No derogar la Resolución del Veneno además de inadmisible es inmoral

La carta llega a pocos días de un nuevo vencimiento de la suspensión de la Resolución del Veneno (246/18) firmada el 17 de octubre de 2018 por el entonces Ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex (?) empleado de Monsanto, Leonardo Sarquís, como parte de la gestión de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri (*).

Básicamente establecía la posibilidad de fumigar con agrotóxicos en las zonas de exclusión, siempre que fuera bajo los criterios de las llamadas “Buenas Prácticas Agrícolas” (BPAs); son las áreas comprendidas por las distancias de resguardo a centros urbanos, escuelas y viviendas rurales, cursos de agua, puntos de bombeo o reservas naturales, o sea donde no se puede fumigar. Con esta resolución la provincia daba el paso local que a nivel nacional auspiciaba la gestión macrista asumiendo como política de Estado el marketing empresario de las BPAs materializado a través de un informe interministerial presentado en julio de ese año.

La Resolución del veneno

El anuncio de la Resolución 246 se hizo 20 días antes de su entrada en vigencia el 1ro de enero de 2019, con un pomposo acto en el Parque Pereyra Iraola del que participaron Sarquís y un grupo de intendentes de la provincia. Apenas conocida concitó un enorme rechazo y fue justamente bautizada por las comunidades como la “resolución del veneno”. Con el rechazo escalando y carente de toda legalidad, la misma fue suspendida por 1 año a poco de anunciada.

Ese plazo se cumplió en febrero de 2020, ya con nuevas gestiones tanto en la Nación como en la Provincia, sin embargo, la Resolución del Veneno no fue derogada, sino que fue nuevamente suspendida por otro año en el que se conformó un Observatorio Técnico de Agroquímicos (OTA) para recabar información científica que permitiera plantear políticas públicas.

Entonces el ministro Rodríguez declaró que “la resolución es mala en sí misma”, y agregó “sin dudas tenía muchísimos problemas y falencias, pero además era la evidencia de lo que no se había hecho los 3 años previos, porque de pronto de la noche a la mañana se intentó sacar una resolución como queriendo con eso solucionar un problema”. Si la resolución era mala no se entiende por qué la gestión que encabeza Rodríguez decidió una nueva suspensión y no su derogación como correspondía, y como reclaman nuevamente las organizaciones firmantes de la carta. Sorprende la mención a los 3 años como si fuera posible establecer un paréntesis tan tajante en estas décadas en las que las poblaciones han sido obligadas a convivir (y conmorir) con los agrotóxicos.

Anabel Pomar, es integrante de Exaltación Salud, un grupo de vecinos y vecinas contra las fumigaciones y por la soberanía alimentaria de Exaltación de la Cruz, y periodista especializada en la temática: “firmamos esta carta al gobernador de la provincia Buenos Aires y al ministro de Desarrollo Agrario, entendiendo que la demora ya es inadmisible. Todo gira en torno a la resolución 246 donde ahora, se vuelve a caer la suspensión pero que claramente es una resolución que tendría que haber sido derogada, lo que es una afrenta a las comunidades, a los pueblos. Si algo a lo que llaman producción, como está pasando, pone en riesgo al ambiente, a la salud, no debería ser considerado una actividad productiva si no que debería ser considerada una actividad ilegal y criminal porque es lo que es. Sin embargo, las autoridades no optaron por marcar ese rumbo. Existe el principio precautorio y preventivo por el que se deberían proteger a la comunidades hasta tanto decidan, porque de todas esas demoras los únicos y las únicas que terminamos pagándolos en consecuencias concretas, en enfermedades concretas, fuimos nosotres en los territorios, por eso sostenemos que además de inadmisible la no derogación de la 246 es inmoral “.

En otro tramo de la conversación, la periodista sostiene que “Sin un cambio real de modelo productivo, no hay salida posible y tienen que ser las personas que están en los cargos políticos los que los marquen y si no lo hacen, eso habla de para quienes están gestionando, porque en todo este tiempo no han dejado un día de pulverizarnos con agrotóxicos, poniendo en riesgo a las comunidades. En territorios donde tenemos cautelares y algunas prohibiciones concretas quedó demostrado que el Estado no está siendo capaz de supervisar a toda esa gente. Y conste que no estamos pidiendo mayor control sobre este tipo de producción. Concretamente lo que se está exigiendo es que se cambie el modelo productivo dependiente de venenos, que se vaya hacia otro lugar y ahí sí, se podría marcar un rumbo claro desde la política. En ese caso derogar la resolución hubiera sido un primer buen paso hace un año, podría serlo ahora. Tenemos muchísimas dudas de que eso vaya a pasar, pero bueno, la política tiene que ser una herramienta puesta para ordenar la producción de modo tal en el cual jamás se ponga en riesgo la vida, la salud y el ambiente”.

¿Observatorio Técnico de Agroquímicos o Embarrar la Cancha?

Las organizaciones denuncian “un año de trabajo por demás insuficiente e incompleto por parte del Observatorio Técnico sobre fitosanitarios y de la Mesa de Trabajo ad hoc, ambos espacios creado por la Resolución 8/2020 del Ministerio de Desarrollo Agrario”

Eduardo Rossi es integrante de ConCiencia Agroecológica de 9 de Julio, responsable de distintas compilaciones de trabajos científicos publicados que dan cuenta de la relación entre los agrotóxicos y el desarrollo de un enorme abanico de trastornos en la salud de las poblaciones expuestas. En uno de ellos, la “Antología Tóxica del Glifosato” publicado por Naturaleza de Derechos, recopila en su edición 2020 más de 1.000 trabajos científicos publicados relacionados al herbicida de mayor uso en el país y el mundo. Se estima que en Argentina sólo se liberan más de 500 millones de kilos/litros de venenos al ambiente por año; una relación per cápita escalofriante.

Consultado sobre el trabajo del observatorio dice “hasta el momento el OTA produjo dos documentos, uno sobre  Uso y aplicación de Agroquímicos y otro que aún no lo anexaron en su página oficial pero sí se difundió, sobre el tema de los posibles impactos a la salud y el ambiente que puedan tener los agroquímicos teniendo en cuenta trabajos de profesionales de la ciencia que trabajan en Argentina, lo que hizo el OTA fue recopilar unos  530 trabajos y publicaciones científicas que ellos dicen tener y formó un equipo de profesionales y funcionarios que llevan adelante esta recopilación y sistematización. (según se menciona en la página oficial del organismo reciben vía mail estudios y publicaciones). El último documento por ejemplo (que no está publicado repito) evalúa sólo 38 trabajos de los cuales varios de ellos no son publicados, son algunos informes. La mayoría de estas citas son de autores que son reconocidos por la ciencia digna, que es importante, pero las evaluaciones tomadas que hicieron fueron muy escuetas y hubiera sido bueno que tomen trabajos que fueran publicados en revistas científicas con evaluación de pares etc.

Siguiendo con su explicación, Eduardo sostiene “estas dos publicaciones de la OTA suponen algunos reparos frente al uso de agrotóxicos, pero no plantean conclusiones. Debería haberlas y espero que más adelante, se puedan hacer las reuniones correspondientes entre los afectados por las fumigaciones, los referentes de ciencia digna y demás para poder generar un documento en esa línea pero que sea urgente.  No queremos más que esta resolución, que es una resolución del veneno, una resolución a la medida de Monsanto, que invita a fomentar las enfermedades siga vigente. No se puede ser cómplice de eso, es prácticamente un delito. Y por otro lado, hay un temor de que se use el trabajo de la OTA para homogeneizar en la provincia las distancias de fumigaciones principalmente terrestres, como una forma de proteger antes que la salud a la producción y que ello signifique una forma de coexistencia que no es posible ni legítima, a la luz de los daños ocasionados a la salud en casi 30 años de aplicación de agrotóxicos en la región”.

Cuando en 2015 el IARC (Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, por sus siglas en inglés) determinó que el glifosato es “genotóxico, cancerígeno en mamíferos y probablemente cancerígeno en humanos” se rompió el dique con el que las corporaciones como Bayer-Monsanto, Syngenta-ChemChina, o Corteva contenían el clamor de las comunidades que desde hace años lo sabían en el cuerpo. Entonces se desató una feroz campaña para voltear el informe, pero en enero de este año, ante la consulta del abogado Marcos Filardi y el Ingeniero Claudio Lowy, el Estado Argentino a través del Instituto Nacional del Cáncer asume implícitamente las conclusiones del informe del 2015.

Con la enorme cantidad de evidencia acumulada, es grave que el Estado plantee “pisar la pelota” y construir una instancia de revisión. En última instancia si hay alguna duda, lo que debería hacer el Estado ya mismo es aplicar el principio precautorio consagrado en el marco normativo vigente y por lo tanto suspender toda nueva fumigación, hasta agotar cualquier duda.

Plantearse revisar la evidencia con 25 años de atraso es una nueva afrenta a las comunidades, sobre todo porque mientras tanto los agrotóxicos siguen liberándose al ambiente e impactando en la población.

AgTech, BPAs y modelos productivos

En otro pasaje de la carta a Axel Kicillof y Javier Rodríguez las organizaciones dicen: “Las sucesivas declaraciones de su parte, o por parte de miembros de su cartera, que mencionan la posibilidad de una convivencia entre un modelo productivo sin venenos y el vigente dependiente de éstos, así como el escenario nacional tras el anuncio de la Iniciativa 200 millones de toneladas (resolución 216/2020 del Ministerio de Agricultura Nación) que avanza sobre la zona de amortiguamiento, y las continuas referencias a las mentadas “buenas prácticas agrícolas”, merecen nuestro repudio”.

Con las llamadas “AgTech” está en curso una nueva vuelta de tuerca al discurso de las BPAs, ya que se sostiene que la incorporación de tecnologías (robotización, drones, información satelital, etc) hará posible realizar aplicaciones de agrotóxicos “más eficientes” y por lo tanto se utilizarán menos de estos venenos y estarán controladas las derivas.

Sin embargo sabemos que las derivas son incontrolables, y aquí también abunda la información científica que lo corrobora desde hace años. Entre ellos son muy importantes los trabajos publicados por el EMISA (Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental de la UNLP) revelando aspectos desconocidos hasta entonces de la dinámica de los agrotóxicos (y sus metabolitos) una vez liberados: lluvia que cae con venenos, sedimentos en toda la cuenca del Paraná, residuos de venenos en todo lo que tenga algodón, en frutas y verduras, en el agua de las escuelas rurales, como en la Escuela n°11 de San Antonio de Areco, donde era directora Ana Zabaloy, hoy fallecida.

El Estado nacional parece haber comprado “llave en mano” este discurso. En la iniciativa de las “200 millones de toneladas” aprobada por el Ministerio de Agricultura de la Nación, que encabeza Luis Basterra, se detalla concretamente que con estas tecnologías podrán ser incorporadas a la producción (convencional con agrotóxicos) entre 500.000 y 1 millón de hectáreas que son hoy zonas de resguardo y amortiguamiento. Idéntico planteo al informe interministerial y la Resolución 246/18 del macrismo. Como si las superficies en las que no se pudiera fumigar se transformaran automáticamente en “improductivas”.

Al contrario, las organizaciones plantean que las zonas de exclusión son la oportunidad ideal para desarrollar la producción agroecológica; que cada vez con más fuerza, demuestra que no sólo es capaz de producir alimentos sanos a precios justos, sino de mostrar márgenes de rentabilidad similares o superiores al agronegocio para los productores que la encaran. Sin enfermar a las poblaciones y a sí mismos, sin contaminar las aguas, y recomponiendo los ciclos de la biodiversidad que son la clave para tener agroecosistemas equilibrados, resilientes y con capacidad de resistir a los rigores de la crisis climática que ya nos golpea. Con familias en el campo, descomprimiendo el hacinamiento de las ciudades, recuperando y potenciando las dinámicas comunitarias.

Las Comunidades y Asambleas organizadas

Daniela Dubois, es integrante de Ambiente Saludable San Andrés de Giles y también de la Red Federal de Docentes por la Vida, nos comenta lo siguiente respecto a la intención de la carta: “Distintas organizaciones que llevamos una comunicación fluida para sumar nuestras experiencias en los territorios, vemos con preocupación el gesto de que no se haya derogado todavía la resolución del veneno y ante eso nos dimos cuenta que era necesario instrumentar una acción, una comunicación,  con una llegada directa al ministro Desarrollo Agrario y al  Gobernador exigiendo de que no se puede dilatar más una política concreta que es tan necesaria en los territorios, que posibilite que la población no quede expuesta a estos venenos que te enferman, que te cambian la calidad de vida. Se ve en los campos, en los pueblos, familias, gente joven que enferma, es muy complejo porque no sólo es la enfermedad que está pasando esa persona sino como a esa familia le cambia su posibilidad de producir y procurar el sustento. Desde la agricultura familiar hay personas que producen agroecológicamente y de repente un integrante de la familia que es central en el cuidado del ganado u otra tarea, se enferma y ello cambia toda la mirada productiva de lo que hacen, les cambia la vida, su calidad de vida, por eso son tan importantes las políticas públicas de apoyo y cuidado a este sector”.

Por otro lado, Daniela señala que “tenemos una ley provincial (la N° 10.699), que tiene más de 30 años y su decreto reglamentario otros tantos, pero el uso de agrotóxicos creció exponencialmente, la superficie cultivada con OGM también, entonces es hora de que hagan algo. Realmente las comunidades necesitan que el Estado tome la responsabilidad que tiene que tomar y generar políticas públicas en ese sentido. Por eso en la carta les hacemos pedidos muy concretos que tienen que ver desde la prohibición de las fumigaciones aéreas, pensar una restricción que posibilite una franja que aleje las fumigaciones,  donde se empiece a instrumentar fuertemente políticas para producir sin uso de agrotóxicos, para producir agroecológicamente (aunque es mucho más complejo, ya que la agroecología no es solo producir sin venenos, claro está) pero toda esa serie de pedidos que le hacemos en la carta son concretos, y son medidas que el Estado provincial tendría que poder instrumentar. De hecho, si lanzaron el programa de Alimentos Bonaerenses, que tiene un componente de Promoción de la Agroecología, esperamos que la voluntad política la acelere un poco, que no se dilate, que realmente en los territorios empiece a haber un acompañamiento concreto porque bueno, nuestra perspectiva es a largo plazo y es que el modelo cambie”.

Por todo esto es imprescindible entender que el discurso de las llamadas Buenas Prácticas Agrícolas (hoy remozado con los espejismos que parece ofrecer la tecnología a través de las AgTech), así como la invocación constante a una “sustentabilidad” insustentable, son creaciones del marketing corporativo para ocultar los daños de los agrotóxicos. Discursos enarbolados como política pública por la gestión macrista, pero que también permean en las declaraciones y decisiones de los funcionarios de la actual gestión del Frente de Todos, aún enarbolando banderas nacionales, populares y democráticas.

La evidencia de los impactos de los agrotóxicos en la salud de las poblaciones y en el ambiente es inocultable. El material científico que corrobora lo que las comunidades saben y denuncian porque padecen, sigue acumulándose ante la mirada impávida de un Estado que, al no derogar la Resolución del Veneno y esquivando el debate de fondo, parece haber renunciado a la defensa de los derechos de su población, ejercitando un simulacro burocrático de “ecuanimidad” y “objetividad”.

En el final de la carta las organizaciones transcriben el texto del artículo 41 de la Constitución Nacional, para refrescarle la memoria a quienes les toca gestionar el Estado hoy. Un mandato claro que algunos pretenden poner en suspenso en el laberinto de un pragmatismo que luce impotente o las poses de un progresismo de cartón: «Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.»

Que así sea.

Provincia de Buenos Aires, febrero de 2021

Nota: 

(*) El 16 de febrero, al cierre de esta nota el Ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, prorrogó por el término de tres meses la suspensión de la Resolución 246 sobre la aplicación de agroquímicos en la Provincia de Buenos Aires.

Fuente: Huerquen, Comunicación en Colectivo