Paraguay

Los desalojos violentos se recrudecieron en los últimos meses, tras la aprobación de la ley Zavala-Riera: mujeres y niñas las más afectadas.

Históricamente el campesinado ha sido relegado en su condición de sujeto político y social por parte de quienes manejan el Estado paraguayo. La gran masa campesina ha tenido que utilizar diversas formas de protestas sociales para que sus reclamos y demandas sean escuchadas, en ocasiones escuchadas y olvidadas, en otras, con alguna incidencia dentro de la estructura estatal. En este último caso por lo general se ha dado como logro de la organización y movilización campesina que lleva más de un siglo en el país.

Unas 140 familias campesinas reocuparon las tierras en las que residen desde hace 13 años, tras un operativo de desalojo registrado esta semana en San Vicente, Departamento de San Pedro.

Con un llamado a defender la vida ante el modelo de muerte que plantea el agronegocio culminó ayer el Seminario Regional sobre Agronegocios, Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria. El espacio organizado por BASE-IS junto a las organizaciones de La Vía Campesina en Paraguay reunió a un centenar de hombres y mujeres referentes de organizaciones Campesinas e Indígenas.

"Con el análisis de los principales temas abordados en el Informe se lanzó ayer Con la Soja al Cuello 2021, la séptima edición del informe sobre agronegocios en Paraguay. Los expositores y el público presente, marcado principalmente por la presencia decenas de dirigentes de organizaciones campesinas e indígenas, coincidieron en la necesidad de aunar esfuerzos para superar la crisis provocado por el modelo productivo excluyente".

La oleada de desalojos forzosos que vienen siendo ejecutados en las últimas semanas y que afectan a comunidades campesinas e indígenas ha generado una gran preocupación en el sector campesino,ante esta situación las organizaciones del campo articulan fuerzas para defender el territorio.

En la última semana al menos 300 familias campesinas fueron víctimas de desalojos forzosos, comunidades con varios años de existencia sufren la violencia estatal que busca liberar los territorios para el avance del modelo sojero. Los casos de las comunidades Edilson Mercado, de Canindeyú, y Cristo Rey, de San Pedro, muestran un patrón de actuación por parte de las instituciones estatales que no respetan las normativas vigentes a nivel nacional e internacional y que se presume buscan dejar vía libre para el avance de la sojización.

"El dictamen del Comité reconoce las violaciones de los Derechos Humanos de la Comunidad y obliga al Estado paraguayo a sancionar a los responsables, reparar integralmente a la comunidad y tomar medidas para que estos hechos no vuelvan a afectar a otras comunidades. "