Organizarse para no ser un desierto verde

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Mar del Plata respaldó el “reclamo de los vecinos del municipio de Mar Chiquita” en contra de una ordenanza que permite fumigaciones con agrotóxicos a solo 150 metros de casas y escuelas, y a 25 metros de los cursos de agua.

La ordenanza municipal, de mayo de 2020, “va en contra de la resolución” del juez Héctor Casas que en diciembre de 2019 prohibió en Mar Chiquita las fumigaciones a menos de 1500 metros de casas, escuelas y cursos de agua, subrayó la declaración del Consejo Académico de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales divulgada ayer.

Aunque aprobado en diciembre último, el texto fue enviado ayer por la mañana por correo electrónico a referentes de los vecinos, dijo Verónica Taglioretti, de la Asamblea Paremos el Desierto Verde, organización arraigada en las localidades de la costa de Mar Chiquita, al norte de Mar del Plata.

“Esperamos ahora que la ordenanza sea derogada y que se trabaje en el tema convocando a todas las partes, con participación real de la población, junto con los profesionales y también con los empresarios rurales responsables de las fumigaciones”, añadió.

Reserva de la Unesco y fumigaciones

Con cerca de 30.000 habitantes, el partido de Mar Chiquita comprende la albúfera (laguna conectada con el mar) del mismo nombre, de unos 25 kilómetros de extensión, declarada Reserva Mundial de Biósfera por la Unesco en 1996.

El municipio abarca un área costera y otra más alejada del litoral atlántico, incluida la ciudad de Vidal, cabecera del partido, y sus principales actividades económicas son el turismo, la ganadería y la agricultura.

Mientras que en gran parte de sus tierras prevalece la ganadería, en torno a las localidades de la costa, en el 30 por ciento de la superficie total, se concentran cultivos con paquetes tecnológicos que apelan al uso intensivo de agrotóxicos como el glifosato (en el caso de la soja), el paraquat y la atrazina, entre otros de probada nocividad para la salud humana y también para la biodiversidad.

“Gran parte de los dueños de estos campos no viven en Mar Chiquita, como en el caso del grupo Los Grobo o Surco Sociedad Anónima, que son socios. Producen para exportar, emplean a muy poca gente y ni siquiera gastan aquí. A nosotros sólo nos dejan el veneno”, puntualizó Guillermo Corrado, integrante también de la Asamblea Paremos al Desierto Verde.

Apoyo de investigadores y médicos

La Asamblea había pedido a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales que se expidiese sobre la ordenanza impulsada por el intendente, Jorge Paredi, y respaldada, en plena pandemia, por todos los integrantes del Concejo Deliberante de Mar Chiquita, tanto oficialistas como opositores.

Naturalmente, la ordenanza tuvo el respaldo entusiasta de la Sociedad Rural de Mar Chiquita, que hasta sugirió que era la autora de esa norma.

En su momento, la respuesta a la ordenanza, votada por los concejales sin consulta previa a la comunidad, fue una caravana de vehículos que se extendió a lo largo de más de tres kilómetros sobre la ruta 11 para exigir a Paredi que la vetara, a lo que el intendente se negó.

“En todas las gestiones realizadas respaldamos nuestro planteo con los estudios que fuimos recopilando y que demuestran la contaminación de los arroyos del partido de Mar Chiquita”, explicaron desde la Asamblea. Se trata del impacto más estudiado de las fumigaciones de la zona, y que los vecinos atribuyen a trece grandes campos con cultivos de soja, maíz y girasol en esa región.

En el municipio gran parte de los arroyos desembocan en la albúfera de Mar Chiquita y los restantes en el mar, con su carga de herbicidas y otros venenos.

Faltan estudios de impacto ambiental como los que probaron la contaminación de la cercana Laguna de los Padres o en quince escuelas rurales de Tandil, a poco más de 200 kilómetros, así como investigaciones epidemiológicas o de vulneración de la biodiversidad.

En todo caso, el reclamo de los pobladores de Mar Chiquita y otro similar del vecino partido de General Pueyrredón (Mar del Plata) recibieron en septiembre de 2020 el apoyo de la Red de Bioética del Sur Bonaerense, integrada por especialistas de la Universidad de Mar del Plata, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica del Sur, el Instituto Nacional de Epidemiología y los hospitales Materno Infantil e Interzonal, entre otros.

Según la Red, en ambos municipios “se ha ignorado que existe evidencias e información científica que señalan la peligrosidad de los agrotóxicos hacia las personas y el ambiente”, así como su movilidad más allá de los diez kilómetros, afirmación que respaldó con menciones de diversos estudios académicos.

“Los saberes populares alertan continuamente con testimonios sobre la peligrosidad de los agrotóxicos y, a su vez, tienen la riqueza del conocimiento sobre modelos ancestrales y agroecológicos de producir alimentos, que van de la mano con un equilibrio con el ambiente”, afirmaron desde la Red de Bioética

Muestra de ello son las continuas fumigaciones con tractores “mosquito” cerca de viviendas urbanas, poblados rurales y escuelas o, a comienzos de este mes, la aparición de decenas de cotorras muertas en las inmediaciones de la ruta 11, cerca de santa Clara del Mar, la mayor localidad de la costa de Mar Chiquita.

“Desoír los reclamos genuinos de la sociedad, infringir las normativas municipales vigentes, hacer caso omiso a los fallos judiciales y a la información científica incumple con lo declarado en el Artículo 41 de la Constitución Nacional Argentina y en el Artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, referidas al derecho de todxs lxs habitantes a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano”, puntualizó la Red de Bioética.

El camino judicial y la impunidad empresaria

En este contexto, en diciembre de 2019 el juez Casas ordenó a los empresarios rurales demandados “abstenerse de aplicar, manipular, trasladar y disponer de agroquímicos y/o cualquier tipo de residuo peligroso a una distancia menor a 1500 metros de zonas pobladas, escuelas rurales, núcleos de viviendas habitadas, cursos de agua tales como arroyos, lagunas y el Mar Argentino, postas sanitarias, centros asistenciales, villas recreativas y deportivas”.

“Estábamos felices cuando salió el amparo, que además le pedía al Municipio que regularice la situación a través de una ordenanza que protegiera la salud de la población e indicaba a los empresarios que realizaran un estudio de impacto ambiental”, recordó Verónica Taglioretti a Tierra Viva, durante la entrevista grupal que la Asamblea Paremos el Desierto Verde brindó en la localidad de Camet Norte.

Durante el reportaje, los asambleístas exhibieron imágenes tomadas con un drone en septiembre de 2020, en la que se ven campos situados frente a Santa Clara y Camet Norte en las que se ven en amarillo las extensas áreas fumigadas, posiblemente con glifosato, y una franja oscura paralela hasta una distancia de 100 metros de la ruta 11, compatible con la ordenanza municipal pero, claro, contrapuesta a lo resuelto por el juez Casas en la medida cautelar de diciembre de 2019, que sigue vigente.

También mostraron otras fotos, como las que dejan ver numerosos bidones de glifosato tirados en un campo próximo a la ruta 11, entre La Caleta y Camet Norte. “Estas imágenes las tomamos de un video en 2018, que fue cuando los vecinos nos convocamos, preocupados por lo que estaba sucediendo”, contó Verónica sobre los primeros pasos de la Asamblea Paremos el Desierto Verde.

Fuente: Agencia Tierra Viva