Silvia Rodríguez Cervantes

Hace 25 años, en septiembre de 1994, nació la revista. En ese entonces se llamó Biodiversidad, Cultivos y Culturas bajo la iniciativa de GRAIN (Barcelona) y de Redes-Amigos de la Tierra (Uruguay). En su primera página formulaban una invitación a los lectores señalando que “por la magnitud de las fuerzas económicas y políticas que hoy sustentan la industria biotecnológica, sólo pueden ser contenidas y desmontadas a través de una colaboración amplia y multifacética”. 

El tercer objetivo del Convenio de Diversidad Biológica (CDB), decían quienes lo redactaron, afirmaba buscar una supuesta distribución justa y equitativa derivada del uso de los recursos de la biodiversidad (DEB). Su implementación requería ser trabajada de manera específica, se insistía.

"En este artículo pongo al día el asunto del control de las semillas por medios legales, dando primero un breve panorama de las leyes de este tipo en el mundo para luego actualizar el estado de la cuestión en Costa Rica en lo que se refiere específicamente a la certificación como requisito para la venta. Hago también referencia al esfuerzo conjunto de los sectores campesino y ecologista para lograr que las semillas locales y criollas queden, entre otras cosas, fuera de dichas exigencias."

En este libro se esbozan los antecedentes históricos de la erosión genética por los monocultivos y otras actividades depredadoras promovidas por las empresas transnacionales; las respuestas ante este problema y el análisis de diversos tratados internacionales, que fomenten la expansión agresiva de tales corporaciones.

Nadie pone en duda la importancia del trabajo científico que ha realizado el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio) desde su fundación en octubre de 1989; pero su tipo de constitución (resumido en esta declaración de 1991: “....nosotros no somos ni privados ni del gobierno.. [sino] una combinación del Estado y del mundo privado”),1 se convirtió en su talón de Aquiles. No se puede servir a dos amos, dice la sentencia bíblica y, ante tal disyuntiva, el INBio atendió más las exigencias políticas y económicas de quienes le aportaban fondos para establecerse como asociación civil y no como un ente estatal (un verdadero instituto nacional), a pesar de que las muestras para su inventario y para la bioprospección provinieran de áreas silvestres protegidas nacionales en su mayoría.

"A poco más de dos décadas de la entrada en vigencia del acta de la UPOV-91, de los ADPIC, del CBD y del nacimiento de Biodiversidad, sustento y culturas, estamos ante una renovada expansión de los derechos de propiedad intelectual. Frente a ellos, no podemos cerrar los ojos sino por el contrario continuar en la lucha junto con los pueblos y movimientos sociales, recogiendo sus percepciones de la realidad, compartiendo nuestros hallazgos, analizando con ellos y ellas los cantos de sirenas que nos presentan las corporaciones y gobiernos que las acuerpan, y planeando nuevas respuestas."

El “Protocolo de Nagoya (PN) al Convenio de Diversidad Biológica (CDB), sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa y Equitativa en los Beneficios que se deriven de su Utilización”, está siendo revisado en varios países para acordar o no su ratificación. La Asamblea Legislativa de Costa Rica solicitó la opinión a diversas organizaciones e instituciones, entre ellas la RCB. Aquí compartimos algunas ideas generales que nos sirvieron de telón de fondo para formar nuestro criterio y plantear su no ratificación.

Entre los objetivos de esta I Asamblea Continental destacan la profundización de la formación socio-política de dirigentes y militantes campesinos, con plena inclusión de las mujeres y jóvenes, la política de alianzas, la actualización del plan de trabajo, fomentar el internacionalismo y recuperar la mística al interior de la CLOC-VC.