Desgracia ambiental en el norte de Esmeraldas
Desde San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas, llegó la noticia desgarradora del derrumbe de una mina en el sector de Los Ajos de Balzar, provocando hasta el momento la pérdida de la vida de 4 mujeres y un niño de 12 años. Esta es una de las desgracias más grandes provocadas por el extractivismo minero en Ecuador.
Estos hechos evidencian la situación de indefensión y de vulneración de derechos de los pobladores de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo de Esmeraldas, ante la falta de medidas por parte del Estado para detener y evitar que la minería, el agronegocio y el extractivismo que han golpeado esos territorios, sigan destruyendo los territorios y la naturaleza. En esta ocasión con la pérdida de vidas humanas.
Ya existen resoluciones judiciales de medidas cautelares emitidas en el 2011 por el Juzgado Multicompetente de San Lorenzo, en respuesta a las denuncias de las comunidades locales amparadas con la Defensoría del Pueblo. La sentencia de las medias cautelares disponía la total paralización de los frentes mineros y la suspensión de nuevas concesiones mineras, sin embargo, autoridades encargadas del control como ARCOM, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de Gobierno omitieron el control eficaz del cumplimiento de la orden del Juez.
A pesar de la sentencia de las medidas cautelares que disponían que no se otorguen nuevos permisos de operación minera, la Empresa Nacional Minera del Ecuador, inició sus operaciones en el 2013, sin haber realizado un proceso de consulta previa a las comunidades afroecuatorianas e indígenas que habitan la zona. La ENAMI habría operado con tecnología muy precaria y aún ahora se observan los efectos de su operación, pues traspasó sus concesiones sin haber realizado el respectivo cierre de mina y remediación ambiental.
Fotografía de archivo: mineria en Esmeraldas. 2018. Nathalia Bonilla/Acción Ecológica
Las medidas cautelares fueron ampliadas en el 2018 con la prohibición de todos los permisos y concesiones de minería legal, adicionalmente el juez ordenó la reparación total y absoluta del daño ambiental causado, Sin embargo, la minería continuó deforestando, contaminado los ríos, afectando la salud de las poblaciones locales a vista y paciencia de las autoridades competentes.
En el 2019, las comunidades afroecuatorianas, indígenas Epera y Chachi, conjuntamente con la Defensoría del Pueblo, la Pastoral Social y Acción Ecológica, plantearon una acción de incumplimiento de las medidas cautelares en la Corte Constitucional. Esta demanda se encuentra en espera de ser tramitada.
También, como muchas veces Acción Ecológica ha denunciado, que estos territorios son víctimas de un racismo ambiental que se cierne sobre las poblaciones afrodescendientes en el Ecuador. Racismo que condena a estas comunidades a vivir en medio de la pobreza, la contaminación, las enfermedades y la muerte.
Desgracias como estas que ocurren ante la indiferencia del Estado, son parte de una larga historia de un territorio que ha sido racializado y discriminado, a donde no llega la educación, ni servicios básicos, donde existen los mayores índices de necesidades básicas insatisfechas y los mayores indicadores de violencia. En estos territorios el extractivismo salvaje es de una sola vía, sale el oro, la madera, la palma, el conocimiento, la biodiversidad y solo permanece una población empobrecida y una naturaleza devastada, con ríos muertos y el bosque convertido en desierto.
Ante esta catástrofe, es necesario cuestionarnos las formas en que la extracción de oro “legal” se articula con todo el sistema del oro ”ilegal”. Es de conocimiento público la existencia de frentes mineros en Esmeraldas, la violencia alrededor de los mismos, los impactos en la salud de las comunidades afros, la contaminación y destrucción de la naturaleza. Le preguntamos al Estado ¿por qué no acató la orden del juez?
El derrumbe de la mina, es un espejo de este sistema despiadado contra la naturaleza y las comunidades, que se cierne en los cuerpos de los más vulnerables, en donde se interseccionan pobreza, etnia, género y lloramos la muerte de mujeres y niños de comunidades afrodescendientes de la tan castigada frontera norte.
Causa sorpresa la devastación del bosque del Chocó, sobre todo cuando se cae en cuenta que es uno de los diez «hot spot» del planeta, debido a su altisimo endemismo, biodiversidad y al grado de amenaza sobre él. Este ecosistema esta habitado historicamente por comunidades afrodescedientes, indígenas Chachis, Eperas y Awás, quienes ha sido los defensores del Chocó, pese al poco apoyo del estado y las presiones que empresas madereras, palmicultoras, y mineras, ejercen sobre este bosque.
Acción Ecológica se solidariza con las familias y las comunidades que han sufrido estas perdidas irremediables y unimos nuestra voz a su voz en una exigencia de justicia.
Fuente: Acción Ecológica