Ecuador

La decisión del presidente Lasso de negociar un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos en la práctica se ha convertido en la imposición -por inconsultas y acordadas a espaldas de la población- de medidas que otorgan enormes garantías jurídicas y económicas a las grandes empresas, mientras se subordinan los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.

El Decreto Ejecutivo 151, emitido el 5 de agosto de 2021, constituye la hoja de ruta para la implementación del Plan de Acción para el sector minero en los próximos cien días. El Plan tiene financiamiento con un crédito del BID de USD 78,4 millones, que incrementa la deuda pública externa, y su objetivo es fortalecer las capacidades de la política pública minera para generar un ambiente de negocios propicio a la inversión.

Desde 2017, las comunidades afroecuatorianas de Barranquilla de San Javier, en el Cantón San Lorenzo, de la Provincia de Esmeraldas obtuvieron el reconocimiento de su territorio comunal; sin embargo la empresa palmicultora Energy & Palmas se instaló en el mismo territorio, con procedimientos que las comunidades alegan no fueron transparentes. 

La Corte Interamericana ordenó al Estado ecuatoriano el retiro de 1400 kilos de explosivos mediante sentencia en 2012, pero hasta el momento permanecen distribuidos en siete hectáreas del territorio del pueblo kichwa Sarayaku.

El 7 de julio del 2021, el presidente de la república Guillermo Lasso expidió mediante el Decreto Ejecutivo No. 95 la Política de Hidrocarburos para los próximos 100 días contados a partir de la expedición de este.

El coordinador de la Mancomunidad del Chocó Andino, Inti Arcos, dijo que las comunidades están en su 196 día de “resistencia”, e “impiden el paso de los mineros que quieren entrar a la fuerza”.

Los planes de la Lunding Gold y Conservation Internacional 

Hace pocos días, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, suscribió el Convenio de Cooperación con Aurelian Ecuador S.S. (subsidiaria de Lunding Gold), Conservación Internacional Ecuador y el Fondo de Inversión Ambiental Sostenible, con el objetivo de efectivizar un pago de 33.000 dólares anuales por tres años consecutivos, por “compensación por pérdida de biodiversidad” a ser ejecutado en el Refugio de Vida Silvestre El Zarza que se encuentra cerca de la zona de influencia del proyecto minero Fruta del Norte (1).

Los defensores indígenas y de la Tierra en Ecuador sufren violaciones sistemáticas a sus derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, la policía nacional y funcionarios del estado de Ecuador. Así lo documenta un nuevo informe que examina 22 casos que involucran a 449 defensores individuales elaborado por la Alianza de Derechos Humanos en Ecuador, en la que participan dieciocho organizaciones.