Agrotóxicos

El 2 de febrero pasado un grupo muy importante de organizaciones de comunidades fumigadas con agrotóxicos de la provincia de Buenos Aires, enviaron una carta al Gobernador Axel Kicillof y al titular de Ministerio de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, donde desgranaron la situación que atraviesan comunidades y territorios respecto a la creciente exposición a los venenos del agro, y enumeraron una serie de reclamos concretos.

Sojeros de origen menonita han realizado en las últimas semanas fumigaciones ilegales con acompañamiento policial en la Colonia Yvype, Sexta Línea, del Departamento de San Pedro. Las tierras utilizadas irregularmente por los sojeros son reclamadas por campesinos ya que el Instituto Paraguayo de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) debería destinarlas a la Reforma Agraria.

El gobierno alemán presentó un proyecto de ley que restringe el uso de pesticidas alrededor de los cursos de agua y en las zonas protegidas, y aprobó la salida del glifosato "a finales de 2023".

Tal como lo hicieron hace 15 días, desde la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable se apostaron ayer en la esquina de San Martín y 9 de Julio con la intención de juntar firmas que respalden la petición que lleva como lema “Paren de fumigarnos”.

En Paraguay, un estudio de INECIP encontró 99 escuelas que se encuentran a menos de 200 metros de monocultivos fumigados constantemente y esto es ilegal. La ley 3742/2009, en sus Artículo 67 y 68 establece una franja de protección de por lo menos 200 metros para fumigaciones aéreas y de 100 metros para fumigaciones terrestres respectivamente. 

Un nuevo modelo productivo libre de agrotóxicos es urgente. La demora es inadmisible. Es hora de gobernar priorizando y garantizando la salud de la ciudadanía.

En las últimas semanas la discusión sobre la presencialidad de las clases en pandemia acapara buena parte del debate público. Los riesgos que entraña para la salud de la comunidad educativa, de estudiantes, docentes y no docentes y sus familias, delimita las posibilidades de su instrumentalización, y su forma concreta dependerá mucho de la presión que ejerza cada sector social y político, como con cada tema durante este largo año pandémico. Tanta preocupación mediatizada por la salud y el aula, contrasta con la situación de miles de escuelas rurales que son forzadas (desde hace años!) a convivir con los agrotóxicos que el modelo productivo dominante libera al ambiente en buena parte del territorio nacional, vulnerando derechos esenciales ante la vista de todos los poderes del Estado, y gestiones de todo tipo y color. 

Bayer AG llegó a un acuerdo de 2 mil millones de dólares para resolver futuros reclamos legales asociados a casos de cáncer como consecuencia del uso del agrotóxico Roundup. La suma se brindará por un período de cuatro años como compensación y para cubrir la asistencia de diagnóstico y alcance de casos de linfoma no Hodkin. El acuerdo debe ser aprobado por el juez del Tribunal de Distrito de los EE. UU. Vince Chhabria en San Francisco.