¿Transición ecológica? una argucia más
Entre los ejes del Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 está el Eje de Transición Ecológica, que incorpora políticas relativas al sector eléctrico, de hidrocarburos, minería y sus consideraciones relacionadas con la conservación de ecosistemas, cambio climático y prácticas ambientales. Para el Gobierno, la transición ecológica se enmarca en propuestas liberales como el desarrollo sostenible o las libertades individuales. El Plan, además, parte de una nueva territorialidad que no toma en cuenta que somos un país plurinacional, con territorios ancestrales de pueblos y nacionalidades, y tierras comunitarias.
ACCIÓN ECOLÓGICA OPINA
SERIE | Plan de Creación de Oportunidades
Las oportunidades a las que se refiere este capítulo del Plan [i] están acompañadas de términos como “ecológico”, “protección”, “reparación”, que van junto a conceptos de la economía como “mercado”, “eficiencia”, “modelos circulares”. En la práctica esto denota que se apunta a desarrollar proyectos de servicios ambientales a gran escala, aludidos como gestión eficiente de los recursos naturales, conservación o restauración. De igual forma, al decir que se va a ordenar el manejo y uso sostenible de la biodiversidad marino-costera como oportunidad económica, se puede estar considerando la emisión de certificados de conservación por pérdida de biodiversidad en otros lugares.
Otras cosas muy preocupantes se mencionan en los lineamientos territoriales de este Eje que hablan de regulación de “los asentamientos humanos en las zonas de planificación diferenciada” (Pol 11.1 – E3), lo que puede implicar desplazamientos de población local, para el desarrollo de proyectos extractivos, por ejemplo.
También en la Política 11.2 del Plan se habla de regular la exploración y explotación de “recursos naturales no renovables” para “minimizar” los impactos sociales y ambientales. No dice prohibir o sancionar, sino “regular”. Sabemos que generalmente las regulaciones ya existentes no se cumplen y que la incorporación de mecanismos de compensación de daños en las políticas públicas (COA. Art. 260) puede permitir que las empresas paguen para seguir contaminando. En el mismo acápite se mencionan los planes de incrementar la cobertura vegetal, es decir plantaciones forestales sin tomar en cuenta los graves impactos que estas ocasionan al ambiente, pero que seguramente serán utilizadas como “sumideros” para la venta de compensaciones de CO2.
Llama la atención que en las metas al 2025 está el “Incrementar de 1.496 a 2.067 fuentes de contaminación hidrocarburífera” remediadas y avaladas. Es decir que se reconoce la gravedad de la contaminación petrolera, pero ésta no se va a detener, sino que va a aumentar para luego ser remediada, lo cual resulta infructuoso pues nunca es posible volver al estado anterior. Debiera decir disminuir las fuentes de contaminación hidrocarburífera, a secas.
Entre las metas del Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025 (Meta 11.3.1) se establece una de reducción de emisiones de algo más de 1 millón de toneladas de Gases de Efecto Invernadero en 4 años, o sea 250.000 toneladas al año. Esto es irrisorio, aún para un país como el Ecuador que emite 33 millones de toneladas de CO2 al año. Políticas serias serían, por ejemplo, respetar la orden de la Corte de Sucumbíos de apagar los 447 mecheros que existen en la Amazonía ecuatoriana, porque así se evitarían millones de emisiones de CO2.
Una propuesta recurrente en el Plan en cuanto a “mitigación” del cambio climático es la economía circular (Pol. 12.2) que ha sido fuertemente criticada por ser imposible desde el punto de vista productivo y ecológico y que sirve básicamente para lavar la imagen de las empresas y disimular para seguir produciendo y contaminando sin parar [ii].
En relación con el agua el Plan es tremendo. Plantea el incremento de generación eléctrica en 100%, promover bajo mecanismos de mercado el uso del agua, exhibiendo la “rivalidad” entre el sector productivo, la generación eléctrica y el consumo humano. En ningún caso el Plan habla de los principios constitucionales referidos a la prelación del agua que privilegia el cuidado de la vida (consumo humano, soberanía alimentaria y caudal ecológico) frente a actividades industriales o la hidroenergía.
Preocupa mucho que las Metas que tienen que ver con el agua dicen que se incrementará tanto “el territorio nacional bajo protección hídrica de 18.152,13 a 284 .000 hectáreas”, como “las autorizaciones para uso y aprovechamiento del recurso hídrico, de 500 a 12.000”, a más de la “superficie potencial de riego y drenaje de 1.458,46 a 11.461 hectáreas”. Habría que preguntarse si todo esto va a significar un proceso agresivo de privatización de los páramos y acaparamiento de fuentes de agua como mecanismo para la entrega de abundante agua a la minería, a la agroindustria, a la hidroenergía o para la emisión de certificados de compensación por contaminar o acabar con el agua. ¿Por qué no habla de fortalecer a las más de 4.500 juntas y sistemas comunitarios de agua que la cuidan y defienden?
Sería de ingenuos pensar que sólo el uso de un lenguaje “ecológico” va a garantizar una transición ecológica. Por el contrario, usarlo con la pretensión de mantener la misma lógica extractivista, implica acelerar la capacidad devastadora del capitalismo verde.
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Referencias:
[i] Secretaría Nacional de Planificación. Plan de Creación de Oportunidades 2021-2025. Quito. https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/2021/09/Plan-de-Creacio%CC%81n-de-Oportunidades-2021-2025-Aprobado.pdf
[ii] Ver: Acción Ecológica Opina. Serie: ¡Y dale con la economía verde! – No. 1: La fábula de la economía circular. Junio de 2021. https://www.accionecologica.org/no-1-la-fabula-de-la-economia-circular/
Fuente: Acción Ecológica