Silvia Rodríguez Cervantes

Nos dice doña Amparo, que el objeto de los cambios en la Ley de Biodiversidad incluidos en el último proyecto de la agenda de implementación del TLC con Estados Unidos, fue para "hacer compatible dicha ley, con los compromisos del país en la OMC, en materia de propiedad intelectual y por tanto del TLC".

Los campesinos ya no sólo se deberán preocupar por las condiciones del tiempo: que llueva o no llueva suficiente para una buena cosecha; o que no caigan plagas; o que estén buenos los precios o para sus productos; o que les otorguen créditos fáciles, etc. Ahora deberán añadir una preocupación más…. y bien grande. Antes de sembrar, guardar, intercambiar con otros agricultores y mejorar sus semillas deberán preguntarse seriamente: ¿es mi semilla ilegal?. ¿No estaré cometiendo un delito?

Entrevista a Silvia Rodríguez Cervantes, integrante de la Red por la Biodiversidad de Costa Rica y activa participante del movimiento social que impulsó el Referéndum contra el TLC durante el año 2007 y que en estos momentos se encuentra trabajando por la realización de un Referendum para que se consulte a la ciudadanía sobre la aprobación de UPOV frente al intento de aprobar una Ley que lo acepte en el Congreso costarricense.

"Hay una acometida a favor de dicha privatización ya sea con la creación de oficinas especializadas para la transferencia de la tecnología y la innovación; con la presencia constante de comentarios a favor en los programas de difusión de las mismas universidades; con talleres promovidos por algunos de sus departamentos en colaboración con organismos internacionales e incluso con la elaboración de políticas y reglamentos relacionados con la llamada “protección y fomento” de la propiedad intelectual. Toda esta acometida carece de un análisis crítico y un debate amplio de todas las escuelas y centros de las universidades, indispensables antes de tomar decisiones sobre un tema de primera importancia para su presente y futuro."

Para las semilleras, derechos de propiedad intelectual consolidados; acceso rápido y gratuito; derechos sí, obligaciones por verse: semilleras como Monsanto, Syngenta, Dupont o Bayer tendrán un acceso facilitado (rápido y sólo con los costos mínimos correspondientes) a las variedades de mayor consumo alimenticio mundial guardadas en colecciones públicas y en los centros de investigación del Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Internacional (GCIAI) a las que han contribuido los agricultores de todos los tiempos especialmente de los países del mundo

En 1994 y 1995 entraron en vigor dos tratados multilaterales. El Convenio de Diversidad Biológica (CDB), de corte socio-económico-ambiental, y el acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) administrado por la OMC. En el caso de Costa Rica ambos tienen el mismo rango constitucional superior a las leyes nacionales. A pesar de su equiparación legal, los objetivos del CDB -el uso sustentable de los recursos y elementos de la biodiversidad y la correspondiente distribución justa y equitativa de los beneficios- han ido cediendo el paso a las exigencias del comercio internacional que en los últimos años se están expresando en una avalancha de tratados de inversión y de libre comercio bilaterales

El caso del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica-República Dominicana. Es evidente que los tratados comerciales subordinan las cláusulas sociales y ecológicamente más progresivas de los acuerdos ambientales cuando existe la más remota posibilidad de incidir en los objetivos de ganancia de los inversionistas y los prestadores de servicios entre los que inesperadamente incluyen a los bioprospectores. Es igualmente claro que, para lograr sus objetivos, países como Estados Unidos están siguiendo estrategias de trabajo en frentes múltiples y simultáneos

El compromiso adquirido por el país en materia de propiedad intelectual dentro del TLC-EUCA corresponde a un “mínimo” que no puede dar marcha atrás. Esto significa que, la esperanza de algunos por seguir luchando dentro de acuerdos internacionales como los ADPIC, el CDB, el Tratado de las Semillas de la FAO o el Régimen Internacional de Acceso a los Recursos Genéticos para que se den reinterpretaciones que modifiquen a nuestro favor las obligaciones adquiridas en materia de propiedad intelectual sobre los seres vivos, está totalmente perdida