Megaproyectos

"Es hora de que las autoridades ejerzan la función para la que fueron votadas y respeten la voluntad del Pueblo, no los intereses de las empresas transnacionales. Por ello, esperamos que esta misma Corte permita el ejercicio del derecho a la doble instancia judicial a los efectos de que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que decida sobre la ordenanza que protege los derechos fundamentales del Pueblo de Andalgalá".

La nueva carretera no solo atenta contra los derechos de los pueblos indígenas, sino también contra los derechos ambientales, porque para construirla se tendrá que cortar unos 130 kilómetros de área cubierta por bosque virgen.

Información fue revelada por la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, herramienta de libre acceso que recogió y analizó datos sobre el impacto de proyectos en seis países de Latinoamérica.

El Área Natural Protegida conocida como Reserva Cuxtal, ubicada en Mérida, Yucatán, resulta una de las zona más afectadas por la construcción de uno de los tramos selváticos por los que atraviesa el denominado Tren Maya (TM). Esta región, que ya tenía fuertes amenazas sobre su ecosistema y para la población indígena que lo habita, ha sido progresivamente atacada por especuladores inmobiliarios que poco a poco han ganado terreno. El paso del tren será el agravante que termine por destruir a las comunidades que le dieron nombre.

Eligieron el día de la Virgen de Guadalupe para hacer una procesión y plantarse en campamento frente a la termoeléctrica de Huexca, Morelos, gigantesca mole de la que se desprende un ruido infernal y que, de acuerdo con los planes presidenciales, en unos cuantos días se pondrá en operación. Esta comunidad de unos mil 200 habitantes ha sido amenazada y reprimida hasta el cansancio. En 2012 Enrique Peña Nieto les envió 400 policías federales y 400 estatales que ocuparon casi toda la comunidad. Sólo así pudo instalarla. Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador envía a la Guardia Nacional (GN). Sólo así podrá operarla.

La Cuarta Línea de transmisión Eléctrica es una megaobra impulsada por Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), sobre el istmo panameño. Específicamente se extiende a lo largo de la costa atlántica de Panamá, desde Chiriquí Grande (Provincia de Bocas del Toro) hacia el este de Panamá (Región capitalina). Cuyo financiamiento es realizado por la Corporación Financiera Internacional (IFC), brazo privado del Banco Mundial.

La denuncia, sustentada por la perspectiva de las comunidades, fue hecha por representantes de la Mesa por la Sustentabilidad por el Agua y el Medio Ambiente en los occidentales departamentos de Ahuachapán y Sonsonate.

Luego de más de tres años de un sinuoso litigio planteado por habitantes de las comunidades afectadas, el Pleno Jurisdiccional de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) dictó sentencia en la que declaró, por unanimidad de votos, la nulidad de la autorización en materia de impacto ambiental del Proyecto Chemours Laguna.