Colombia

Un total de 66 empresas, en todo el país, multinacionales, agroindustriales, mineras y bancos, fueron condenadas a: restituir la tierra, suspender títulos mineros y anular las hipotecas bancarias. 

El municipio de Planadas está ubicado en el sur del departamento del Tolima. Allá surgieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La visión construida en esta región puso en el centro de las prioridades, la vida y la cultura del campesinado y sus derechos como sujeto político.

La iniciativa, que le apostaba a librar a los departamentos amazónicos de la exploración y la explotación de hidrocarburos, se enfrentó a la negativa de líderes del Centro Democrático, quienes lograron hundirla en sesión plenaria de la Cámara.

La comunidad de Cabrera, en Cundinamarca, declarada como zona de reserva campesina por el Estado, logró combatir la inequitativa distribución de la tierra, el atraso productivo de las economías campesinas y rurales y la exclusión política, dándole representación a la voz campesina.

Fuertes reparos al Decreto 523 del pasado 27 de abril de 2020, por medio del cual modifica parcial y transitoriamente el arancel para la importación de materias primas como maíz amarillo duro, sorgo, soya y torta de soya, hizo el director de la Corporación Grupo Semillas, el ingeniero Germán Vélez, por considerar que golpea de manera fuerte a los productores nacionales.

Con la inmersión distópica a la que fuimos empujadas, una circunstancia nos representa una preocupación particular: el cambio de una normalidad indeseada por otra más violenta, más controladora de la vida y que pretende separarnos aún más de la naturaleza.

La voraz deforestación en Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, no se detiene. Ni siquiera en medio de la pandemia y las medidas de confinamiento para contener la propagación del coronavirus. Por el contrario, los ambientalistas alertan de que las mafias y los acaparadores de tierras no se han sometido a la cuarentena decretada por el Gobierno de Iván Duque, y aprovechan que todos los focos están sobre la emergencia sanitaria para quemar la selva sin freno ni restricciones.

Organizaciones sociales pedimos al Consejo de Estado dejar sin efectos el decreto que elimina el arancel a la importación de maíz, soya y sorgo. El Decreto 523 de 2020, es una medida regresiva que acaba con la producción nacional de alimentos y profundiza la crisis alimentaria de las comunidades rurales.