Megaproyectos

La iniciativa para prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos y/o minerales en las Áreas Naturales Protegidas (ANP), así como el establecimiento de asentamientos humanos, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 3 de marzo, representa un gran avance para obtener una protección real y sustantiva de estos territorios. Sin embargo, urge que las senadoras y los senadores voten a favor de dicho proyecto en beneficio de los ecosistemas y del interés público, frente a los intereses privados de las grandes corporaciones mineras y petroleras, tanto nacionales como extranjeras.

Enorme revuelo ha causado la denuncia de un grupo de juristas que presume que el gobierno de Canadá presionó al gobierno de Guatemala y a miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de un proyecto minero.

Por falta de certeza en la Manifestación de Impacto Ambiental, realizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para el tramo tres del proyecto “tren maya”, la Juez Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán concedió tres suspensiones definitivas.

El Comité Ejidal de las Aguas de Xochistlahuaca y defensores amuzgos de Guerrero denunciaron la imposición de un proyecto hidroeléctrico diseñado “en el escritorio de académicos, sin considerar las necesidades del pueblo amuzgo”, y por el que no fueron consultados de manera previa, libre e informada.

Los posibles impactos que ocasionaría el proyecto de la Hidrovía Amazónica en la selva peruana han activado alertas ambientales y sociales. A pesar de las críticas de distintos expertos y del rechazo de comunidades indígenas de la zona de influencia del megaproyecto, este aún sigue en marcha.

El debate quedó en suspenso gracias a la movilización social. El gobernador Arcioni adelantó que se tratará durante las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. Sin embargo, muchos dudan que se discuta el tema durante un año electoral.

El Juzgado Tercero de Distrito en Yucatán otorgó una suspensión definitiva a las obras del Tren Maya en Mérida, Izamal y Chocholá, en lo que se resuelve el juicio de amparo interpuesto por las comunidades mayas ante la falta de información durante la consulta pública de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), realizada en junio de 2020.

A pesar de que la empresa Cohidro incumplió sus obligaciones, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones no ha decidido aun concluir el contrato de concesión del megaproyecto Hidrovía Amazónica que además de carecer de un estudio de impacto ambiental EIA aprobado representa una gran amenaza para los ríos y la vida de más de 400 comunidades. Por esto las organizaciones Feconau y Orau –con la asesoría técnica del Instituto de Defensa Legal (IDL)– presentaron una acción de amparo para solicitar la cancelación de este lesivo proyecto.