Ecuador

Poblaciones afro y comunidades indígenas enfrentan la expansión de plantaciones de palma aceitera que rodean sus territorios, los invaden o incluso los aíslan entre un extenso paisaje de monocultivo.

En el proceso hacia la construcción y ratificación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante, sobre transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, el Estado ecuatoriano ha desempeñado un papel protagónico; sin embargo, está en deuda con el país, la comunidad internacional y con el planeta. Desde los años 70 los pueblos, las comunidades, los sindicatos, las organizaciones y los movimientos sociales han denunciado las violaciones a los derechos humanos y abusos de poder por parte de las grandes empresas en los territorios.

"La producción de camarón en cautiverio en el Ecuador inició en 1968, en salitrales y pampas salinas cercanas a la población de Santa Rosa, en la provincia de El Oro. Debido a su gran rentabilidad, en pocos años se expandió a los bosques de manglar. En los primeros 15 años se construyeron casi 90.000 hectáreas de granjas camaroneras, y en 1995 casi 180.000 hectáreas estaban en operación".

En una audiencia pública, denunciaron ser víctimas de un “trato discriminatorio sin precedentes”, agravada por la desatención del Estado en medio de la pandemia.

Se aceptó la acción de protección y medidas cautelares a favor de las comunidades de Intag, en la provincia de Imbabura. Su defensa por el agua, la biodiversidad y la vida han sido una lucha por más de 20 años contra el proyecto minero Llurimagua, en Junín, a cargo de la empresa estatal COLDELCO (Chile) en conjunto con la empresa estatal ENAMI (Ecuador), con las cuales se promueve la imposición por la megaminería en la zona.

Admirar, conocer, comprar e intercambiar la riqueza de los pueblos como son las semillas ancestrales fue el objetivo de la “Feria de exposición e intercambio de semillas ancestrales Coya Raymi 2020” que se realizó con la participación de 14 organizaciones de agricultores que representan alrededor del 6.00 familias.

Este jueves 24 de septiembre de 2020, la Jueza Constitucional de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón Cotacachi, Carmen Inés Jaramillo Cevallos, concedió la Acción de Protección con Medida Cautelar a favor de los derechos de la naturaleza, en contra de los intereses económicos de las transnacionales y la omisión del Ministerio del Ambiente (MAE) de sus responsabilidades como autoridad ambiental.

El pueblo Shuar Arutam condena a la trasnacional canadiense Solaris Resources por haber manipulado a comunidades nativas, a fin de que se establezca un convenio para la extracción de cobre en la Amazonía. Demandan la pronta salida de la empresa minera dentro de su territorio.