Boletín II - Alianza por la Agrobiodiversidad
Colombia sigue afrontando las consecuencias de la pandemia en medio de una crisis política sin precedentes. El gobierno nacional avanza en sus políticas que vulneran los derechos fundamentales de la ciudadanía, vulnerando el bienestar y la vida misma de las comunidades rurales y populares del país. En lo corrido del año se ha profundizado la violencia por el control de territorios estratégicos, registrándose más de 61 masacres en Colombia, que en su mayoría siguen en la impunidad.
Nuestro contexto
Aprovechando la situación de emergencia generada por el Covid-19, el gobierno de Iván Duque ha expedido una serie de medidas regresivas en materia social, económica y ambiental que permiten el despojo y control corporativo de los bienes comunes, los cuales atentan directamente contra los territorios y los medios de sustento, especialmente de las poblaciones étnicas y campesinas del país.
La acumulación de todas las crisis, el desgobierno y los abusos de poder, ha despertado nuevamente la movilización social generalizada. Nos solidarizamos con las familias víctimas de la brutalidad policial de los últimos días en la ciudad de Bogotá y acompañamos el nuevo llamado a movilización nacional el pasado 21 de septiembre.
Los pueblos indígenas siguen demostrando organización y tenacidad para reivindicar sus luchas históricas contra los símbolos coloniales y la explotación de sus territorios.
A pesar de la adversidad, los movimientos sociales en Colombia están recuperando espacios de lucha política que por motivo de la pandemia estaban pausadas. Los escenarios de discusión política como el Congreso de la República han iniciado legislatura, y permitirá que las organizaciones sociales busquen avanzar en las reivindicaciones políticas y legislativas que nos hemos propuesto como Alianza.
El pasado 6 de agosto, el gobierno nacional expidió la Ley 2046 de 2020, a través de la cual se establecen mecanismos para promover la participación de la Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC) en los mercados de compras públicas de alimentos. Esta ley define por primera vez la Agroecología dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Este hecho representa un avance y también un desafío enorme para garantizar la participación efectiva de las comunidades rurales en las instancias que articulan la política de compras públicas locales de alimentos, y así poder avanzar en la incorporación de la agroecología desde las instituciones, aunque el camino para que se haga efectiva esta política es largo y complejo.
La Alianza por la Agrobiodiversidad, conformada en el 2017, nace del interés de diversos sectores sociales, ONG de cooperación internacional y nacional, academia, redes, plataformas y organizaciones campesinas y étnicas, por conformar una articulación para el intercambio, la incidencia y el diálogo político por la salvaguarda de la agrobiodiversidad, la soberanía alimentaria y el derecho humano a la alimentación adecuada.
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Fuente: Alianza por la Agrobiodiversidad