Ecuador

La soberanía alimentaria surgió como paradigma de respuesta y resistencia a la globalización neoliberal sobre la alimentación y la agricultura. Su concepto incluye diversas dimensiones: política, social, ambiental y económica; todas inherentes al debate sobre la alimentación y la agricultura. La soberanía alimentaria es una respuesta a las crisis globales que vienen surgiendo una tras otra en los últimos años. A raíz de la crisis actual por la pandemia de Covid-19, se ha evidenciado en el Ecuador que campesinas y campesinos producen más del 60% de los alimentos que estamos consumiendo, según los datos de la FAO (2020).

"Éstas son reflexiones que pueden ser útiles para nuevos ciclos de lucha que enciendan pequeños e intensos fuegos en la defensa de las fuentes de la vida ante las nuevas amenazas. Este artículo lo escribimos en homenaje a quienes fueron y son luciérnagas en el camino de la defensa de los ríos, la soberanía alimentaria, y la opción por la chakra y la finca en todo el Ecuador".

Luego de cinco años de la audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar los riesgos que enfrentan los pueblos en aislamiento Tagaeri y Taromenane, el 30 se septiembre último, la Comisión elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).  Este tribunal internacional deberá atender una demanda que se centra en la violación sostenida de los derechos humanos de los pueblos que viven en el Yasuní, en la Amazonía del Ecuador, durante los últimos 17 años. Según la Comisión, los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento (PIA) no han sido garantizados por el Estado ecuatoriano a pesar de ser su responsabilidad internacional.

"El gobierno y las empresas mineras utilizan el término “sector estratégico” para introducirse en territorios y comunidades sin la resistencia de otros tiempos, pero también para instalar en el imaginario de la población atemorizada por la pandemia, que la minería es la única salida a la crisis económica que experimenta el país. Lo descrito, demuestra que el término “sector estratégico” asignado a la minería ha servido para manipular la situación de pandemia que afectó severamente a las comunidades, su precaria salud, su imposibilidad de auto-abastecerse, su falta de atención médica".

El doce de marzo de este año, la población ecuatoriana despertó con el anuncio de que se había declarado una emergencia sanitaria para enfrentar la pandemia de Covid-19. Hasta ese momento se reportaban 17 casos positivos en el país. Unos días antes, en cadena nacional, el presidente Moreno anunció sin mayores detalles medidas económicas de ajuste que grosso modo retomaban el tema de los combustibles que había detonado la rebelión popular de octubre. Así comenzó una secuencia de medidas y sucesos de un impacto desmoralizador sin precedentes en la sociedad, tan devastadores como sus efectos económicos. 

"En las dos fotografías, de fondo, hay un aire enrarecido, igual al que vivimos hoy. No sólo por el impacto de la pandemia en cada persona y sus familias, por la pérdida de vidas humanas, por la compleja situación que han vivido las personas que han enfrentado el contagio, sino además por las historias de corrupción que inundan este país y algunas de ellas instaladas en el propio sistema de salud. Todo esto nos enfrenta a una incertidumbre que durará un largo tiempo, pero hoy como ayer hay imágenes arquetípicas que pueden ser movilizadoras e inspiradoras para escribir de otra forma nuestro futuro, como esa mujer indígena de pie ante la adversidad y eso jóvenes estudiantes de medicina que tomados de la mano defienden a otros de la fuerza irracional".

Poblaciones afro y comunidades indígenas enfrentan la expansión de plantaciones de palma aceitera que rodean sus territorios, los invaden o incluso los aíslan entre un extenso paisaje de monocultivo.

En el proceso hacia la construcción y ratificación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante, sobre transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, el Estado ecuatoriano ha desempeñado un papel protagónico; sin embargo, está en deuda con el país, la comunidad internacional y con el planeta. Desde los años 70 los pueblos, las comunidades, los sindicatos, las organizaciones y los movimientos sociales han denunciado las violaciones a los derechos humanos y abusos de poder por parte de las grandes empresas en los territorios.