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La narrativa sobre la necesidad de enfrentar el calentamiento global a través de la aplicación de innovaciones tecnológicas ha sido utilizada por el agronegocio y sus auspiciantes para que, en el seno de la sociedad, sean aceptadas como imprescindibles para enfrentar las crisis climáticas, el problema del crecimiento poblacional y los múltiples problemas del campesinado en el Tercer Mundo.

La Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, cuyo obscuro proceso arrancó en octubre de 2019 y culminó el pasado 23 de septiembre, no intenta resolver los problemas de la alimentación, sino promover un discurso que apuntale la cadena alimentaria industrial a expensas de otros sistemas alimentarios. 

El Senado de Brasil recientemente aprobó el Tratado de Libre Comercio con Chile, por lo que solo restaría la tramitación para que entre en vigencia en ambos países. Cabe recordar que este TLC fue firmado en 2018 por Sebastián Piñera y por el gobierno de Michel Temer en sus últimos días de mandato, en agosto del 2020 con una discusión igual de exprés que su negociación, el Senado de Chile ratificó el tratado.

Resulta dramáticamente paradójico que, por un lado, el ‘Pacto Climático de Glasgow’ subraye la situación de alarma que surge por haber ya alcanzado una temperatura media del planeta de 1,1°C; con severos impactos del cambio climático que ya se están sintiendo en todo el mundo; un ‘presupuesto de carbono’ establecido en el Acuerdo de París que lo estamos agotando rápidamente, y los peligros de climas más y más extremos a medida que se siga incrementando el calentamiento global. Y por otro lado, que el acuerdo termine reflejando la desfachatez e indolencia de los representantes de los gobiernos firmantes, en el que nada concreto y significativo se establece para empezar a revertir este enorme problema.

Los delitos medio ambientales son el tercer delito más lucrativo del mundo, por detrás del narcotráfico y el contrabando, sobre todo por el tráfico ilegal de especies y los delitos forestales. Voces de todo el mundo abogan por la regulación del delito de ecocidio y su inclusión como delito contra la humanidad en el Estatuto de Roma, que regula las competencias de la Corte Penal Internacional.

El Presidente Piñera tiene a su ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga, impulsando un programa, apoyado por FIA, SAG, ACHIPIA y la subsecretaría de agricultura, y financiado con fondos públicos para aumentar el uso de plaguicidas en la producción convencional de hortalizas, tanto para la exportación como al mercado interno. Ello contrasta con su discurso público sobre sustentabilidad y el llamado que hiciera la ONU en 2020 a los gobiernos a proteger la biodiversidad debido a que su pérdida amenaza todos los ámbitos, incluida la salud ambiental y humana.

Entre el 31 de octubre y el 12 de noviembre se realizó en Glasgow, Escocia, la edición número 26 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (también llamada Conferencia de las Partes o COP26). En esta conferencia se reúnen los países (en esta ocasión, representantes de 197 naciones) para discutir el estado del cambio climático global, plantear estrategias y acuerdos para mitigar sus efectos y medidas de adaptación.