Ecuador

"La producción de camarón en cautiverio en el Ecuador inició en 1968, en salitrales y pampas salinas cercanas a la población de Santa Rosa, en la provincia de El Oro. Debido a su gran rentabilidad, en pocos años se expandió a los bosques de manglar. En los primeros 15 años se construyeron casi 90.000 hectáreas de granjas camaroneras, y en 1995 casi 180.000 hectáreas estaban en operación".

En una audiencia pública, denunciaron ser víctimas de un “trato discriminatorio sin precedentes”, agravada por la desatención del Estado en medio de la pandemia.

Se aceptó la acción de protección y medidas cautelares a favor de las comunidades de Intag, en la provincia de Imbabura. Su defensa por el agua, la biodiversidad y la vida han sido una lucha por más de 20 años contra el proyecto minero Llurimagua, en Junín, a cargo de la empresa estatal COLDELCO (Chile) en conjunto con la empresa estatal ENAMI (Ecuador), con las cuales se promueve la imposición por la megaminería en la zona.

Admirar, conocer, comprar e intercambiar la riqueza de los pueblos como son las semillas ancestrales fue el objetivo de la “Feria de exposición e intercambio de semillas ancestrales Coya Raymi 2020” que se realizó con la participación de 14 organizaciones de agricultores que representan alrededor del 6.00 familias.

Este jueves 24 de septiembre de 2020, la Jueza Constitucional de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Cotacachi, Carmen Inés Jaramillo Cevallos, concedió la Acción de Protección con Medida Cautelar a favor de los derechos de la naturaleza, en contra de los intereses económicos de las transnacionales y la omisión del Ministerio del Ambiente (MAE) de sus responsabilidades como autoridad ambiental.

El pueblo Shuar Arutam condena a la trasnacional canadiense Solaris Resources por haber manipulado a comunidades nativas, a fin de que se establezca un convenio para la extracción de cobre en la Amazonía. Demandan la pronta salida de la empresa minera dentro de su territorio.

"El 7 de agosto se hizo público el segundo borrador del Tratado Vinculante que regularía las actividades de las corporaciones transnacionales y otras empresas de negocios [...] Ante el creciente poder corporativo, es una necesidad imperiosa contar con un instrumento internacional vinculante que obligue a los estados a someter a las corporaciones a cumplir con la normativa nacional e internacional de derechos humanos e impedir que queden en la impunidad los delitos cometidos por ellas".

En el campo, la salud pública pasó de ser deficiente a desaparecer durante la emergencia. Las mujeres rurales –que ya tenían una gran carga laboral– han cuidado a sus enfermos y de la educación de sus hijos. Pero han donado los productos de sus fincas, mientras que el Gobierno ha sido un gran ausente para ellas. El programa Súper Mujer Rural apenas ha entregado ocho créditos. Las brechas en el campo han sido históricas y la pandemia las acentuará, según expertos.