El vertido de petróleo y la triple pandemia que azota la Amazonia ecuatoriana

La noche del siete de abril fue más oscura que otras en el norte de la Amazonia ecuatoriana. De repente, los ríos Napo y Coca se ensombrecieron de petróleo y combustible. Tres tuberías se rompieron, produciendo el peor desastre socioambiental en los últimos 15 años, derramando más de 15.000 galones (casi 57.000 litros) y afectando indirectamente a más de 120.000 personas y de manera directa a 35.000, de las que 27.000 son indígenas kichwas de 105 comunidades distribuidas en dos provincias.

“Compañero, vemos que baja aceite por el cauce del río, ayúdenos a reportar lo que está pasando. Los jóvenes salieron de pesca en la madrugada y al volver se encuentra todo su cuerpo lleno de petróleo, necesitamos ayuda urgente”. Este fue uno de los primeros testimonios de Olger Gallo, presidente de la comunidad kichwa de Panduyaku, en la provincia de Sucumbíos, la primera persona con la que establecí contacto una vez sucedido el vertido.

De hecho, ni el propio Estado ecuatoriano reconocía el incidente y tardó varias horas en oficializar lo que estaba pasando. Pero nosotros, a través de los medios de comunicación comunitarios, conocíamos ya en detalle lo ocurrido por los testimonios que iban brindando los comuneros, lo que facilitaba la difusión del suceso y su rápido posicionamiento entre los medios de comunicación nacional, a través de nuestras plataformas digitales.

Un desastre que se pudo prevenir

Meses atrás, distintas organizaciones de derechos humanos habían advertido al Estado ecuatoriano sobre la amenaza existente en la zona debido a un socavón producido en la cascada de San Rafael, cuenca alta del río Coca, episodio que no recibió la debida atención del Gobierno. Así, el derrame se produjo por las omisiones de las operadoras de los oleoductos SOTE y OCP, quienes no cumplieron con el principio de precaución ante la acelerada erosión regresiva producida a partir del colapso de la cascada, ocurrido el 2 de febrero de 2020.

El proceso de erosión regresiva había sido advertido por expertos, en múltiples ocasiones, durante la construcción de la represa hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. “Siempre hemos venido diciendo al Estado ecuatoriano que nos podía traer estos problemas, pero el Gobierno nunca nos escucha y ahora aquí están las consecuencias, ahora que nos diga el señor presidente quién va a responder por lo ocurrido, más aún cuando estamos viviendo esta pandemia”, alertó el mismo Olger Gallo, que veía con frustración cómo este nuevo desastre ocurría y afectaba su propia comunidad.

El vertido afectó a más de 2.000 familias indígenas de los ríos Coca y Napo, contaminando su fuente de subsistencia y su vida cultural y espiritual. Las comunidades indígenas no fueron alertadas del derrame. Salieron a pescar e hicieron uso del agua del río y ahora enfrentan los impactos, afecciones en la piel, problemas estomacales, y niñas y niños de 60 comunidades que presentan problemas cutáneos. “Las manchas de petróleo son para toda la vida. Exigimos que el Estado repare los daños causados por su falta de atención. Ahora, quienes pagamos los platos rotos somos los comuneros. ¡No más impunidad ni injusticia!”, dijo Carlos Jipa, líder comunitario y presidente de la Federación de Comunas Unidas de la Amazonia Ecuatoriana FCUNAE.

Él fue quien, ante el suceso del 7 de abril, me contactó para solicitar que se diera la mayor difusión posible de este desastre, así como respaldo en términos legales y organizativos. Su organización había decidido presentar una demanda de acción de protección contra el Estado ecuatoriano para exigir el debido remedio ambiental, así como la reparación de los derechos colectivos y de la naturaleza vulnerados por lo que ha acabado siendo el segundo derrame más grande de la historia en Ecuador.

Las comunas kichwas de Orellana demandan al Estado

Así, el 29 de abril de 2020, decidimos presentar, junto a diversos afectados y las comunas kichwas de Orellana, una demanda de acción de protección ante las afectaciones sufridas por las comunidades. Se incluía una petición concreta de medidas cautelares para detener los daños que ya se habían producido en relación con derechos como el acceso al agua, la alimentación, la salud física y emocional, la integridad, la vida digna, el medio ambiente sano y los derechos de la naturaleza, entre otros.

“Estamos aquí para exigir justicia, porque ya estamos cansados de que nuestros derechos sean vulnerados cada vez que hay derrames que afectan a nuestras comunas. Pero nunca el Estado ha asumido su responsabilidad, y por eso hoy día hemos venido a presentar esta demanda al Gobierno para que de una vez por todas asuma las consecuencias de su falta de acción y atención a los pedidos de las comunidades”. Estas fueron las palabras de la demanda jurídica basada en el relato brindado por Carlos Jipa, acompañando de una serie de testimonios de decenas de comuneros que, ante la gravedad del derrame, decidieron romper el silencio y levantar su voz.

“Hemos venido a reclamar nuestros derechos, ya basta de tanta impunidad, señores de PetroEcuador y OCP. Señores del gobierno, escuchen el clamor de nuestras comunidades. Como presidenta de la comunidad Toyuca, les digo claramente que en ningún momento ha habido reparación ambiental ante los daños ocasionados por el derrame, mucho menos atención oportuna a nuestras familias, mujeres y niños. Estamos en la total desatención y ustedes vienen aquí a querer manipularnos con una lata de sardinas, con una funda de fideos, cuando nosotros hemos vivido milenariamente con la fuente de alimentación que nos da el río. Pero ahora, no podemos ni cosechar yuca y plátano de nuestras chacras, porque hasta el suelo está contaminado con petróleo”, dice Verónica Grefa, joven líder comunitaria de la comuna kichwa de Toyuca, una de las afectadas por el desastre. Durante el desarrollo de las audiencias y el proceso legal iniciado por las comunidades, el Estado y las empresas pretendieron generar división entre la población para limpiar su imagen.

Una triple pandemia

Todas estas afectaciones se produjeron en el contexto de la crisis de la covid-19. En realidad, estamos hablando de una triple pandemia derivada de la emergencia sanitaria, el extractivismo y sus secuelas, y la marginación histórica de la región amazónica por parte de los gobiernos de turno.

“Imagínese, compañero. Estamos en plena emergencia por el nuevo coronavirus, confinados en nuestra comunidad, como dijo el Gobierno: ‘Quédate en casa’. Pero ahora, con el derrame, de qué nos vamos a alimentar si nuestras huertas también se vieron contaminadas, si no podemos ir a pescar. Entonces, nos ha tocado buscar alimentación en los poblados cercanos, arriesgándonos al contagio”, me dijo Olger la mañana del 7 de abril, tras el desastre.

Esto evidencia la desatención a la que cientos de familias han estado expuestas durante la fase más crítica de la pandemia, entre los meses de abril y octubre, pero además revela un síntoma histórico de marginación que se acentúa principalmente en la selva amazónica, paradójicamente el rincón del Ecuador de donde se extrae la riqueza que sostiene la economía del país, con un proceso de explotación petrolera de más de 40 años en el nororiente amazónico que aún deja este tipo de secuelas, como la presentada con el segundo vertido más grande de la historia en las selvas tropicales del Ecuador.

Las comunidades se encuentran desde hace muchos meses sin agua ni alimentos seguros, con su salud afectada por la contaminación, por la pandemia, por el brote de dengue y por las insuficientes acciones de los responsables: Estado y empresas OCP y Petroecuador. Las comunidades afectadas por el derrame del 7 de abril, están en riesgo inminente de que ocurran nuevas catástrofes también previsibles, ya que el proceso de erosión regresiva se ha acelerado y ya ha producido nuevos deslizamientos. Y no cuentan con un plan sostenido de atención, ni un plan de alertas tempranas.

Movilización

Pese a toda esta injusticia, las comunidades no van a parar en su búsqueda de la verdad y justicia. Aunque el 1 de septiembre, la justicia ecuatoriana rechazó la petición de acción de protección por “improcedente”, el 15 de octubre las comunas kichwas presentaron el recurso de apelación ante la sentencia injusta y absurda del Consejo de la Judicatura de la provincia de Orellana.

Acompañaron el recurso con la entrega de 15.000 firmas en respaldo al proceso en calidad de amicus curiae (presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión), incluyendo a ecuatorianos y a personas de todo el mundo. Esto se llevó a cabo junto a decenas de movilizaciones protagonizadas por las comunas para que su voz se escuche, no solo en Orellana, sino en el país y en el mundo entero. Y lo están logrando.

“Urge presionar por una audiencia justa y transparente donde se escuche la voz de los perjudicados, la justicia debe dar la cara ante los 27.000 kichwas afectados. El mundo está pendiente de la causa del #SOSDerrameAmazonía. Celebridades nacionales e internacionales, como Leonardo Di Caprio llamaron la atención al Estado y a los jueces para que se haga justicia y se llame a una audiencia que escuche a los damnificados”, afirman Carlos y Verónica, junto a dirigentes indígenas y abogados defensores de los derechos humanos.

Han pasado 11 meses, pero 120.000 personas, entre ellas 27.000 indígenas, siguen enfrentando la pandemia sin agua ni alimento seguro. Los ríos, sus sembríos e incluso sus propios cuerpos, fueron afectados horriblemente. Muchos nos sumamos a la lucha de los kichwas amazónicos por la justicia y reparación integral, y le pedimos al nuevo Tribunal que rompa con el ciclo histórico de impunidad.

Los jueces tienen en sus manos la oportunidad de actuar con justicia y devolver a las víctimas sus medios de vida, exigiendo al Estado y a las empresas responsables una reparación integral. La vulneración de los derechos de las comunidades y de la naturaleza por parte de las petroleras sin escrúpulos no puede permanecer impune.

Fuente: El País