Colombia

Fuertes reparos al Decreto 523 del pasado 27 de abril de 2020, por medio del cual modifica parcial y transitoriamente el arancel para la importación de materias primas como maíz amarillo duro, sorgo, soya y torta de soya, hizo el director de la Corporación Grupo Semillas, el ingeniero Germán Vélez, por considerar que golpea de manera fuerte a los productores nacionales.

Con la inmersión distópica a la que fuimos empujadas, una circunstancia nos representa una preocupación particular: el cambio de una normalidad indeseada por otra más violenta, más controladora de la vida y que pretende separarnos aún más de la naturaleza.

La voraz deforestación en Colombia, uno de los países más biodiversos del mundo, no se detiene. Ni siquiera en medio de la pandemia y las medidas de confinamiento para contener la propagación del coronavirus. Por el contrario, los ambientalistas alertan de que las mafias y los acaparadores de tierras no se han sometido a la cuarentena decretada por el Gobierno de Iván Duque, y aprovechan que todos los focos están sobre la emergencia sanitaria para quemar la selva sin freno ni restricciones.

Organizaciones sociales pedimos al Consejo de Estado dejar sin efectos el decreto que elimina el arancel a la importación de maíz, soya y sorgo. El Decreto 523 de 2020, es una medida regresiva que acaba con la producción nacional de alimentos y profundiza la crisis alimentaria de las comunidades rurales.

“La verdadera autonomía está en la comida, ahí está el Buen Vivir”, explica Delio, del área de educación de la Asociación de Cabildos Juan Tama, en el sur de Colombia, en el marco del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Desde que la organización decidió enfrentar la pandemia con la Minga Hacia Adentro, los cultivos y el trueque ganaron centralidad en sus vidas.

En los últimos tres meses de 2019, la deforestación en Colombia se concentró en un 84.9% en la Amazonia, de acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

En respuesta al aumento de la vulnerabilidad de los defensores de los derechos humanos en el contexto de la pandemia del COVID-19, una gran variedad de organizaciones de la sociedad civil exhortaron hoy a los gobiernos de Honduras y Colombia a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar los derechos humanos de los defensores, líderes sociales y comunidades étnicas en esos países.

Un recorrido por el municipio de Puerto Asís, en el Bajo Putumayo de Colombia, revela el drama diario que afrontan sus pobladores. Amenazas de muerte que se convierten en realidad y comunidades sin agua por causa de la contaminación.