Indígenas se unen para enfrentar carretera ilegal

Dicha carretera pretende llegar a la cuenca del río Yurúa desde la localidad Nueva Italia, hecho que es rechazado por la población por atentar contra sus territorios y modo de vida.

Señalan que la apertura de ruta con tractores para la construcción de la carretera viene facilitando la invasión de agricultores y colonos provenientes principalmente de la selva central.

Frente a ello, y tras la firma del convenio, informaron que preparan la organización de un congreso de comunidades con el fin de evitar el avance ilegal de la carretera.

Convenio frente a carretera ilegal

El convenio interinstitucional fue firmado el 26 de febrero por la Asociación de Comunidades Nativas para el Desarrollo Integral del Yurúa Yono Sharakoiai (ACONADIYSH).

Así como por la Asociación de Conservación Comunal Yurúa (ACC-Yurúa), y la Asociación Ambiental de la Comunidad Ashéninka Pocharipankoky Pikiyaco Yurúa (AACAPPY), de la comunidad Dulce Gloria.

El objetivo de este convenio es consolidar la posición de las organizaciones frente a la carretera que pretende llegar hasta la cuenca del río Yurúa.

Según los promotores de esta carretera, su construcción traería grandes beneficios de comercio con Brasil, país con el cual limita la región de Ucayali.

Sin embargo, las organizaciones indígenas de Yurúa rechazan la carretera porque su construcción viene facilitando la invasión de agricultores y colonos, según denuncian.

Construcción ilegal

Un informe de Conservación Alto Amazonas señala que, en la actualidad, “la carretera sigue avanzando, [y] está siendo construida ilegalmente con el apoyo de madereros y, supuestamente, narcotraficantes”.

El documento, respaldado por las organizaciones, agrega que la carretera está siendo construida sobre un camino que fue abierto ilegalmente hace más de 20 años por la compañía Forestal Venao.

Es decir, “durante la época de extracción de la Caoba para llevar los troncos de las comunidades del Yurúa al río Ucayali y después a la ciudad Pucallpa”.

A la fecha, aproximadamente 60 kilómetros de la ruta de 184 kilómetros en total de la carretera ya han sido abiertos, lo que ha traído una intensa deforestación en la zona, señala el informe.

Las organizaciones temen ahora que el avance de la carretera continúe atrayendo a más personas de la sierra de Junín, de Satipo y del VRAEM.

Ya que estas personas “tienen interés en ingresar a la cuenca del Yurúa y otras zonas remotas que son territorios de comunidades nativas y áreas con presencia de indígenas en situación de aislamiento”.

Preparan congreso comunitario

Frente a esta situación, las organizaciones informaron que acaban de realizar una primera visita de campo de más de dos semanas a sus comunidades asociadas.

Allí informaron sobre la construcción ilegal de la carretera a través de charlas, proyecciones audiovisuales y materiales impresos.

Estas visitas también sirvieron para recoger opiniones de los pobladores indígenas sobre la carretera.

Tras ello, las organizaciones determinaron que “la mayoría de las comunidades no tenía información básica sobre la carretera”.

Esto, “incluyendo el estado de las invasiones, la intensidad de deforestación, ni sobre el avance sostenido del camino que se aproxima hacia la región”.

También hallaron que existe un consenso local en las comunidades indígenas de que la carretera no les conviene, ya que 161 de 186 personas (86%), está en contra de una carretera.

Es por ello que ahora las organizaciones se preparan para organizar un congreso de comunidades para consolidar su posición frente al avance ilegal de la carretera.

Dicho congreso también servirá para conversar sobre alternativas a la carretera y promover el desarrollo sostenible de la región y el aumento de la calidad de vida.

Fuente: Servindi