Aumentan las penas judiciales para frenar la lucha por la tierra
Históricamente el campesinado ha sido relegado en su condición de sujeto político y social por parte de quienes manejan el Estado paraguayo. La gran masa campesina ha tenido que utilizar diversas formas de protestas sociales para que sus reclamos y demandas sean escuchadas, en ocasiones escuchadas y olvidadas, en otras, con alguna incidencia dentro de la estructura estatal. En este último caso por lo general se ha dado como logro de la organización y movilización campesina que lleva más de un siglo en el país.
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Como ejemplo hay que recordar que en 1926 se creó el Instituto de Tierras y Colonias para atender la problemática campesina, a partir de las protestas impulsadas por este sector (Morínigo, 2005), así como la habilitación de colonias campesinas post guerra del Chaco o la creación del estatuto agrario, que surgen como aportes para las políticas agrarias dentro del Estado paraguayo. La lucha por la tierra no es algo nuevo en el Paraguay, es la expresión de un conflicto social basado en la desigualdad, en la exclusión y en la violencia contra comunidades campesinas e indígenas. La lucha por la tierra significa también la resistencia, el poder y la organización de las comunidades rurales empobrecidas del Paraguay para incidir sobre las políticas estatales, para diseñar planes productivos y sociales que puedan brindar mejores condiciones de vida a la población paraguaya. La lucha por la tierra no se puede reducir a una “acción belicosa” de “invasión de inmuebles”, como algunos sectores de poder económico con representación parlamentaria lo señalan constantemente, utilizando cargos públicos para defender intereses particulares y desde allí asegurar sus privilegios.
Los datos oficiales de los dos últimos censos agropecuarios en el Paraguay, indican que en 1991 el 1% de los propietarios concentraba 77% de la superficie total de tierras productivas, y en el siguiente censo del 2008 la estructura agraria de concentración de tierras y riquezas permanece inalterable. El 2.6% de la población posee 85% de las tierras, generando así la desigualdad extrema de la tierra.1 La alta concentración de tierras en manos de pocos perpetúa y agudiza los patrones de desigualdad y pobreza en el país (Sepúlveda, 2013). Por lo tanto, proteger y mantener la actual estructura agraria es anular posibilidades de desarrollo social, cultural y económico del país.
Cuando las leyes se convierten exclusivamente en mecanismos punitivos para frenar las luchas campesinas, lo que se busca es que esta estructura de desigualdad siga intacta, seguir beneficiando con riquezas extraordinarias a pocas familias paraguayas vinculadas al agronegocio y a grandes empresas internacionales. Esta situación ocurre a pesar de lo establecido en la Constitución Nacional (art. 114) que sitúa la reforma agraria como uno de los factores fundamentales para lograr el bienestar rural, consistente en la incorporación efectiva de la población campesina al desarrollo económico y social del país (Sepúlveda, 2013). Las propuestas legislativas deberían promover la superación de las problemáticas vinculadas a la tierra y no criminalizarlas.
El 24 de agosto del 2021, senadores del Partido Colorados (el partido que sostuvo la dictadura de Stroessner entre los años 1954 a 1989) y Patria Querida (que también representa los intereses del agronegocio en el país) presentaron el proyecto de ley para modificar un artículo (el 142) del Código Penal. El mismo fue tratado e impulsado con una velocidad institucional pocas veces vista; en menos de un mes ya se contaba con la aprobación en la Cámara de Senadores y el 30 de septiembre, después de pasar por la Cámara de Diputados, es promulgado por la presidencia de la República, elevando las penas a las ocupaciones de tierra a hasta 10 años de cárcel.
La nueva “ley de criminalización” como la bautizaron los movimientos sociales, a diferencia de otras iniciativas legislativas, tuvo una aprobación en tiempo récord, fuerzas políticas conservadoras cerraron filas para hacer posible su promulgación, para dejar en evidencia —una vez más— que la ley es un mero instrumento de garantía para los intereses de un selecto y reducido grupo, muy lejos de los planteamientos aristotélicos de que la ley debe buscar el bien común, por encima del particular. Las voces de las organizaciones sociales no fueron escuchadas, ni sus argumentos tenidos en cuenta, ni siquiera se abrió la posibilidad de una audiencia pública para que el tema sea tratado con sectores claves en la temática.
Foto: Prometeo Lucero
Organizaciones populares integrantes de la Unidad de Acción Social indicaron que la democracia y el estado social de derecho se encuentra en riesgo, indicando que “... como respuesta a grandes desigualdades e injusticia en la distribución de la tierra en Paraguay, la derecha propone cárcel a los pobres sin tierras y a comunidades indígenas que reivindican la reocupación de territorios ancestrales”.2 Fueron categóricos en decir que esta ley es para proteger las tierras mal habidas,3 no la propiedad privada.
Las organizaciones campesinas e indígenas demostraron su desaprobación con movilizaciones en diferentes puntos del país y una importante concentración en la capital, con un aumento de su capacidad de convocatoria, de acción colectiva y uso de los espacios públicos para las protestas. Desde el gobierno se respondió con represión, con un saldo de al menos 9 indígenas heridos, y una campaña mediática de estigmatización sobre los y las manifestantes. A pesar de ello la ONAI (Organización de Aborígenes Independientes) expresó que los pueblos indígenas, cansados de atropellos a sus derechos, cultura y dignidad, seguirán exigiendo justicia: “Por más que vulneren nuestros derechos, nos ignoren, aunque no respeten nuestras autoridades, ni nuestras tierras ni territorios, seguiremos firmes exigiendo nuestros derechos, con la fuerza de los espíritus de nuestros ancestros que fortalecen y guían nuestra permanente búsqueda del buen vivir”.4La modificación del código penal para castigar la lucha por la tierra y, específicamente las ocupaciones de tierra, se da en un año acompañado de mucha violencia en zonas rurales, contra comunidades campesinas e indígenas. Sólo en el 2021 han sido asesinados dos campesinos en el marco del conflicto por la tierra, se han producido desalojos violentos contra asentamientos campesinos, y se han reportado denuncias de amenazas de muertes y ataques a domicilios particulares de dirigentes campesinos. Mientras que en el caso de las comunidades indígenas fue el año de más desalojos, atropellos y amedrentamiento sufrieron, protagonizados por policías y civiles armados, guardias de seguridad o como se los empieza a denominar en los sectores rurales “matones privados”.
Durante 2020 —en el marco de la cuarentena declarada por la pandemia— más de 5 mil personas fueron afectadas por desalojos y represiones en el marco de la lucha por la tierra. Los operativos de desalojos incluyen la movilización de helicópteros, carros hidrantes, ambulancias y gran cantidad de policías, quienes ingresan a las tierras ocupadas por campesinos a destruir y quemar ranchos, cultivos de autoconsumo, ya que, en la mayoría de los casos, las familias campesinas deciden abandonar temporalmente la ocupación ante el despliegue policial y fiscal. Los hechos de violencia contra manifestantes están ligados directamente a desmovilizar, perseguir y reprimir la lucha por el acceso a la tierra.
Esta situación de violencia contra comunidades indígenas y campesinas se podría profundizar, pero lo cierto es que con la nueva “ley de criminalización” se abre un espacio institucional para que el sistema de justicia paraguayo pueda actuar con mayor ímpetu para judicializar las luchas por la tierra. Habilita a que luchadores y luchadoras sociales no solamente se les impute y se les detenga, sino que se les condene con sentencias de seis a diez años de cárcel. Ésta es la salida y la respuesta punitiva que algunos sectores poderosos ofrecen a los problemas sociales anclados en la estructura agraria del Paraguay y el avance del agronegocio. Las leyes pasan a ser una clara expresión de las clases dominantes en resguardo de sus intereses y beneficios particulares.
Sin embargo, las ocupaciones han sido el medio que encontraron varias organizaciones campesinas para hacer efectivo su derecho a la tierra ante la inacción estatal (Krestchmer, Irala y Palau, 2019), conquistar tierra y fundar un asentamiento campesino, es asegurar trabajo familiar, reproducción de la cultura, la producción de alimentos para el mercado interno y el primer paso para seguir avanzando en la soberanía alimentaria.
Bibliografía:
Abel Irala “¿Qué son las ocupaciones y porque molestan tanto a algunos sectores?”. Informe especial núm. 48, BASE IS. Asunción, Paraguay, 2021
Regina Krestchmer, Abel Irala, Marielle Palau, “Ocupaciones de tierra: marcas del conflicto rural (1990-2019)”. BASE IS. Asunción, Paraguay, 2019.
Nicolás Morínigo, “La matriz histórica del problema de la tierra en la sociedad paraguaya”. Revista Novapolis. Edición 10. Asunción, Paraguay, 2005.
Magdalena Sepúlveda, “Pobreza y derechos humanos”. ONU DH 1° edición. Paraguay, 2013.
Notas:
1 El índice de Gini lo expresa en su escala del 0,93, en el que 0 corresponde a la perfecta igualdad y el 1 a la perfecta desigualdad
2 Disponible en https://twitter.com/AsociacionJoaju/
3 Tierras entregadas como dádivas, principalmente durante la dictadura, a no sujetos de reforma agraria
4 Disponible en https://www.facebook.com/photo/?fbid=1246745762463997&set=a.125569621248289 status/1444272921162223623/photo/1