anuncio del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019 -2024, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la administración pública “no se ajustará a los dictados de los organismos financieros internacionales” y pese a ello obtendrá para 2024 un crecimiento económico del seis por ciento en el Producto Interno Bruto (PIB) al final de su periodo y “cuatro por ciento en promedio anual, al doble de lo que se creció en el periodo neoliberal en 36 años”.

No obstante el discurso oficial que proclama “el final de las políticas neoliberales en México”, la gestión económica actual opera bajo el marco jurídico reformado en el periodo de Enrique Peña Nieto, el cual continúa las políticas que promueven la inversión nacional y extranjera para sectores claves de la economía mexicana como el de la construcción de infraestructura energética, principalmente para la extracción y refinación petrolera en Dos Bocas Tabasco, así como en la construcción de megaproyectos como el Corredor Transístmico en Oaxaca y el Tren Maya en Chiapas.

“Al ponernos una camisa de fuerza nosotros, de no gastar más de lo que ingresa, quiere decir que el motor de la economía será el sector privado”, declaró el ahora jefe de la oficina de la presidencia, el empresario Alfonso Romo, mientras difundía la promesa del nuevo gobierno de izquierda: “México será un paraíso de inversión”.

Romo fungió como coordinador del Proyecto de Nación presentado en el año 2017, documento donde se plasman los fundamentos para las políticas públicas que proponía el equipo de AMLO, entonces candidato presidencial por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ya instalado en el sector público en 2019, el empresario ha vinculado a los personajes mas ricos de México en el Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia. En dicho grupo convergen ocho de los dueños de las mayores industrias: telecomunicaciones, construcción, bancos, televisoras, hoteles, aerolíneas, entre otras, quienes coordinados por Alfonso Romo se reunirán bimestralmente con AMLO para influenciar sus acciones y planes en materia económica.

El consejo se encuentra vinculado con la estructura del gobierno federal pues cuenta con representación de las secretarías de agricultura, comunicaciones, economía, energía, hacienda, medio ambiente, relaciones exteriores y trabajo, con lo cual se discutirán estrategias transversales para las alianzas de inversión pública y privada en México.

Otros funcionarios federales como la secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín, han señalado el eje de su política económica al destacar que “en el nuevo PND están convocados los diversos sectores económicos con quienes tienen una estrecha relación, a través de un trabajo cotidiano, nuestras acciones buscan conciliar las necesidades particulares con el interés general”.

Inversión a fósiles y el lavado verde

Incluso meses antes de la toma de posesión de AMLO, en todo el territorio nacional diversos sectores sociales han manifestado su inconformidad ante las políticas del nuevo gobierno que confluyó en el variopinto grupo de Morena.

Campesinos demandan la cancelación de megaproyectos en sus tierras y denuncian el mal uso de las “consultas populares”; organizaciones civiles exigen la liberación de presos políticos y la desmilitarización del país; indígenas reclaman respeto a sus formas organizativas, sus semillas nativas, sus territorios.

“Les digo que no anden inventando que va a venir inversión extranjera y que vienen los extranjeros a apoderarse del Istmo. Mentira, todo lo vamos a hacer con inversión pública y si hay participación de inversión privada va a ser de mexicanos, no va a haber extranjeros”, enfatizó López Obrador en una de sus recientes visitas a Juchitán, Oaxaca, en la que improvisó una “consulta” a mano alzada a favor de la construcción del Corredor Transístmico.

Muy al contrario, los pueblos de la región del Istmo han denunciado la manipulación del mecanismo de “consulta” emprendida por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para legitimar un proyecto que continúa la inversión proyectada en las Zonas Económicas Especiales (ZEE) decretadas por el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto.

En consonancia con sus acciones, la continuidad en las políticas neoliberales desde la nueva administración dirigida por Morena le otorgan a México ser catalogado como el  noveno mejor país del mundo para invertir, de acuerdo a reportes del Foro Económico Mundial.

Entre las principales industrias con las cuales la autodenominada Cuarta Transformación conseguirá la inyección de capital para alcanzar las tasas de crecimiento económico prometidas son, en primera instancia, las que están vinculadas con los mayores motores de la crisis climática global: la extracción de petróleo, carbón, gas, e incluso el uso del fracking, apuestas del nuevo gobierno para que México procure su autosuficiencia energética.

Por ello, mientras en el PND solo menciona fugazmente el “desarrollo sostenible”, el gobierno de izquierda pretende reverdecer su imagen mediante la operación de programas como Sembrando Vida, cuyo objetivo al “reforestar” busca insertar territorios campesinos del sureste mexicano para la producción de plantas tropicales a comercializarse en los mercados nacionales y extranjeros.

“En el mundo existen muchos recursos financieros que están buscando países con potencial de mercado y necesidades de proyectos de inversión”, manifestó Romo durante el anuncio de creación del Consejo Asesor Empresarial en febrero del 2019.

En dicha reunión, Romo destacó el papel de los empresarios reunidos en ese momento para obtener “financiamiento para los sectores y regiones estratégicos del Proyecto de Nación, en concordancia con la Agenda 2030 (de la ONU) y el Plan Nacional de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”.

Como parte de ese lavado verde, el gobierno mexicano asume sin chistar las principales directrices emitidas por el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos financieros bajo los proyectos de la ONU y las ONGs de conservación, principales promotores de la implementación de los objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y el Acuerdo de Paris en materia de cambio climático.

Mientras en el mundo industrializado de 2019 los jóvenes realizan protestas para demandar un plan contra el calentamiento global, el sistema financiero apoyado por la ONU vocifera la solución a la catástrofe inminente: la consolidación de los mercados verdes para poner precio a los bosques en su afán de “reducir” las emisiones de contaminantes causantes de la crisis climática.

Al tiempo que aumentan las movilizaciones en demanda de acciones concretas como la de mantener los combustibles fósiles bajo el suelo, en Europa, el precio de las emisiones en el mercado de créditos de carbono, o permisos para contaminar, ha incrementado significativamente su valor. Sólo desde 2017 hasta abril de 2019 ha aumentado cinco veces su precio, al pasar de 5 a 25 euros.

Con ello, el boyante negocio de los mercados verdes se consolida gracias a los  promotores de estos mecanismos, quienes pertenecen al sector más sucio del planeta: las industrias extractores de combustibles fósiles.

Ante la publicación en mayo de 2019 de un informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) donde se demuestra que la actividad humana está amenazando la existencia de más de un millón de especies de plantas y animales, más que nunca antes en la historia de la humanidad, cabe preguntarse si confiar al mercado el futuro del planeta es una acción responsable.

Pueblos indígenas, acciones reales contra la catástrofe ambiental

Ante el asombro de los medios masivos de comunicación ante el acelerado proceso de extinción actual, la actividad de los pueblos originarios también fue señalada en el informe del IPBES como fundamental en la conservación del medio ambiente y las especies naturales.

Por lo menos en un cuarto de las tierras mundiales, las comunidades indígenas preservan sus bienes comunes pues mantienen autonomía ante las fuerzas económicas del planeta. Al contrario del discurso global de “desarrollo”, los pueblos originarios utilizan bienes como el agua o los bosques de manera que se puedan preservar para generaciones futuras.

Sin embargo, debido a los procesos de colonización, el esfuerzo de los pueblos indígenas alrededor del mundo se ven mermados por entre otras, las industrias extractivas, emprendimientos de infraestructura energética y el despojo de tierras para la agroindustria.

Por ello, el informe de la ONU destaca el que “en muchas regiones las tierras indígenas se están convirtiendo en meras islas de diversidad biológica y cultural, rodeadas de extensas áreas biológicamente deterioradas”.

¿Emergencia mundial? u ¿oportunidad de negocios?

En Londres, Inglaterra, desde el 15 de abril de 2019 y por espacio de una semana, miles de personas participaron en protestas para demandar acciones inmediatas contra los efectos del calentamiento global.

Estas movilizaciones se han sumado al reclamo realizado por sectores, principalmente juveniles en diferentes países de Europa, quienes durante meses han declarado “huelgas por el clima” para colocar la crisis climática en el debate político.

En efecto, dichas protestas han forzado a instituciones del Reino Unido para emitir “declaratorias de emergencia climática”, actos simbólicos que no conllevan ninguna acción legal o consecuencia directa que apunte a combatir la inminente catástrofe climática.

Paradójicamente, el reporte  Financiando el cambio climático publicado semanas antes señalaba que lejos de reducir, el financiamiento para la extracción de combustibles fósiles de “33 instituciones bancarias con inversiones en todo el mundo han proveído 1.9 trillones de dólares a la industria de los hidrocarburos desde la firma del Acuerdo de Paris (2015)”.

En México, petróleo y carbón: vies para el “crecimiento”

Mientras suceden las protestas climáticas en Europa, el nuevo gobierno autodenominado de izquierda en México ha confirmado su apoyo a las inversiones en la industria extractivas de combustibles fósiles.

En las primeras semanas del gobierno encabezado por Morena, Alfonso Romo compartió una de las mas importantes contradicciones de la nueva administración: mientras que por un lado se denuncian contratos “leoninos” que afectaron las finanzas de Pemex y Comisión Federal de Electricidad (CFE), AMLO a través de Romo, habría “revisado” los negocios con las productoras energéticas extranjeras y aprobado su continuación amparada en la reforma energética de 2013, cuando se abrió la posibilidad de recibir inversión extranjera en la extracción de petróleo mexicano.

A su vez uno de los proyectos estelares de AMLO, la construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco cuenta con una inversión estimada de 160 mil millones de pesos, la cual ha sido asignada a Petróleos Mexicanos (Pemex) para su finalización en tres años.

De acuerdo con cálculos de la Secretaría de Energía, la séptima refinería del país en Tabasco tendrá una capacidad de procesamiento de 340 mil barriles diarios. Con el plan de fortalecimiento de Petróleos Mexicanos de una  inversión de 3,900 millones de dólares para “sanear” sus operaciones, el Gobierno estima que para el 2024, México produciría 2,480,000 barriles de petróleo por día.

Sin embargo, el mayor financiamiento para que Pemex alcance el rendimiento proyectado proviene de la inversión privada.

El lunes 13 de mayo, el gobierno de AMLO firmó una carta compromiso con los bancos JP Morgan Chase, HSBC y Mizuho para refinanciar la deuda de Pemex con un monto de hasta 8 mil millones de dólares.

“La actual operación bancaria es la más grande de una empresa de energía en América Latina, así como la más grande en la historia de Pemex… se refleja el apoyo y confianza de la banca internacional en la estrategia financiera de Pemex y la política crediticia de nuestro gobierno federal”, declaró Octavio Romero Oropeza, el director de la paraestatal petrolera.

JP Morgan Chase, el mayor promotor de la catástrofe ambiental

El informe Financiando el cambio climático también encontró que los cuatro mayores bancos globales del sector de la energía de combustibles fósiles son todos bancos de Estados Unidos: JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup y Bank of America.

“El enorme peso económico de la industria del petróleo y el gas de EEUU se puede ver fácilmente en el hecho de que los cuatro principales banqueros del cambio climático tienen su sede en los Estados Unidos” y, además, dos bancos estadounidenses más, Morgan Stanley y Goldman Sachs, sirven para completar los 12 principales, lo que significa que “los seis gigantes bancarios de los EEUU se encuentran entre los doce bancos de fósiles más sucios” y “representan un sorprendente 37% de la financiación para los combustibles fósiles desde que se adoptó el Acuerdo de París”.

El gigante bancario estadounidense JPMorgan Chase también destaca en el informe como “muy claramente el peor banco del mundo promotor del cambio climático”, ya que ha canalizado $ 196 mil millones a la industria de combustibles fósiles entre 2016 y 2018 “es casi un tercio más alto que el segundo banco peor, Wells Fargo ”, otro banco con sede en EEUU.

Pese a las declaraciones de AMLO sobre la prohibición de su gobierno a la tecnología de la fractura hidraúlica, persisten las dudas acerca de su implementación, sobre todo en el noreste del país pues el Congreso aprobó más 6 mil millones de pesos para que Pemex realice dicha actividad en 2019.

En cuanto al carbón, el director de Operaciones de la CFE, Carlos Morales Mar, declaró a medios que la nueva administración quiere que “las centrales que actualmente están trabajando con carbón se sostengan hasta el término de su vida útil”.

En consecuencia, el presupuesto aprobado para el primer año de la administración de AMLO ha destinado 7 mil 352 millones de pesos para la mejora del rendimiento de tres instalaciones carboeléctricas,  casi cuatro veces más que en 2018.

Ante la visible contradicción del alineamiento de las autoridades mexicanas al discurso de desarrollo sostenible a la par de el aumento en la inversión hacia combustibles fósiles, organismos que promueven políticas neoliberales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) analizan como “armonizar” estos hechos aparentemente contradictorios.

Al presentar el informe “Financiando los Futuros Climáticos, Repensando la Infraestructura”, realizado en los primeros días de mayo de 2019, el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría Treviño, destacó que el contexto en el que se promueve la disminución de inversión en combustibles fósiles, en el caso de México “el tema es cómo se puede asegurar que tenga disciplina ambiental que permita capturar las emisiones, o por lo menos, la mayor parte de ellas”, promoviendo con ello el lavado verde de los mecanismos financieros que ya comienzan a experimentarse en México.

México, en la mira

El reporte Financiando el cambio climático también encontró que 600 mil millones de dólares se distribuyeron en 100 compañías caracterizadas por su agresiva expansión en las industrias de los combustibles fósiles. Entre ellas se encuentran los tres bancos más grandes de Japón: MUFG, Mizuho y el Grupo SMBC, quienes están impulsando un auge en la extracción del carbón en Japón y en el extranjero.

Estas empresas representan la primera, segunda y cuarta prestamistas globales más grandes entre los 120 principales desarrolladores internacionales de carbón entre 2016 y septiembre de 2018 y uno de sus principales inversores es la firma estadounidense BlackRock, quien tiene en la mira puesta a México para la expansión de sus inversiones.

En abril del 2019, en Mérida, Yucatán se realizó el evento denominado CEO Dialogue, donde empresarios de EEUU y México se reunieron con funcionarios mexicanos, secretarios y gobernadores para promover la inversión y desarrollo del país latinoamericano,. En dicho evento, AMLO alagó al director de la firma BlackRock, la mayor gestora de activos financieros del mundo que cuenta con 6.3 billones de dólares.

“Amigo Larry Fink, le llamo amigo, tocayo, tuve la oportunidad de conocer su texto antes de que lo presentara y suscribo su planteamiento en la forma y en el fondo, si acaso agregaría que en la asociación entre el sector público y sector privado debemos también hacia adelante incluir el sector social de la economía: campesinos, obreros, ambientalistas, cooperativistas, entre otros”, manifestó López Obrador.

Tras las declaraciones del presidente de México, los medios han colocado a la firma norteamericana como una de las corporaciones preparadas para invertir en el país.

Sin embargo, previamente los pasos que Black Rock ha desempeñado desde el último año le han otorgado el control de CitiBanamex, subsidiaria de Citigroup Inc, por un monto que involucra fondos de renta fija, capital y activos múltiples que tienen aproximadamente $ 34 mil millones de pesos en inversiones en el mercado mexicano.

“El desempeño del banco en términos del negocio ha sido positivo en los últimos años; las utilidades reportadas en 2018 ascendieron a 27 mil 793 millones de pesos, 14 por ciento más. Esta adquisición reafirma la convicción de BlackRock sobre el potencial de crecimiento a largo plazo de México y posiciona a BlackRock para ayudar a más mexicanos a construir mejores futuros financieros”, son declaraciones del boletín de prensa tras la venta del banco establecido en México hacia la corporación de EEUU.

Tras la transacción, BlackRock anunció que los 21 millones de clientes bancarios de Citibanamex en su red de 1,500 sucursales en todo México ahora pueden invertir tan poco como 1,000 pesos (aproximadamente $ 50 dólares) en productos respaldados por la plataforma de gestión de riesgos e inversiones de clase mundial que maneja la firma estadounidense quien tiene presencia en ocho países de Latinoamérica “con $ 184 mil millones dólares en activos administrados en nombre de los clientes de la región”, según sus propias declaraciones.

Trenes: prioridad para el sureste

“El administrador de activos BlackRock está listo para asociarse en la construcción de proyectos de infraestructura en México y para participar en el plan de desarrollo en el sureste del país”, anunció AMLO en los primeros días de mayo del 2019 tras revelar el contenido de una carta que envió el director ejecutivo de la firma norteamericana, Larry Fink, al presidente de México.

“Estamos preparados para asociarnos en la construcción de infraestructura de servicio de internet en todo el país y para desarrollar el Istmo de Tehuantepec”, escribió el empresario. El equipo de comunicación de la Presidencia dio a conocer la carta y la calificaron como “una muestra de que hay confianza en México”.

Con el financiamiento de Black Rock, el gobierno de AMLO mantendrá las mismas lineas de inversión de las denominadas Zonas Económicas Especiales del gobierno de Peña Nieto: La modernización del ferrocarril para facilitar el transporte de mercancías desde Asia y Estados Unidos; Rediseño y fortalecimiento de infraestructura de vías terrestres y comunicaciones; modernización de la infraestructura portuaria y de la infraestructura energética a través del Gasoducto Transoceánico.

Ante ello, la respuesta de las comunidades que pueblan el Istmo de Tehuantepec han denunciado que “es claro que el nuevo gobierno federal ha dejado de lado su discurso “primero los pobres”, para, con engaños, seguir sirviendo a los intereses de los empresarios.

En el pronunciamiento El istmo es nuestro, decenas de organizaciones sociales, campesinas e indígenas se han posicionado contra el uso de la escasa agua de la región para alimentar a las industrias mineras, el fracking y las maquiladoras planeadas para la región que conectará el oceano pacífico con el golfo de México.

“También expresamos nuestro rechazo a la militarización de nuestra region con la modalidad de guardia nacional, lo cual seguramente incrementara la violencia que ya sufrimos… por significar despojo de tierras y aguas, daños ambientales, mayor inseguridad y un peligro para la soberanía nacional asi como imposición que significa la violacion para los derechos de los pueblos del istmo le expresamos nuestro rotundo rechazo a este proyecto que es ni mas ni menos la continuacion de los proyectos de muerte impulsados por los gobiernos neoliberales”, enfatizaron las organizaciones.

Fuente: Avispa Midia